Pacto por el crédito y ley de financiamiento: insuficientes sin un plan integral de reactivación económica

Desde mediados de 2022, la economía colombiana ha mostrado una notable ralentización. Tras un importante crecimiento del PIB de 10,7% en 2021 y 7,3% en 2022, la economía se desaceleró drásticamente, creciendo solo 0,6% en 2023. Para 2024, el Banco Mundial proyecta un escaso incremento del 1,8%.

El debilitamiento del consumo y la inversión en Colombia es evidente, según las proyecciones recientes, que estiman que al cierre del 2024 el consumo tendrá un crecimiento de apenas 0,1%. En ese mismo sentido, se prevé una contracción significativa de la inversión bruta.

En lo relacionado al desempleo, se contempla que la tasa consolidada del año fluctúe entre 10,5% y 11%, lo cual sigue siendo considerado un nivel muy alto. En consecuencia, el país requiere de un plan económico integral que impulse la reactivación económica de forma efectiva.

A lo largo de la historia económica, es común encontrarse con prolongados periodos de desaceleración, originados por diversas circunstancias y factores. Para reactivar el crecimiento, se han tendido a universalizar fórmulas centradas en el corto plazo, con medidas orientadas a recuperar rápidamente el consumo, la inversión y el empleo.

No obstante, a partir de la crisis financiera de 2008-2009, las políticas económicas comenzaron a adoptar una visión más amplia, buscando no solo la recuperación inmediata, sino también el crecimiento a largo plazo. Esta nueva perspectiva aprovecha la oportunidad para impulsar la productividad, diversificar la economía, desarrollar infraestructura y cumplir con metas ambientales y tecnológicas. Sin embargo, el objetivo primordial sigue siendo estimular el crecimiento en el corto plazo.

Una característica crucial de los planes económicos modernos es que están guiados por estrategias que establecen metas de largo plazo con un fuerte impacto en el corto. Un claro ejemplo es Estados Unidos con su plan “Build Back Better” y la Unión Europea con “NextGenerationEU”, que priorizan grandes inversiones en infraestructura, energía renovable y digitalización. Estos sectores no solo generan empleo inmediato, sino que también impulsan la demanda interna, logrando una rápida revitalización de la economía.

Aunque el gobierno ha mostrado bastante interés y ha tomado algunas medidas aisladas para reactivar la economía, estas han sido insuficientes. La principal debilidad radica en la falta de un plan integral que aborde de manera estructurada la recuperación económica. Además, los instrumentos utilizados se enfocan en metas a largo plazo, sin capacidad de generar resultados inmediatos que reactiven la economía rápidamente.

En esa dirección, el 28 de agosto pasado se produjo un acuerdo verbal entre el gobierno y los bancos, en el que la banca se comprometió a desembolsar 55 billones de pesos adicionales en condiciones comerciales durante los próximos 18 meses. Este financiamiento estará dirigido prioritariamente a los sectores de vivienda, manufactura, agropecuario, economía popular y turismo.

El pacto pone énfasis principalmente en la oferta de crédito, sin abordar el verdadero desafío, que está en la demanda. Las restricciones en este aspecto son significativas, debido al escaso interés de empresas y personas, provocado por la lenta e incierta dinámica económica y la incertidumbre regulatoria, especialmente en el ámbito laboral. Además, las barreras de acceso al crédito, como los altos costos, la falta de garantías y los historiales crediticios deficientes, agravan la situación. 

Aunque se están realizando mesas de trabajo intersectoriales para coordinar el pacto y establecer garantías estatales e incentivos adicionales, es evidente que estas mesas no resolverán los problemas estructurales que restringen fuertemente la demanda de crédito.

Actualmente está en trámite La Ley de Financiamiento PL 300-2024C, que busca financiar el Presupuesto General y crear incentivos como el Bono de Transición Energética y la exención del IVA para proyectos de energías no convencionales. También propone eliminar el IVA para servicios hoteleros en municipios pequeños y ofrecer descuentos en el impuesto de renta para inversiones en energías renovables. Además, plantea reducir gradualmente el impuesto de renta de las empresas pequeñas, llegando al 27% en un plazo de cinco años, Para las empresas medianas y grandes, las tarifas se ajustarían progresivamente alcanzando entre el 30% y 33% respectivamente, dependiendo de los ingresos.

Si bien los incentivos de la Ley apuntan a objetivos de largo plazo, como la transición energética y el turismo sostenible, dejan de lado necesidades inmediatas. 

Aunque estos sectores son cruciales para el futuro, los beneficios de los proyectos tardarán en materializarse. Además, se descuida la atención a sectores estratégicos como la infraestructura, la manufactura y el agro, que históricamente han demostrado generar un impacto rápido en la creación de empleo y el estímulo de la demanda interna. 

De resaltar que, el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura no solo moviliza capital y crea empleo de forma inmediata, sino que también mejora la competitividad del país en el mediano y largo plazo. Sin un enfoque sólido en estos sectores que producen resultados rápidos, la estrategia económica será insuficiente para enfrentar los retos actuales. 

El país requiere un plan de reactivación económica que promueva el desarrollo de todos los sectores estratégicos y equilibre los incentivos de largo plazo con medidas que estimulen el crecimiento inmediato.

Por: Iván Darío Arroyave*
*El autor es consultor empresarial. Se ha desempeñado como presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, decano de postgrados de la Universidad EIA, director de posgrados en finanzas de la Universidad de la Sabana y consultor del Banco mundial. 

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