El funcionario defendió el Presupuesto General de $523 billones y dijo que el Congreso tiene plazo hasta el 20 de octubre para aprobarlo. De no hacerlo, el Gobierno lo expedirá por decreto y seguirá insistiendo en la aprobación de la Reforma Tributaria.
“Lo primero que les quiero decir es que el Gobierno no está incumpliendo la Regla Fiscal”, dijo el ministro de Hacienda al intervenir en el Congreso de Confecámaras, que se realiza en Cartagena.
“Para incumplirla, tendríamos que dejar de pagar la deuda financiera, y no lo estamos haciendo”, agregó en respuesta a quienes han advertido los riesgos de la Regla Fiscal Verde, incluida en el proyecto de Ley de Financiamiento que fue radicado en el Congreso para recaudar $12 billones.
“En 2021, se rompió la Regla y se generó un proceso para darle una transición que termina en 2026. A partir de 2027 sigue normal. Lo que le proponemos al Congreso es adelantar esa transición del 2026 al 2025 y a partir del 26 sigue normal”.
La idea, según Bonilla, es que el Gobierno Nacional tenga acceso a sistemas de crédito que financien proyectos ambientalmente sostenibles que ya están siendo identificados y que los mismos no entren dentro de la definición de la deuda de la Regla Fiscal.
Sobre el proyecto de Presupuesto General de $523 billones, dijo que el Congreso tiene plazo hasta el 20 de octubre para aprobarlo. De no hacerlo, el Gobierno podría expedirlo por decreto porque es un proyecto de iniciativa del Gobierno.
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“Hay congresistas que no quieren discutir la Ley de Financiamiento y han propuesto que reduzcamos el Presupuesto a $511 billones. El Gobierno ha dicho: el Presupuesto es uno solo con Ley de Financiamiento que ya está radicada, lo que hemos pedido es que designen ponentes y comience la discusión. Hasta ahora, el Congreso, las cuatro comisiones, no han negado ningún monto. Con una sola que no lo haga, no hay decisión”.
Defensa de la tributaria
El funcionario reiteró que el país no ha resuelto los problemas financieros y no financieros que dejó la pandemia, cuya herencia es el aumento de la deuda del 48% del PIB al 61% en un solo año, es decir, lo que se les debe a los tenedores de bonos y a la banca multilateral, incluyendo la línea flexible de US$5.400 millones con el FMI.
“Ese aumento de la deuda significó $200 billones, más de 10 Reforma Tributarias. La pregunta importante es en qué se utilizaron esos recursos: la respuesta es: en gasto corriente”, agregó.
Sobre la Ley de Financiamiento, como también se denomina la Tributaria, el funcionario dijo que está comprometida en no gravar más a los asalariados, por lo que no hay cambios tributarios para estos.
“Las propuestas en materia de personas naturales se enfoca en los superricos de la sociedad, a través de un aumento en la tarifa de renta para rentas mensuales superiores a $120 millones en la tarifa del impuesto al patrimonio y las ganancias ocasionales. Ningún asalariado que devengue menos de $120 millones mensuales va a ver un incremento en su tarifa nominal de tributación”.
Explicó que el elemento más importante de la propuesta es la reducción de la tasa del impuesto de renta corporativo del 35% fijo al 30% en forma gradual, a partir de 2026 cuando el Estado dejará de recibir $3 billones, $4 billones en 2027 y en 2030 $8 billones, recursos que quedarán en las empresas.
El proyecto contempla tarifas diferenciales. Así, para el año gravable 2025, se aplicaría una tarifa del 27% sobre las rentas líquidas gravables de hasta 6.285 UVT (unos $296 millones) para las microempresas. Esta medida beneficiará a alrededor del 91% de las empresas del país (563.705 unidades).
Aquellas empresas que se encuentren entre 6.285 (unos $296 millones) y 120.000 UVT (unos $5.648 millones) estarán sujetas a una tarifa del 34% que irá reduciéndose gradualmente hasta 30%. Esta medida beneficiará a 45.474 personas jurídicas.
En cuanto a las compañías con rentas líquidas gravables superiores a 120.000 UVT (unos $5.648 millones), la tarifa se reducirá hasta el 33%.