Previo a la discusión del proyecto de reforma a la salud, los sectores académicos, usuarios y trabajadores del sistema, así como exministros de la cartera y empresarios de todo el país solicitaron que se convoque a una “gran mesa nacional” que posibilitara un debate amplio entre todos los involucrados en el debate. Lo cierto es que el mensaje tuvo resonancia.



Los representantes del Centro Democrático, Andrés Forero, y de Cambio Radical, Betsy Pérez, presentaron una proposición de sesión informal al inicio del debate para escuchar a los diferentes actores del sector salud previo a la discusión del resto del articulado consignado en el proyecto de ley. Dicha petición fue aprobada por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.



El primero en intervenir fue el exministro de Salud, Fernando Ruiz, quien reiteró su petición de que el proyecto sea retirado al argumentar que generaría un &#8220;desacople&#8221; frente a los derechos a la seguridad social y el derecho humano a la salud, transformando el sistema en un esquema puramente prestacional sin ninguna consideración con la protección financiera y de riesgos. Asimismo, aseguró que el modelo de atención esbozado en el texto es &#8220;mucho más fragmentado&#8221; que el actual en materia de prevención, rompiendo la estructura entre todos los niveles del panorama.



&#8220;Esta es una reforma inviable basado en condiciones inexistentes bajo un supuesto falso: que los recursos existentes son suficientes y pueden ser redistribuidos. Este proyecto no tiene un estudio serio financiero y una cantidad de inversiones no sustentadas, y es que en ninguna parte se plantea cuál van a ser el capital para gastar. Este es un proyecto regresivo para el ciudadano y nos va a transformar en dolientes de un sistema donde no hay libertad de elección&#8221;, añadió.



Por su parte, el exministro de Salud y Educación, Alejandro Gaviria, que se pronunció de manera remota, dijo que el texto de la reforma empieza a ser percibido como una &#8220;imposición caprichosa&#8221; sin legitimidad, lo que va a hacer difícil que se logren acuerdos para construir un sistema más meritocrático y que, por ende, lleve a que el talento humano abandone el país.



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Ruiz también llamó la atención sobre la eliminación del aseguramiento individual, aspecto que priva la posibilidad de tener un agente que vele por ellos. Con esto en mente, se pierde cualquier visión de protección financiera y se elimina el sujeto pasivo del derecho, lo cual provocaría que, cuando haya falta de atención, terminen sin tener a quién tutelar. De ahí que el proyecto corra el riesgo de ser inconstitucional.



Por otro lado, la médica especialista Clemencia Mayorga llamó la atención sobre el déficit del sector salud, que llegaría a $7 billones para este año sin hacer reforma, por lo que se deben tener claros los mecanismos de financiación y que los recursos que el Gobierno ha citado para sacar el proyecto adelante, que oscilan entre $4 billones y $7 billones, realmente existan.



La exviceministra de Protección Social, Diana Cárdenas, complementó esta idea argumentando que la tendencia del gasto en los últimos años evidenció un promedio de 0,1% del PIB, reflejando un crecimiento de $4 billones en la apropiación anual que el Gobierno debe incrementar dentro de su participación en el sistema. 



&#8220;La protección financiera ha dependido de que estamos usando referentes que garantizan que cada ciudadano tenga acceso a un servicio integral mediante el valor de la UPC. Con esta reforma, el déficit sería de 4,7% del PIB que no está previsto dentro del marco fiscal, poniendo en riesgo al sistema&#8221;, añadió.



Con respecto al gasto en salud, Cárdenas resaltó que un 85% del mismo va en aseguramiento y atenciones de pacientes, definido de acuerdo a la unidad de pago por captación (UPC) que se reconoce por cada colombiano. A su vez, un 20% del gasto en diferentes prestadores de servicio se centra en atención en puerta de entrada, segmento que abarca médicos generales y temas de prevención. 



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Con respecto a la regionalización de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y la territorialización de las gestoras de salud y vida, preocupa que no hay garantías de que esos dineros se puedan ajustar de acuerdo a las diferentes poblaciones del país y la escasa capacidad de la entidad para &#8220;comprar&#8221;, según Cárdenas. A juicio de Mayorga, esto puede limitar la capacidad de generar equidad de los recursos de acuerdo a las necesidades de cada departamento.



