Ideas para revivir el mercado de acciones

El pasado 18 de mayo, la Bolsa de Valores me invitó a participar en un panel que abordó, entre otros temas, los retos a superar para que se recupere el apetito de los inversionistas por el mercado de acciones colombianas. Fue un panel muy interesante cuyos temas no deberían dejarse en el olvido, y que además dejó recomendaciones que ameritan ser analizadas con urgencia.

A pesar de que coincido con el diagnóstico de varios de los panelistas, quienes argumentaron que el ambiente macroeconómico y político ha sido un causante del poco dinamismo y los bajos precios de la bolsa, también creo que los inversionistas colombianos han perdido confianza en el mercado, luego de afrontar en los últimos años varios episodios difíciles relacionados con el gobierno corporativo de las empresas listadas, al igual que una tímida respuesta de política luego de estos hechos.

Entre estos episodios se han registrado posibles escándalos de corrupción, sanciones por cartelizaciones de precios, deudas adquiridas por fuera del balance, cuestionables transacciones entre partes relacionadas, renuncias sorprendentes de miembros independientes de juntas directivas, excesos de diversificación de las corporaciones, y decisiones de alocación de capital no necesariamente alineadas con los intereses de los accionistas minoritarios. Esto sin hablar de los casos de Interbolsa y Pacific Rubiales.

Si bien no es posible afirmar que estos episodios fuesen dolosamente causados por las administraciones de las empresas, sí afirmaría que las compañías han venido robusteciendo sus sistemas de control interno y han encaminado esfuerzos para que no se repitan episodios como los ya registrados.

Para fortalecer estos esfuerzos de parte de las empresas, propuse en el evento de la Bolsa siete recomendaciones de política con el ánimo de recuperar la confianza perdida. Las recomendaciones idealistas que enumero comparten la invitación a ser discutidas prontamente entre los diferentes actores que hacemos parte del mercado:

1. Es deseable que las empresas en Colombia tengan una mayor exigibilidad para implementar algunos elementos de la regulación de Sarbanes–Oxley de Estados Unidos, que buscó que no se repitieran eventos como los de Enron y requiere que las compañías listadas en bolsa tengan estándares de control interno más fuertes. En este sentido es clave que a los auditores -quienes sirven como el primer mecanismo de detección frente a irregularidades de gobierno corporativo- se les exija un mayor grado de responsabilidad cuando se presentan incidentes como los que se han visto en el país. Es realmente increíble que, con todo lo que ha pasado en Colombia en los últimos años, se haya cuestionado poco el papel y la responsabilidad de dichos auditores.

• Es deseable que las Juntas Directivas puedan elegirse renglón por renglón y no en plancha. De esta forma los minoritarios tendrían mayor capacidad de escoger a sus representantes y podrían votar en contra de quienes no hayan sido suficientemente diligentes en momentos difíciles. En un escenario como este es clave que los minoritarios puedan proponer nombres. Incluso, sería ideal (aunque casi utópico) lograr que los controladores no puedan votar por los renglones de los miembros independientes.

• Sería muy positivo establecer una práctica en la que se publiquen los esquemas de compensación de la Gerencia y la Junta de las empresas, de tal forma que el accionista pueda evaluar si la dirección tiene o no sus incentivos alineados, y pueda proponer cambios a dichos esquemas para reducir costos de agencia.

• Una práctica que se ha adoptado en otras jurisdicciones, y que incluso algunas empresas colombianas ya adoptan voluntariamente, es que en transacciones de partes relacionadas solo puedan votar los miembros independientes de las Juntas Directivas. Incluso, si se dan transacciones que tengan una representatividad muy grande para la empresa (por ejemplo, más de un 10% de su capitalización bursátil) sería ideal que fuera la asamblea la encargada de aprobarlas y no la Junta Directiva. En transacciones como estas, los accionistas minoritarios deberían incluso (con presupuesto de la empresa) contar con asesores independientes que den sus conceptos. Estos asesores deberían ser elegidos por ellos y no por la administración.

• El sector público en Colombia controla tres de las más grandes empresas listadas. Sin embargo, pueden valerse de regímenes legales excepcionales en algunas transacciones para evitar cumplir con los mejores estándares del mercado, como sucedió con el convenio interadministrativo usado en la transacción en la que Ecopetrol compró a ISA. Estas excepciones minan la confianza y alejan a los inversionistas más sofisticados, por lo que no deberían permitirse. El sector público no debería tener un tratamiento especial en los mercados de acciones.

• En algunos países es posible entablar Demandas Colectivas o Acciones de Grupo denominadas Acciones Representativas (Representative Actions) o Acciones de Clase (Class-Actions), mediante las cuales un grupo de personas puede asociarse para defenderse de situaciones que los han perjudicado. En el mercado de valores esto puede darse, por ejemplo, cuando las empresas listadas entregan información incompleta o errada para afectar el precio de la acción, o cuando el emisor realiza algún acto doloso que afecte los intereses de los minoritarios. Si bien en Colombia hay elementos de ley que permitirían llevar procesos similares, sería bienvenida una regulación específica con la que estas asociaciones pudieran realizarse de forma más clara y para que estos procesos sean sobre todo más ágiles, e incluso, se establecieran reglas de juego para facilitar que abogados o ciudadanos puedan promover este tipo de acciones en los mercados de valores.

• Colombia se tienen que revisar las normas de Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs). Es increíble que ha pasado más de un año desde la primera OPA de Nutresa y de Sura, y no se ha empezado a discutir una nueva regulación en la que se proteja a quienes venden en condiciones más desfavorables de las que obtienen quienes venden en OPAs sucesivas a mayor precio, como ya pasa en mercados más desarrollados.

Tomar medidas como estas, que buscan que los inversionistas tengan una mayor confianza en el mercado, no son asuntos de “capitalistas que buscan favorecer a las elites”, como probablemente dirían algunos políticos de izquierda. Por el contrario, estas son medidas que beneficiarían a todo el país al canalizar mejor el ahorro de la gente hacia inversiones que generen más empleo. Son medidas que permitirían que el nuevo Fondo Público de Pensiones propuesto en la Reforma Pensional pueda destinar más tranquilamente recursos a acciones colombianas, incrementando su rentabilidad y disminuyendo el impacto fiscal de la reforma. Además, estas medidas ayudarían a que los ahorros de las AFPs entreguen mejores pensiones a sus afiliados, y serían de gran ayuda para crear un exitoso Mercado Andino, ahora que la Bolsa de Colombia va a hacer parte del mismo grupo de la Bolsa de Santiago y de la de Lima.

Soy consciente de que estos cambios son ambiciosos y requieren tiempo y discusión. Mientras se desarrollan, las empresas deberían seguir dando señales de fortalecimiento de su gobierno corporativo. Ellas no solo deben hacer lo que les permite la ley, sino adoptar las mejores prácticas internacionales establecer unos estándares mínimos en el mercado y, además, dar al accionista minoritario un tratamiento justo y ético con el que se pueda seguir recuperando la confianza en el mercado.

Por: Felipe Gómez Bridge*
*El autor es Managing Director de Ashmore Colombia.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

Lea también: El problema del techo de deuda en Estados Unidos