La televisión pública es de todos

La televisión colombiana cumple 70 años de vida y es un buen momento para revisar conceptos como el de televisión pública, que se ha ido diluyendo en el tiempo ante la irrupción de los canales privados de televisión y de las plataformas, pero también ante el manejo equivocado que en algunas ocasiones se ha hecho de los canales estatales locales, regionales y nacionales por parte de los gobiernos de turno.

Desde hace algunos años, han surgido distintas polémicas alrededor del manejo de los canales de televisión pública en el país que, sin distingo de sesgos ideológicos, han puesto en evidencia las tensiones políticas y la tergiversación de la función de la televisión pública (y de los medios públicos, en general). Gobernantes que usan el canal como altavoz de su administración o como egoteca, funcionarios que presionan para que programas salgan del aire por ir en contravía de su línea ideológica, censura a personas o contenidos o alineación de un canal público con los intereses de un gobierno en detrimento de la oposición, son algunas de las conductas que no deberían ser permitidas en estos espacios.

El concepto mismo de lo público es complejo y problemático porque, como se ha dicho muchas veces, lo que es de todos parece no ser de nadie, pero es claro que lo público se financia con los impuestos de todos los ciudadanos y debe obedecer a los intereses de la comunidad, buscando fines altruistas y de fortalecimiento del tejido social. El concepto mismo de lo público está asociado al de Estado que, desde su definición, hace referencia a una institución estable, un orden establecido amparado por la constitución, que resiste los embates de los distintos gobiernos.  Sin ser abogados, es fácil entender que el Estado va más allá de la coyuntura y los intereses políticos de los gobiernos y que los medios públicos deben obedecer al consenso social y a las necesidades del país antes que a intereses partidistas o electorales. 

Esta idea, más o menos aceptada socialmente, ha sido históricamente vulnerada en Colombia cuando se ha aprovechado los medios públicos como vitrina de promoción de los gobernantes, sus planes de gobierno y sus obras, confundiendo la función pública de los medios con la difusión institucional de la gestión gubernamental. No está mal que la rendición de cuentas o la difusión de programas sociales de los gobiernos sea difundida en espacios de los medios públicos, pero no debería ser su contenido preponderante.

En la historia de la televisión colombiana, ésta fue de control estatal desde sus inicios hasta la irrupción de los canales privados en 1998. La primera era de la televisión, denominada como “paleo-televisión” por el filósofo italiano Umberto Eco, se caracterizó por una vocación educativa y de formación ciudadana alrededor de los pilares de formar, informar y entretener. El control único por parte del Estado no fue sostenible muchos años debido a su complejidad y el modelo de la televisión pública gestionada exclusivamente por Inravisión (Instituto Nacional de Radio y Televisión) fue reemplazado por uno de concesión de espacios a operadores privados sin perder el carácter público de la televisión.

Este fue el momento de la aparición de productoras y programadoras y de la pauta comercial en la televisión y también el de la gestión de los noticieros por parte de operadores privados, que en sus inicios fueron poderosas familias y, posteriormente, conglomerados económicos. Este fue el germen de los canales privados que, estrictamente hablando, son de capital privado pero de difusión pública y, por tanto, tienen también responsabilidad social y son objeto de supervisión estatal.

En el siglo XXI la televisión pública y privada se distancian y diferencian en sus misiones y alcances y la pública encuentra su espacio en la construcción de ciudadanía, la exaltación de lo regional, el reconocimiento de la diversidad y el fortalecimiento del tejido social.  Es evidente y digno de aplausos lo que la buena televisión pública colombiana ha conseguido con distintos proyectos e iniciativas financiadas por fondos públicos y merecedoras de importantes reconocimientos en el ámbito internacional.  Los grandes logros de la televisión pública deben mantenerse y fortalecerse mediante apoyos estatales; el estímulo a pequeños productores, comunidades y nuevos talentos; la exaltación de valores y bienes culturales y el reconocimiento de la diversidad y riqueza del país.

Se ha hecho y se sigue haciendo una gran labor y esta debe continuar. Los canales públicos son de todos, no de los gobiernos de turno, y no están hechos para satisfacer egos o buscar votos. Es deber del Estado su promoción y fortalecimiento y de toda la ciudadanía conocerlos y defender su vocación social y cultural.

Por: Jerónimo Rivera-Betancur*
*El autor es director del programa de Comunicación Audiovisual, Universidad de La Sabana.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

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