Por como están configuradas en el proyecto, las gestoras de salud y vida no van a tener incentivos para ejercer contro de gasto frente a como lo hacen las EPS, según explicó el consultor en sistemas de salud, Ramón Abel Castaño. Y es que no están expuestas al rigor de un esquema presupuestal como el que existe actualmente, lo que da propensión a un mayor número de facturas por pagar por parte de la Adres, lo que agotaría antes de tiempo el capital disponible para la mediana y alta complejidad.



Para el experto, se deben ejercer controles previos para esas gestoras de vida, pues es la forma en la que las EPS establecen reglas contractuales y protocolos de decisión sobre elegibilidad de los pacientes para determinados tratamientos en la actualidad. Sin esta figura, solo quedan los controles posteriores a la prestación de servicio, imposibiltando tomar decisiones sobre la urgencia de los procesos médicos que se hayan ejecutado.



Frente a los programas especializados, cabe destacar que hay cinco millones de personas que padecen enfermedades especializadas, para quienes se necesitan equipos interdisiplinarios que hagan que el flujo de estos pacientes por especialidades y etapas ocurra de manera coordinada y sin cuellos de botella. Si se ellimina esto, como lo plantea el proyecto al dividir la atención primaria por zonas geográficas, &#8220;los pacientes quedarán a la deriva y perderemos un avance enorme como sociedad&#8220;, detalló Castaño.



Al respecto, el presidente de EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, reconoció que un paciente crónico necesita atención de nivel básico pero también complejo y &#8220;nuestro objetivo es acompañarlo en todo el proceso&#8221;. Bajo este panorama, sostuvo que una EPS es viable en la medida en que mantenga a su población sana, y destacó que &#8220;lo que hacemos todos los días son cosas que tienen que ver con prevención&#8221;. 



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&#8220;Diariamente se prestan más de dos millones de servicios, y es difícil que todo salga bien, pero nuestra labor es tratar de que todo salga lo mejor posible. Todo colombiano tiene detrás a alguien responsable de que no falle su proceso&#8221;, añadió



A esto se une el hecho de que el sistema de salud colombiano presta más de 10.000 servicios entre tecnología y medicamentos, aspecto que no se ve en muchos países de Latinoamérica. Para cubrir este plan de beneficios, las EPS reciben mensualmente algo más de $100.000 por usuario. Este indicador, según Rueda, muestra que el sistema colombiano es eficiente, lo que se enmarca &#8220;en la capacidad económica que tenemos como país&#8221;.



El gran problema con esto es que la reforma no define el papel de las EPS en cuanto a contratos y prestaciones económicas, de acuerdo con Gaviria, quien sostuvo además que esa ambiguedad va a generar incertidumbre frente a la posibilidad de que el Estado asuma servicios sociales compleemtarios, pues no tiene las capacidades de hacerlo. 



Al mismo tiempo, llamó la atención sobre los centros de primer nivel, asegurando que estarán desbordados por tareas de administración, lo que afectaría la atención primaria. Asimismo, por la ausencia de contratos de control efectivo que se derivaría de este escenario, la reforma &#8220;impulsará las peores formas de negocio&#8221;.



Los mensajes fueron claros: una reforma a la salud es necesaria, pero la busqueda de consensos es un elemento evidente del que carece este proyecto. &#8220;Sin ellos, esta reforma fracasará así sea aprobada. Ojalá el Gobierno y el Congreso hicieran un alto en el camino y presentaran un proyecto legítimo sin vicios y sin el objetivo de ganar una batalla política, lo que solo traerá más desconfianza para nuestra democracia y peor salud para todos&#8221;, concluyó Gaviria.

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Coeditor Internacional de Forbes Colombia. Mágister en Periodismo Político Internacional de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona (España). Ha pasado por las salas de redacción de El Espectador, El Colombiano, La República y Agencia EFE. Además, formó parte del equipo de comunicaciones de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), con sede en Bruselas (Bélgica), y lideró el área de Prensa Internacional en Corferias.

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