El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que las fechas de incremento en los precios de los peajes se harán el 1 de enero y el 1 de julio de 2024. El jefe de la cartera también dio avances sobre la revisión de los precios del diésel y la alianza entre Ecopetrol y PDVSA, pensada para evitar un posible desabastecimiento de gas entre abril y mayo del año entrante.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que el tercer trimestre no fue nada halagador para nadie. El interrogante es “cómo hacemos para no caer en un cuarto trimestre negativo, que ya lleva mes y medio“, demostrando que el país podría iniciar una fase aún más compleja. “La coyuntura no está para celebrar, sino para evitar una recesión”, aseguró, a la vez que ratificó que el crecimiento económico de 2023 cerrará en 1% siempre y cuando no haya cifras negativas entre octubre y diciembre.
Durante la clausura del Congreso Nacional de Infraestructura, el jefe de la cartera financiera dijo que el tercer trimestre se vio impactado por el hecho de que la construcción sigue en cifras negativas, tanto en obras civiles como en construcción de vivienda. Para ello, el plan del Gobierno, que lleva cinco meses en marcha, busca sacar adelante obras civiles y construcción de vivienda con recursos en ejecución dentro del presupuesto general de la nación (PGN), principalmente en viviendas de interés social (VIS).
Con respecto a las vías 4G, Bonilla dijo que están prácticamente terminadas, mientras que en las 5G hay hasta siete proyectos listos y con cierre financiero que empezaran a andar en primer semestre de 2024. No obstante, lo que mide el PIB en este momento no son contratos, sino el avance real de las vías, aspecto que habrá que evaluar con el Ministerio de Transporte. “El estado perdió la capacidad de construir hace rato, pero la idea es que la recupere para construir vías terciarias, pero no vías primarias ni vías férreas”, añadió.
Bonilla también se refirió a los subsidios a la cuota inicial y tasa de interés en el sector de vivienda, que se ajustaron hace cinco meses. Al respecto, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, aseguró que ha entregado 45.000 subsidios y quedan 20.000 para final de año. Eso ha servido para cerrar inventarios, pero no para nuevas iniciaciones, que a juicio del ministro de Hacienda, es lo que se necesita para apalancar nuevo desarrollo.
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“Hay unos 24.000 subsidios previstos para 2024 autorizados por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis). Lo que queremos saber es cómo relacionamos ese proceso, teniendo en cuenta que las viviendas las construye el sector privado. Las vías 4G cerrando, 5G comenzando y vías secundarias y terciarias andando, entonces ¿dónde están las obras que quedan para que el DANE alcance a revisar avances y no cerrar en negativo en el cuarto trimestre?”, cuestionó.
Bonilla también comentó que la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) tiene un reclamo válido, que apunta a que se generó desconfianza por el tema de los peajes en el sentido financiero. Eso debe cerrarse porque, finalmente, el ajuste se va a hacer, aunque no como planteó el ministro de Transporte, William Camargo, pues también hay que cuidar que no se dispare la inflación. Dicho eso, reveló que se fijaron las fechas de incremento en los precios de los peajes para el 1 de enero y el 1 de julio del año entrante.
En ese sentido, el ministro aseguró que el nubarrón que atraviesan el sector de infraestructura y el Gobierno es hacer coincidir las tasas de interés con las necesidades de las obras. La duda es cuándo llegará el momento oportuno para bajar los gravámenes, pues algunos miembros de la junta del Banco de la República creen que hay sectores cuya demanda hay que terminar de enfriar.
¿El problema? Que eso pueda desencadenar que se dispare la inflación por el lado de oferta gracias a incrementos de precios por escasez de bienes y servicios. “Llevamos siete meses con la inflación descendiendo, totalizando más de 300 puntos básicos. Si seguimos bajando a ritmo que viene, cierra diciembre con una cifra de 9,73% según los cálculos del ministerio”, apuntó.
Aquí cabe mencionar los ajustes al precio de la gasolina, pues al país le quedarían uno o dos ajustes más para que quede a la par con el precio internacional. Con esto se lograría que el déficit del fondo de estabilización de precios del combustible (FEPC) termine en $20 billones para este año, repartidos entre $4 billones en gasolina y $16 billones en diésel.
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Con todo lo anterior en mente, Bonilla aseguró que el mercado espera que se bajen 50 puntos básicos en diciembre, y que en 2024 no se logre la meta de 3% del Emisor, cifra que sí llegaría en 2025. Para el año entrante, se espera que la inflación se ubique entre 4% y 5%, que no bajaría de dicho rango por cuenta de la revisión pendiente al precio del diésel.
Bonilla también se refirió a las negociaciones del salario mínimo, y dijo que la tendencia de reducción de la inflación otorgó una ganancia efectiva de poder de compra en al menos seis puntos. Asimismo, recordó el piso que pone la Corte Constitucional, regla con la que no se puede incrementar el salario mínimo por debajo del índice de precios al consumidor (IPC), cifra a la que aún hay que revisarle el incremento de productividad durante el proceso de negociación.
Otra decisión de la Corte Constitucional, que tumbó la eliminación de la prohibición para deducir de los impuestos el pago de las regalías de las empresas mineras y energéticas, haría que el país dejara de recibir $3.8 billones este año, pero si se tiene en cuenta la retención en la fuente que también aplicó en 2023, se totalizan $6,5 billones que hay que recortar del PGN para el año entrante.
“No queremos tocar la inversión, entonces hay que buscarlos en gastos de funcionamiento, que tiene $310 billones aprobados y que, en buena parte, son gastos normales del país. Las ramas de poder público y organismos de control tendrían un aporte en esa reducción, y en el caso de los salarios, solo se tocarían aquellos que estén por encima de 10 mínimos”.
Sin embargo, reconoció que los salarios por sí solos no son suficientes para cubrir el hueco, aunque enfatizó en que sí envían un mensaje de equidad, pues “más ponen los que tienen más ingresos”. Hay que mirar otra serie de gastos de funcionamiento para mirar como lograrlo.
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A su vez, explicó la decisión de buscar gas en Venezuela mediante la alianza con Ecopetrol y Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA), y subrayó que esta estrategia obedece a la necesidad de evitar un eventual desabastecimiento de gas entre abril y mayo de 2024, y así no tener dificultades de generación eléctrica por cuenta del fenómeno del niño.
“Necesitamos que las térmicas estén en plena marcha para cuando culmine el niño, entre enero y mayo. Habría falta de gas y nos toca importarlo. Podemos reactivar el contracto firmado en 2007 con Venezuela donde nosotros les entregamos gas y no lo han devuelto: es el momento de hacerlo. Mientras tanto, le estamos ayudando a Ecuador a paliar su mal momento, y cuando nosotros tengamos el niño, ellos nos puedan ayudar si necesitamos apoyo en los meses de abril y mayo”, dijo.
Frente a la deuda externa, Bonilla sostuvo que el país ya tiene un cronograma para pagar unas ocho cuotas trimestrales desde febrero de 2024 y cubrir el crédito que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que nos puede acercar a recuperar el grado de inversión a medida que la deuda externa disminuye, cosa que sucedería en 2025.
En cuanto a la regla fiscal y la controversia que desató la posibilidad de una modificación a la misma, Bonilla también destacó que cualquier ajuste de la misma “va a discusión en el Congreso”. Al mismo tiempo, recalcó que el propio FMI ofreció traer experiencia de otros países para ver qué se puede tener en cuenta a la hora de hacer ajustes que no requieran grandes modificaciones. “Hablar de la regla fiscal no significa que la vamos a romper. Miremos las alternativas disponibles”, concluyó.