Los riesgos de no hablar de inclusión productiva en la reglamentación de la Ley del Viche

En los últimos días, ha surgido una acalorada discusión en Colombia, centrada en la falta de reglamentación de la Ley 2158 del 2021, Ley del viche y los actos administrativos de decomiso de que se efectuaron en algunos restaurantes y bares más reconocidos de la ciudad de Bogotá. Ante esto y en la actualidad, todos están a la espera de la creación de la categoría Artesanal Étnica por parte del Invima y en la reglamentación de la Ley desde el gobierno nacional, pero la situación genera una pregunta y es: ¿Qué medidas complementarias se están pensando para preparar a los productores del pacífico ante esta apertura?  

Si bien esta discusión puede parecer a primera vista una cuestión de oportunidad de mercado y competencia en la futura industria que puede generar el viche, se debe mirar más allá de las etiquetas y las botellas para comprender el contexto que es más amplio y que se oculta tras esta aparente controversia. La verdadera preocupación aquí no va radicar  en  si los bares y restaurantes pueden o no promover y vender viche de marcas diversas de productores citadinos o del pacífico, como lo dice la normatividad, sino, en cómo esta discusión refleja la omisión peligrosa de dos temas cruciales: la inclusión productiva y el racismo estructural que mantiene a los productores étnicos de viche en la última escala de la cadena productiva, sin canales claros para su comercialización y todo lo que esto implica, de manera justa en el mercado.

Que además de ser una responsabilidad de todos, llámese, gobierno, sector privado, ciudadanía, es precisamente la promoción de relaciones perversas que provoca la   instrumentalización de las personas afrodescendientes productoras en las ciudades y que además les está generando más problemas de seguridad en los territorios. 

Mientras tanto, los gigantes de la industria de licores,  la gastronomía y del marketing, tienen a su disposición inmensos recursos para comercializar y promover estos productos.  Una estructura que no se va a poder restringir ni detener mediante una Ley, pues estos pueden crear marcas de productos de viche, como ya pasa con algunas conocidas en ciudades como Bogotá Cali y Medellín, desde donde se invierte un presupuesto de marketing que supera el valor total de producción de muchos productores de viche en el Pacífico.  La realidad, es que lo anterior, crea una desigualdad alarmante en la visibilidad de los productores étnicos y su acceso al mercado, sumado a las cargas que deberán enfrentarse por las regulaciones estrictas y costosas que se pueden derivar si de un proceso de reglamentación que no sea flexible con las condiciones estructurales y la tradición de estos productores del pacífico.

Seguramente será un desafío financiero y logístico, lo que limita aún más su capacidad para competir en igualdad de condiciones o para ser proveedores con condiciones justas.   Por eso es importante que en este momento, donde existe una sentencia judicial de tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que otorgó un plazo de 4 meses más para la reglamentación de la Ley del viche, hablemos de inclusión productiva y cómo desde aquí se pueden generar plataformas de comercio justo y legítimo para los productores étnicos, pero también para las personas que deseen apoyar esta industria de manera ecuánime y equitativa.

Por ejemplo, para que estos pequeños productores puedan participar de manera efectiva en esta actividad económica, es fundamental que tengan acceso a tierras y recursos naturales. Esto implica asegurar el avance en la titulación de tierras ancestrales, así como el acceso a recursos como el agua y los bosques.  La formación y el fortalecimiento de las capacidades técnicas, empresariales y de gestión son esenciales. Esto les permite mejorar sus habilidades productivas, gestionar sus actividades de manera eficiente y aprovechar oportunidades económicas. Facilitar el acceso a mercados es crucial. Esto puede incluir la creación de canales de comercialización, el fortalecimiento de la cadena de valor, la promoción de productos del pacífico y la participación en ferias y mercados nacionales, regionales e internacionales.

En este punto y para reflexionar, cabe decir que, en medio del bullicio de los medios de comunicación hace unas semanas, pasamos de vista un escenario que nos dice mucho sobre el estado actual de nuestra sociedad y cómo, una vez más, las voces de los poderosos han logrado llevar al centro del escenario una discusión que debería estar enfocada en la igualdad, la inclusión y la justicia. El hecho de que esta conversación haya sido liderada por los representantes de restaurantes y bares prestigiosos, convirtiéndola en un tema de presión mediática, solo pone de manifiesto una vez más el lamentable rol que están cumpliendo los productores afrocolombianos, relegados a la retaguardia de una industria que debería celebrar su diversidad y contribución. Pero, más allá de esto, también revela una manifestación latente y persistente del racismo en nuestra sociedad.

Finalmente, este es un llamado a que el proceso de reglamentación de una Ley como la del viche,  sea inclusivo y adaptado a las necesidades y realidades específicas de los grupos étnicos de pequeños productores. Esto tiene que ver con  el fortalecimiento, la consulta y participación activa de los  procesos colectivos que han liderado de distintas maneras la protección de una manifestación cultural como el viche,  también  implica   en algún momento, unificar con inversión los procesos  productivos reuniendo o centralizando geografías territoriales de producción,  en donde las unidades familiares conserven en parte su autonomía en el intercambio y comercialización, siguiendo reglas y canales de juego acordados y supervisados de manera colectiva. 

Lo anterior, sumado a procesos de cohesión y sostenibilidad cultural de la práctica tradicional de producción en los territorios con vocación vichera. En resumen, la inclusión productiva significa apoyo institucional, es decir, simplificar regulaciones, fortalecer los procesos colectivos de vocerías y de relacionamiento étnico, proporcionar capacitación técnica y promover el acceso a financiamiento asequible. A los consumidores y los defensores de la igualdad, les propongo hacer la diferencia, eligiendo conscientemente productos de viche de productores afrocolombianos y abogando por la diversidad en la industria de licores. 

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