En la carta, ambos señalan que el proyecto era fundamental para proteger el futuro de Ecopetrol y el de más de sus 250 mil accionistas y que la interferencia del presidente en las decisiones de la Junta afecta el Gobierno Corporativo de la compañía.

“Luego de amplias deliberaciones en febrero, los Comités de Negocios y de Auditoría de Ecopetrol recomendaron a la Junta Directiva, por unanimidad, que la compañía adelantara gestiones tendientes a adquirir entre el 20% y el 30% de los activos del Proyecto Crownrock, propiedad de la Occidental Petroleum Company (Oxy) en la cuenca del Permian en los Estados Unidos”

“En la aprobación de este proyecto se consideró el impacto favorable que tendría sobre las utilidades, la producción y las reservas de la empresa, y se destacaron los bajos efectos ambientales. Se mencionó que el nivel de endeudamiento era alto pero manejable”.

En mayo, la Junta Directiva aprobó por mayoría (siete votos a favor y dos en contra) adquirir el 30% de este proyecto, por lo que el 17 de julio se informó al mercado que se adelantaban negociaciones con la Oxy.

Así comienza la carta de renuncia de Juan José Echavarría, presidente presidente del Comité de Gobierno Corporativo de Ecopetrol, y del consultor e investigador de Fedesarrollo, Luis Alberto Zuleta, a la Junta Directiva de la petrolera, luego de que el 31 de julio el presidente Gustavo Petro tumbara la decisión de la Junta con argumentos que, a juicio de ambos expertos, afectan el desempeño de la compañía y su Gobierno Corporativo. 

Las razones de Petro para reversar la decisión de la Junta Directiva fueron: se invertía en fracking, significaba endeudar más a Ecopetrol, e implicaba enviar recursos desde Colombia al exterior.

Las objeciones fueron expresadas por Petro al presidente de la compañía, Ricardo Roa, y a varios miembros de su junta directiva en una reunión informal en Piedecuesta, Santander, durante el relanzamiento del Instituto Colombiano del Petróleo.

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“La Junta decidió entonces, por mayoría, no continuar con el negocio (nuestro voto continuó siendo afirmativo, por supuesto). Además, se consideró imposible ejecutar el proyecto sin el apoyo del Gobierno. El 31 de julio era el último día para comunicar nuestra decisión a la Oxy sin incurrir en multas posteriores”, explican Echavarría y Zuleta en la carta de renuncia que dirigieron a la Asamblea General de Accionistas, al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; al presidente de Asondos, Andrés Velasco, y al Secretario General de Ecopetrol, Germán González.

En la carta, ambos señalan que el proyecto era fundamental para proteger el futuro de Ecopetrol y el de más de sus 250 mil accionistas, por las razones que exponen en la carta.

“Sin los recursos futuros que aportaría el proyecto las finanzas de Ecopetrol se deteriorarán y  se reducirán las transferencias de la empresa al Gobierno Nacional. Ecopetrol contribuye hoy con cerca de 4 puntos del PIB a la nación vía impuestos, inversión, regalías, y dividendos, un monto equivalente al gasto total del estado en educación, 1.5 veces el gasto en pensiones, y 2.1 veces el gasto en salud; contribuye cada año entre 10% y 15% de los ingresos totales de la nación.  Ecopetrol produce el 80 % del gas natural que usan más de 10 millones de consumidores”. 

Además: En los últimos dos años, las utilidades de Ecopetrol cayeron 68%. Estas son las razones 

En marzo de este año, durante la Asamblea de Ecopetrol, Echavarría, como presidente del Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad de Ecopetrol, había manifestado objeciones a la plancha del gobierno, “conformada por funcionarios de la actual administración que, tras una evaluación de 17 preguntas, fueron considerados no aptos para sumarse a la Junta”.

“Como plancha, en conjunto, tenemos serias dudas de que este grupo tenga las características necesarias para cumplir con lo que se nos encarga en la Junta Directiva”, reiteró Echavarría al intervenir en la asamblea y recordar que existe un Conpes sobre buenas prácticas gubernamentales que desaconseja la presencia de ministros y viceministros en las juntas directivas de las empresas públicas.