Los problemas de liquidez en las comercializadoras de energía, la ausencia de reglas de juego claras y la demora en la ejecución de los proyectos solares y eólicos configuran un coctel explosivo que podría llevar al país a un racionamiento.  A finales de mayo, Enel Colombia anunció la suspensión indefinida de la construcción del parque […]

Los problemas de liquidez en las comercializadoras de energía, la ausencia de reglas de juego claras y la demora en la ejecución de los proyectos solares y eólicos configuran un coctel explosivo que podría llevar al país a un racionamiento. 

A finales de mayo, Enel Colombia anunció la suspensión indefinida de la construcción del parque eólico Windpeshi (205 MW), en La Guajira, ante la imposibilidad de lograr acuerdos con los clanes Wayuu, lo que ocasionó retrasos en las obras y su parálisis.

Pero lejos de tratarse de un evento aislado, la construcción de este tipo de proyectos enfrenta obstáculos para su ejecución, por razones parecidas a las se presentan en La Guajira, lo cual pone en riesgo la transición energética y está afectando los planes de expansión del sistema eléctrico, claves para enfrentar el Fenómeno de El Niño y el aumento en el consumo de energía en el mediano y plazo plazo. 

Según la Asociación de Energías Renovables Colombia, SER Colombia, de 80 proyectos de energía no convencional (solar y eólica) que deberían entrar en operación entre 2023 y 2024, 50 están paralizados y algunos de ellos podrían correr la misma suerte del parque eólico Windpeshi, lo que además compromete inversiones superiores a los US$3.400 millones.

“No vamos a tener apagón en el corto plazo. Tenemos los recursos de generación para enfrentar El Niño, aunque no podemos bajar la guardia”, explica Natalia Gutiérrez, presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen.

Pero, al igual que otros expertos del sector, Gutiérrez sí está preocupada por el mediano y largo plazo y por el interés de las autoridades del sector de privilegiar unas tecnologías en particular (solar y eólica), lo cual puede poner en riesgo la confiabilidad del sistema. 

En una coyuntura con altos precios de energía en bolsa, que en los últimos días de agosto han superado los 800 S/kWh, una carta de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica – ASOCODIS- al ministro de Minas, Andrés Camacho, volvió a encender las alarmas sobre el riesgo de un apagón. 

¿La razón? Según el gremio, las empresas distribuidoras enfrentan una crítica situación de iliquidez, ya que tienen una cartera por cobrar de $7,2 billones, una suma que podría superar los $10,5 billones al cierre de 2023, si no se adoptan soluciones estructurales.

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“El grave problema de liquidez que tienen las empresas, aunado a las condiciones del mercado de energía, la tendencia de los precios de la bolsa, los niveles de oferta y contratación de las empresas, incumplimiento y suspensión de suministro de energía de los contratos de las subastas de las fuentes no convencionales, y la disponibilidad de plantas y de combustibles para el funcionamiento de las plantas térmicas ponen en grave riesgo al sector y a la operación”, dijo José Camilo Manzur, presidente de Asocodis.

Aunque detrás del alza de los precios de la energía hay múltiples factores, dos palabras están en boca de todo el mundo: la opción tarifaria, una medida que creó la Ley 143 de 1994 y que han aplicado el gobierno anterior (durante la pandemia) y el actual para evitar alzas exageradas en las tarifas de energía.

Y aunque el presidente, Gustavo Petro, señaló a su antecesor de crear la actual situación, “de una manera similar a como lo hizo con el déficit del fondo de la gasolina pero en energía eléctrica, al fijar unas tarifas de energía eléctrica más bajas de lo que debería cobrar normalmente en los tiempos del covid…pero no con cargo a las utilidades del sector eléctrico sino como una deuda de los usuarios que se acumuló y que deben pagar ahora”, el exministro Diego Mesa señaló que al final del gobierno Duque, el Ministerio de Minas había pagado la totalidad las deudas por concepto de subsidios causados en 2020 y 2021 por un valor de $8,4 billones.

Tras advertir que a julio 31 del año pasado, el saldo de subsidios de energía eléctrica era de $574 mil millones, no de $5 billones, como lo señala Petro, Mesa agregó que “en este gobierno se ha disparado el costo de esa deuda por diferentes medidas que se han tomado, lo cual ha derivado en hueco de $7.2 billones en las empresas”.

Y ahora qué

En respuesta a la situación, el ministro de Minas, Andrés Camacho, anunció dos medidas para aliviar los problemas de caja de las empresas distribuidoras:

La primera tiene que ver con la creación de una línea de crédito de Findeter de $1 billón para las distribuidoras con el fin de evitar una crisis de liquidez y que puedan contar con el capital de trabajo que necesitan para su operación. Además, reveló que el 29 de agosto fueron girados $500.000 millones a las distribuidoras para que tengan caja. 

Camacho también dijo que, aunque el Pacto por la Justicia Tarifaria que suscribió su antecesora, logró frenar “un poco” la tendencia exponencial de las tarifas de energía, no es suficiente ya que hay que resolver los problemas estructurales y ver cómo se mejora la gestión de la demanda.

“Nuestro mercado está inspirado en el modelo británico que ya ha venido cambiando y evolucionando. China adelanta una reforma. La transición implica revisar qué está sucediendo porque los problemas no se resuelven con medidas aisladas”, reiteró. 

Según el funcionario, el régimen tarifario ha venido cargando los riesgos y el peso de la cadena de valor al usuario,  “y por eso estamos viviendo una situación como la del Caribe. Tendremos que buscar mecanismos de financiación en los cuales las generadoras y las comercializadoras podamos extender y renegociar las deudas que nos permitan dar un mejor flujo de caja”.

Según Camacho, el presidente ha propuesto un diálogo nacional y eso implica que “busquemos acuerdos en los que todos ponen”, por lo cual anunció la realización de mesas técnicas en las próximas semanas con los gremios del sector. 

La crisis de confianza 

Y aunque la posición de los gremios no es unánime frente al alza en las tarifas de energía, sí coinciden en la necesidad de reglas claras que garanticen una expansión del sistema. 

De hecho, Asoenergía, que representa la demanda no Regulada, es decir, aquellos usuarios que consumen más de 55 MWh al mes, ha planteado que el comportamiento persistente en las ofertas de generación, las expectativas de incrementos de precios dado el Fenómeno de El Niño, la alta dependencia de la generación hidroeléctrica, y las expectativas de potenciales déficits de gas y suspensión de contratos de proyectos de energía renovable no convencional, exigen una respuesta regulatoria y la acción de supervisión oportuna.

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Sandra Fonseca, presidente del gremio, sostiene que el nivel de los embalses es cercano al 82%, y los aportes de agua están cerca al 87% de la media histórica no son consecuentes con los precios recientes de bolsa registrado con máximos horarios de hasta de 800 $/kWh y promedios cercanos a los 750 $/kWh, con vertimientos, una situación que sería diferente si “tuviéramos expansión adecuada y oportuna”.

Entre tanto, para Natalia Gutiérrez, de Acolgen, los principales factores que amenazan la transición energética son los desincentivos a las inversiones (Reforma Tributaria, Plan Nacional de Desarrollo) – eliminación del 75% de beneficios tributarios para proyectos de energías renovables- , la demora en la puesta en operación de proyectos solares y eólicos, la falta de una Ley de Consulta Previa y la falta de nombramientos en propiedad de los Comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

“No podemos renunciar a las tecnologías que nos dan confiabilidad y eficacia -hidráulica y térmicas- y ‘mudarnos’ a solar y eólica, que no son las energías más económicas”, concluye Gutiérrez.