El artículo 42, que generó polémica en sesiones anteriores por avalar la designación 'a dedo' de los directores de instituciones públicas de salud, llevó a que el debate definitivo en Cámara de Representantes se pospusiera para mañana a las 11:00 a.m.
Después de seis meses de discusión sobre la reforma a la salud en la plenaria de Cámara de Representantes, el texto está a cinco puntos de ser aprobado en su segundo debate y llegar a la Comisión Séptima del Senado el próximo semestre. Pese a que la discusión se revitalizó desde la semana pasada, no ha sido nada sencilla, pues en la jornada de hoy se abarcaron temas como la transformación del modelo de aseguramiento, así como la resurrección de un ‘mico’ que venía de jornadas pasadas y que está relacionado con los directores de hospitales públicos.
La votación arrancó con las proposiciones avaladas de los artículos 1, 2 y 8, así como el número 3 como viene en la ponencia, que fueron aprobadas con 82 votos a favor. Dicho bloque hace referencia al cambio estructural de un modelo de aseguramiento, como se le conoce hoy, a un esquema social.
El artículo 1 señala que el proyecto tiene como fin transformar el Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues establece el modelo de atención, financiamiento, administración y prestación integral de recursos, entre otros.
El artículo 2 fue uno de los más debatidos porque cambia estructuralmente el modelo de aseguramiento en salud, el artículo 3 aborda la intervención del Estado en el servicio público esencial de salud y el aseguramiento social, y el 8 hace referencia a la organización de territorios para la gestión de la salud y la territorialidad del sistema.
El representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, subrayó que este bloque de artículos busca otorgar una “protección única y solidaria publica universal” para la garantía del derecho fundamental a la salud, que va a ser operado de manera mixta, privada y publica, garantizando el derecho a la salud, y no un aseguramiento comercial.
“El criterio en el pasado era que las EPS cuidaban bien los recursos, que se les entregaban de manera anticipada, y resulta que hoy ese aseguramiento hace que las EPS acumulen más de $23 billones en deuda. Ha primado la rentabilidad para dar mayor satisfacción en el servicio, cosa que no pasó. Priorizamos la atención, la salud y la vida, y no un negocio en nombre de los colombianos”, dijo.
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Por su parte, la representante de la Alianza Verde, Martha Alfonso, precisó que el aseguramiento es un “modelo universal” que pretende que, mediante financiación tripartita entre los aseguradores, los empleadores y el Estado, se garantice el acceso a servicios sin que se quiebre una persona que tiene quebrantos de salud.
“Esta reforma no cambia el modelo de aseguramiento, que se aplica de esa misma manera en todos los países. Lo que hay es una lógica que busca que se entienda como un aseguramiento social y 100% público. En Colombia no hay ningún aseguramiento mixto, garantizando que el Estado asuma responsabilidad garantista, como lo establece la Corte Constitucional y la Ley 1751 de 2015″, declaró.
No obstante, la representante de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, comentó que el nuevo modelo incluido en el articulo 2 no subroga el modelo financiero a ningún tercero, siendo que deja a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) el único que lo gestiona.
“Si la Adres se queda sin plata, va a ser la Adres contra el Estado mismo. Estamos acabando con el modelo de protección financiera que le permitió lograr a Colombia el indicador de gasto de bolsillo de 14%, uno de los más bajos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)”, dijo.
Juvinao recordó que Colombia invierte 7% del PIB en salud, recursos con los que “hace más y tiene mejores indicadores” que otros países de la OCDE, que destinan entre 8% y 10%. Asimismo, sustentó que el artículo 2 debe ser estatutario, ya que modifica el núcleo de la prestación en el servicio.
La representante del Cambio Radical, Carolina Arbeláez, llamó la atención sobre el hecho de que el articulo 2 “cambia todo el modelo de sistema de aseguramiento en salud de Colombia” y deja en el limbo a millones de pacientes que no saben a dónde acudir para pedir una cita. Esto ha provocado que la mayoría de partidos se posicionen en contra de la reforma, dado que debió tramitarse como ley estatutaria.
Acto seguido, Arbeláez dejó constancia de que Cambio Radical, como partido de oposición, se retiró de la votación amparado por la sentencia 780 de 2018, decisión que también tomó el Centro Democrático. No obstante, esto no impidió que la votación se llevara a cabo.
