El deber ser de una educación para todos

Más allá de las restricciones en los servicios públicos esenciales o de que sólo contemos con un 3% de municipios colombianos con hospitales de tercer nivel, entre otros críticos indicadores socioeconómicos, tal vez el más grave y preocupante para una Nación que pretenda proyectarse como autosostenible y con un futuro prometedor, es que no cuente con opciones de oferta y de acceso universal de educación en todos sus niveles y para todos sus habitantes.

Algunos dirán que sin salud o con hambre es difícil estudiar, y tienen razón. Pero, en aras del debate, permítanme apostar por la siguiente hipótesis: con más oportunidades de educación, un país está llamado a llevar, gradual y progresivamente casi hasta cero, sus tasas de pobreza (léase, hambre) y de insalubridad, entre otros muchos escenarios de incidencia.

¿No es acaso la educación la mejor estrategia que un Estado puede proporcionar a sus habitantes para que estos comprendan mejor su entorno, favorezcan las relaciones, busquen alternativas para hacer mejor su trabajo, cambien la polarización por el diálogo, y encuentren opciones para una mejora en el diario vivir de su sociedad? 

No en vano, está demostrado que aquellas naciones con mayores niveles educativos presentan muchísimos menores problemas de violencia, de desempleo y de hambre. Con plenas oportunidades educativas, los presos de hoy seguramente hallarán su libertad y una mejor vida en el mañana; los discapacitados encontrarán nuevas y mejores formas de inclusión a la sociedad; y las personas socialmente más vulnerables (por su analfabetismo, segregación de toda índole, pobreza o estigmatización) hallarán formas innovadoras y seguras de protección, pero también de interacción social.

Por todo esto, cuando digo educación “de todos los niveles para todos”, no sólo me refiero a que todos los ciudadanos tengan la formación básica que los lleve a leer y escribir (en Colombia aún hay cerca del 3 % de compatriotas que no lo saben hacer), sino que también puedan disfrutar de la educación como un derecho propio de cualquier habitante de la tierra, protegido constitucionalmente por su Gobierno (así como también debería ser un derecho la posibilidad de acceder al internet, que como el agua, cada día se convierte en algo esencial).

Quiero que, por favor, no se asimile mi defensa por la vivencia plena de las oportunidades educativas con una posición política en momentos en los que el país busca impulsar una ley estatutaria de la educación, con la que expreso mi acuerdo, que busca blindar constitucionalmente el acceso, la equidad y la dignidad de todos los compatriotas, gracias a la educación.

Dar acceso a la educación, no es un asunto de ideología, sino de humanidad, de solidaridad social y de responsabilidad con la evolución histórica de una Nación que, desde gobiernos anteriores, viene comprometiendo más recursos para ello.

Este es un debate mundial y no propio de Colombia. Ahora, la discusión de cómo lograr dicha universalidad educativa (qué niveles priorizar, con qué clase de instituciones, cuál debe ser el rol de lo público y de lo privado, cómo lograr la mejor combinación posible entre modalidades presenciales y virtuales, si debe ser plenamente gratuita o no, o cuáles deben ser los mecanismos de financiamiento, entre otros) sí tiene un fuerte componente político, que hace parte de un debate colectivo necesario, y que por ahora no debe oscurecer el consenso de asegurar la apuesta por opciones educativas plenas.

Hasta aquí algunos, escépticos con mi posición, dirán que podrán estar de acuerdo con la idea, pero que fiscalmente Colombia no cuenta con los recursos económicos para asegurar las debidas opciones para el acceso y graduación.

Porque es claro, esto demanda grandes inversiones, en infraestructura, en tecnología y en más y mejores docentes de los niveles de preescolar, básica, secundaria, media y superior. Pero, ¿no es muy diciente, y preocupante, que la inversión que hace Colombia en educación -cerca del 5% del PIB- corresponda a una cifra similar a la que se lleva la corrupción?, y eso sin contar cuánto le valen, anualmente, los sobrecostos en las obras públicas, los dineros “enterrados” en más de 1.500 elefantes blancos, y las decenas de billones de pesos que deben destinarse a intervención judicial, de salud, de seguridad para atender problemas derivados de intolerancia, violencia, drogadicción y falta de valores que, con permanente educación, podrían disminuirse al máximo.

Sí, dar más educación, vale más dinero, pero estos recursos son redituables para la sociedad, y con creces, más temprano que tarde.

Vale la pena jugárnosla como sociedad por la educación para todos.

Por: Jaime Alberto Leal Afanador*
*El autor es rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad).

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

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