En diversas oportunidades se ha advertido que de no ajustar las cuentas con recortes de gasto o aumentos en ingresos se podría incumplir con la regla fiscal. ¿Qué viene?

La estabilidad fiscal del país viene trastabillando desde el año pasado. En diversas oportunidades se ha advertido que de no ajustar las cuentas con recortes de gasto o aumentos en ingresos se podría incumplir con la regla fiscal, con las consecuencias negativas que esto tendría para el riego país y, por lo tanto, para la inversión y la economía. En este contexto, las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre presentar una nueva reforma tributaria son una oportunidad para discutir alternativas para enderezar las finanzas públicas.

La propuesta que puso sobre la mesa el mandatario consiste en disminuir la tarifa del impuesto de renta de personas jurídicas del 35% al 30%. Paralelamente, se plantea aumentar la carga tributaria de las personas naturales con más de $10 millones de ingresos mensuales. Con esto en mente, se pueden construir algunas hipótesis sobre el impacto de la reforma y comenzar a discutir varios puntos que van quedando en el aire y que merecen mayor profundidad y análisis.

Efectivamente, si el recaudo en el impuesto de renta para las personas jurídicas disminuye, algún otro tributo debería aumentar. Para esto vale la pena discutir la composición del recaudo tributario. Según cifras de la Dian, el recaudo proyectado para 2023 es de alrededor de $263 billones. De esta cifra, $138 billones corresponden al impuesto de renta. De los cuales, $107 billones corresponden al impuesto de renta de las personas jurídicas y los $31 billones restantes provienen del impuesto de renta de las personas naturales.

Con estos números es posible inferir que si la tarifa de las personas jurídicas baja del 35% al 30%, el recaudo de renta de las personas jurídicas caería de $107 billones a $92 billones. Una diferencia de $15 billones que, en últimas, representa casi la mitad de lo que se obtiene de impuesto de renta por las personas naturales. En otras palabras, para compensar la caída en el recaudo del impuesto de renta de las personas jurídicas se necesitaría que el recaudo de personas naturales pase de $31 billones a $46 billones, un salto que deja en el aire varias preguntas.

A primera vista, una solución inmediata sería ampliar la base de personas naturales que declaran y pagan renta.  Sin embargo, las personas naturales que no declaran renta son presumiblemente trabajadores formales quienes ya enfrentan una pesada carga parafiscal y contributiva en sus ingresos laborales. Opción políticamente inviable.

Por lo tanto, surge la pregunta de si existen otras fuentes de recaudo, para lo cual existen dos respuestas factibles. La primera es aumentar el IVA para al menos los bienes y servicios que cuentan con exenciones, exclusiones y tarifas diferenciadas. Desafortunadamente, esta opción se ha vuelto un tabú desde el estallido social de 2019 y 2021.

La segunda opción es aumentar las cargas tributarias de las personas naturales que ya declaran renta. En particular, vale la pena estudiar las alternativas que se presentan para combatir los posibles casos de elusión y evasión en relación con las rentas no laborales. Estas rentas representan el 44% de todos los ingresos brutos declarados por las personas naturales. Sin embargo, especialmente entre los declarantes con mayores ingresos, se requiere de una mayor fiscalización para validar la veracidad de los costos y deducciones utilizados para reducir la base gravable de las rentas no laborales.

Por: Oliver Pardo*
*Director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

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