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El debate prosiguió con el artículo 42, que se dejó individual por petición de la Plenaria. Cabe recordar que, jornadas atrás, fue catalogado como un ‘mico’ por los congresistas de la oposición, quienes manifestaron su preocupación de que, en la práctica, acabe con elementos de selección meritocrática que existen hoy para la escogencia de los directores de las Instituciones de Salud del Estado (ISE), dándole prelación al Ministerio de Salud para que sean ellos quienes definan la lista de elegibles.
Sobre la polémica que se suscitó, Mondragón sostuvo que fue ‘imprecisa’ y surgió para generar ruido contra la reforma, asegurando que los artículos 305 y 315 de la Constitución Política permiten a alcaldes y gobernadores nombrar y remover libremente a directores o gerentes de instituciones públicas. Con esto en mente, argumentó que este punto no buscaba otorgar una nueva facultad, dado que “ya existe”.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se sumó al debate y señaló que “debemos ser respetuosos” del ordenamiento constitucional, y recalcó que el responsable de la salud en un departamento o municipio es el gobernador y alcalde respectivamente. A su vez, son ellos quienes responden políticamente si un servicio fundamental como el de la salud no está funcionando.
“Alguien con buen juicio dirá que la mejor manera de definir un cargo técnico es un concurso, donde hay sentencias de la Corte que señalan que no es lo que quieran los gobernantes, sino lo que diga el concurso. El problema es que eso no ha funcionado bien (…) Este artículo va a terminar enfrentando al Congreso con buena parte de la opinión de este país”, dijo el ministro.
A su vez, Velasco aseguró que el Gobierno busca mantener criterios de mérito sin quitarle facultades a gobernadores y alcaldes para decidir, y exhortó a los congresistas a encontrar un método alternativo para resolver el dilema, aunque pidió que no se incluyera la palabra ‘concurso’. Esto provocó que se suspendiera el debate hasta mañana a las 11:00 a.m.
A lo largo del debate, Juvinao dejó constancia de que a su colectividad no se le permitió argumentar sobre los artículos más importantes de la reforma, incluyendo aquellos que definían las funciones de la Adres como pagador único, la creación y funciones de los centros de atención primaria (CAPs) y las gestoras de vida, la creación y funciones de redes integrales e integradas, creación de coordinaciones municipales, distritales, departamentales y regionales, así como el nuevo régimen de pagos, auditorias y controles para la mediana y alta complejidad.
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Los representantes del Centro Democrático, Hugo Lozano y Andrés Forero, presentaron al inicio del debate una solicitud de aplazamiento argumentando que, en la práctica, la Cámara de Representantes está “votando a ciegas” un proyecto de tanta trascendencia para los colombianos ante la ausencia de aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda, tema que ya se había discutido en las jornadas anteriores y que sigue siendo motivo de preocupación.
“Lo que radicó el Ministerio de Hacienda en ningún caso es un aval fiscal. En el mejor de los casos, es un escenario de factibilidad sin ningún rigor técnico. Son muchos los puntos donde dicen que no tienen elementos suficientes para adelantar una proyección de costos de la reforma. Son $140 billones de 2024 a 2033 lo que le costaría a los colombianos esta reforma, que serían seis o siete reformas tributarias“, dijo Forero.
El representante también expresó que el aval fiscal estaría funcionando como un supuesto que les permite decir a los técnicos del Ministerio de Hacienda que, con el modelo preventivo que plantea la reforma, va a caer el costo de salud como porcentaje del PIB. No obstante, el congresista aseguró que dicho escenario “no se ha visto en ningún país del mundo“.
Los congresistas de la oposición han coincidido en que una cosa es el aval fiscal y otra un estudio que simula varios escenarios de factibilidad ante los costos de la reforma. Sin embargo, el representante del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, recalcó que las proyecciones del Ministerio de Hacienda sí aterrizan en unos porcentajes estimados del costo de la reforma, reflejando un panorama cuyo umbral máximo llegaría a 0,88% del PIB, que equivale a $10 billones.
¿El problema? Que en 10 años, esa cifra sería equivalente a $100 billones, según proyecciones que ya había hecho el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. “Este Congreso está votando con la consciencia de que no esta financiado el proyecto que destruye la salud”, añadió Pérez.
Por su parte, la representante del Partido Liberal, Piedad Correal, sostuvo que la Plenaria ha venido votando sobre “supuestos gaseosos”, algo que ya habían advertido varios exministros de Salud en las varias cartas que han enviado al Gobierno Nacional, donde alertaban que los recursos para esta reforma provienen “del mismo sistema que también está desfinanciado”.
Pese a los argumentos previamente expuestos, la solicitud fue rechazada con 74 votos en contra.