Mientras los gremios plantean que una modificación a las leyes 142 y 143 no se traducirá en una reducción de las tarifas en el corto plazo, el Gobierno apuesta por un modelo más intervencionista y más parecido al de los años 80.
En junio del año pasado, cuando anunció la presentación de un proyecto para reformar las leyes 142 y 143 de Servicios Públicos, el presidente Gustavo Petro dijo que la iniciativa buscaría que “el eje del servicio público no sea el empresario, que se gana el billete a manos llenas, sino el usuario del servicio público”.
Casi ocho meses después, se conoció un borrador del proyecto que, en esencia, plantea que “la regulación de los servicios públicos está a cargo del Presidente de la República, quien puede ejercer esta función directamente”.
Además de brindarle más poderes a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para sancionar y vigilar a las compañías prestadoras de electricidad, acueducto, aseo, alcantarillado y gas natural, el proyecto propone la creación de comunidades energéticas, el régimen tarifario y la creación de un mínimo vital para acueducto, energía eléctrica y gas natural, que actualmente no existen.
En una coyuntura desafiante por la confluencia del fenómeno de El Niño y el aumento en la demanda y en las tarifas de energía, que ha llevado a gremios como Acolgen a advertir que el país no debe bajar la guardia, para evitar un racionamiento, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, sostiene que al sector privado le preocupa que el Congreso termine aprobando una especie de ‘Frankenstein’.
“Una ley se demora entre 8 y 12 meses en ser tramitada y por eso es clave no hacer populismo prometiendo que las tarifas van a bajar ya”, explica Sánchez quien, a pesar de estar a favor de una actualización de las leyes 142 y 143, que ya tienen 30 años, destaca que el 56% de las empresas prestadoras de servicios son públicas.
De hecho, a pesar de que el debate se ha centrado en en alto costo del servicio de energía en la Costa Atlántica, los gremios de la región coinciden en que “no se necesita cambiar la Ley de Servicios Públicos para resolver situación energética del Caribe”.
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“Estamos a la espera de respuestas específicas del Gobierno Nacional a las propuestas de los gremios y gobernadores de la Región Caribe enfocadas en modernizar la infraestructura de transmisión y distribución con inversión pública”, señalaron los gremios luego de la Cumbre Energética del Caribe realizada el sábado 9 de marzo.
En el mismo pronunciamiento señalaron que, además de mayores inversiones, se necesita fomentar la competencia en los mercados; aumentar la energía firme; ampliar el plazo de la opción tarifaria; mejorar la asignación de subsidios con una focalización más eficiente para ampliar el consumo de subsistencia; y crear un fondo que beneficie a los usuarios más pobres para cubrir parte de las pérdidas que pagan.
Según explicaron, la crisis energética de la Región Caribe no es solo un problema de altas tarifas del servicio y para bajarlas no es suficiente enfocarse en analizar la gestión de pérdidas de las empresas del sector ni en poner en marcha un plan para reducirlas.
“La revisión y actualización de la fórmula para fijar las tarifas de energía eléctrica es obligación de la CREG y para ello no se requiere, por lo tanto, ninguna orden o disposición nueva del Gobierno nacional en tal sentido”.
¿De vuelta a los 80?
En una carta enviada al presidente a comienzos de marzo, Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis y Naturgas realizaron varias propuestas para reducir las tarifas de energía a los usuarios de la Costa.
En la carta destacan los hechos que han confluido para generar la situación de incremento de las tarifas en esta región del país y los esfuerzos que han implicado para los nuevos prestadores del servicio enfrentar las condiciones y eventos inesperados. También expusieron la situación de estrechez entre la oferta y la demanda de energía, que se ha acentuado por el incremento de los consumos y la demora de los proyectos en curso.
Reiteraron que una modificación de la Ley 142 de 1994, de Servicios Públicos, no se traducirá en una reducción de las tarifas en el corto plazo y pidieron enfocar los esfuerzos en solucionar la situación puntual de la región.
“Es importante recordarle a la ciudadanía que los precios no son arbitrarios y que dependen de una serie de factores tanto locales como internacionales y son fórmulas que están reguladas por la CREG”.
Entre las propuestas se destacan la asignación de $2,5 billones para aliviar a los usuarios de la región Caribe del saldo que estos tienen pendiente por pagar a las empresas y la destinación de $1 billón a los dos prestadores del servicio de energía del Caribe (Afinia y Aire) para cubrir el equivalente al 50% del valor del componente promedio de pérdidas durante los próximos seis meses, después de lo cual se habrá superado el Fenómeno de El Niño.
Al mismo tiempo le pidieron al Gobierno generar las condiciones para que haya una mayor oferta de energía. “La manera más optima, desde la política gubernamental, de obtener mejores precios es generar las condiciones para que haya más oferta y así los usuarios se puedan ver beneficiados de una amplia competencia, incluyendo la proveniente de comunidades energéticas”.
Otras propuestas apuntan garantizar la disponibilidad de gas natural, para lo cual es indispensable seguir incrementando la exploración y producción para aumentar las reservas probadas, y mejorar las condiciones de seguridad que hoy están poniendo en riesgo a la infraestructura energética y la integridad física del personal operativo de los prestadores, lo que que impacta la calidad del servicio prestado.
En la carta también propusieron crear cultura ciudadana frente al cuidado del servicio de energía, fortaleciendo la penalización por conexiones ilegales y robo de energía, y sumar esfuerzos con la Superservicios y la Fiscalía General de la Nación contra este flagelo.
Finalmente, insistieron en la necesidad de asegurar el pago total de la deuda oficial y de usuarios constitucionalmente protegidos. El valor adeudado por concepto del servicio de energía por estas entidades hoy asciende a unos $350 mil millones.
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“El régimen tarifario, se ha desarrollado bajo preceptos y principios contenidos en la Ley, que deben mantenerse; y en caso de requerirse una modificación de las fórmulas, estas deben garantizar la remuneración de los costos de prestación de los servicios con incentivos suficientes para asegurar que las inversiones requeridas para prestar los servicios con calidad se ejecuten”, señalan.
Y advierten que, de adoptar el camino del intervencionismo y la reducción de las tarifas a las malas, el país estaría retrocediendo en el tiempo a las épocas de finales de los años 80 ́s en las que la ausencia de las inversiones produjo un apagón.