La oferta de energías limpias en el país aún no responde a la alta demanda que se requiere según los compromisos de transición energética. ¿Se lograrán cumplir los pactos globales?
La oferta de energía renovable proveniente de fuentes no convencionales (FNCER), como la solar, eólica, geotérmica y biomasa, aún no responde de manera adecuada a la creciente demanda de energía limpia requerida por los compromisos de transición energética. Aunque se han dado pasos importantes, todavía es necesario implementar ajustes significativos para que esta transición se materialice en línea con las expectativas y las crecientes necesidades energéticas del país.
En 2015, Colombia se comprometió, a través del Acuerdo de París, a reducir en un 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero y lograr que el 30% de su matriz energética provenga de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) para 2030.
No obstante, diez años después de la Ley 1715 de 2014, que sentó las bases para estas energías, su participación en la matriz energética es apenas del 2.2%, de acuerdo con lo que revela el más reciente Plan Indicativo de Expansión de la Generación de la UPME, que indica que actualmente solo hay 454 MW de capacidad solar instalada generando energía.
El mismo Plan proyecta que, para el año 2037, la energía solar y eólica cubrirán el 17.83% de la matriz energética de Colombia (17,033 MW). Aunque esta meta luce conservadora, su cumplimiento no es claro a menos que se implementen ajustes correctivos que permitan destrabar los proyectos actuales y, sobre todo, se fomente el escalamiento de estos en términos de número y capacidad de generación de energía. Sin estos incentivos, el crecimiento de las energías renovables podría no alcanzar las expectativas trazadas.
Hay que reconocer que en Colombia se han surtido etapas necesarias en la transición energética, como la Ley 2099 de 2021 que incorporó incentivos básicos para el sector. Además, se han llevado a cabo subastas de largo plazo para la incorporación de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), y se creó el fondo FENOGE, destinado a financiar iniciativas de eficiencia energética. A esto se suman diversos proyectos que han sido emprendidos y desarrollados.
A pesar de estos avances valiosos, la escala y dinámica de los proyectos resultan claramente insuficientes para cubrir la gran demanda de energía renovable que existe en el país. Además, las disfunciones en el entorno en el que se desarrollan los proyectos generan incertidumbres y riesgos significativos, lo que limita profundamente el cierre financiero de los mismos.
Esto desincentiva sensiblemente a inversionistas y entidades de financiamiento, lo que impide que los proyectos de energía renovable puedan avanzar a la velocidad y magnitud requeridas.
El cuello de botella sigue una secuencia que comienza con subastas insuficientes, poco frecuentes y no regulares. Adicionalmente, tras la adjudicación de los proyectos, estos se enfrentan a trámites burocráticos y a demoras en la obtención de permisos y licencias, lo que retrasa su desarrollo.
En tal sentido, la Asociación de Energías Renovables de Colombia, manifiesta que los proyectos se demoran entre 3 y 7 años en desarrollarse, con un promedio del 70% de ese tiempo dedicado a trámites ante varias entidades nacionales y regionales, lo cual es un mal indicio frente a lo que se estila en los países de referencia para la transición energética como Alemania y Dinamarca, donde los trámites suelen demorar entre uno y dos años como máximo.
Esta diferencia pone de manifiesto las barreras que enfrentan los proyectos en Colombia y la necesidad de simplificar los procesos para estar a la altura de los estándares internacionales.
En relación con las subastas de energías renovables en Colombia, a pesar de haberse llevado a cabo tres subastas principales en los años 2019, 2021 y la más reciente en 2024, en las que se adjudicaron 4.489 MW para el período 2027-2028, la realidad es que los proyectos deben lidiar con incertidumbres relacionadas con la conexión a la red y los prolongados trámites burocráticos para obtener permisos y licencias. Esto no solo ralentiza su desarrollo, sino que también desincentiva sensiblemente a los inversionistas y dificulta el financiamiento necesario para la construcción y operación de los proyectos.
En este contexto, La red eléctrica y los puntos de conexión en Colombia no siempre están preparados para manejar la nueva capacidad de generación renovable, lo que puede generar retrasos significativos.
Uno de los mayores retos para estos desarrollos es asegurar un punto de conexión a las redes de transmisión o distribución. El proceso actual ha demostrado ser lento y burocrático, lo que retrasa la entrada en operación de los proyectos.
Además, la regulación vigente ha facilitado prácticas especulativas, en las que algunos actores reservan puntos de conexión con la intención de vender ese derecho en el futuro a otros desarrolladores a precios más altos. Modificar el proceso establecido por la Resolución CREG 075 de 2021 podría ayudar a reducir esta especulación y garantizar que los puntos de conexión se otorguen de manera más transparente y eficiente a proyectos realmente preparados para avanzar.
Otro factor que genera incertidumbre es que la Resolución CREG 060 de 2019 impone cargos por desviaciones a proyectos de gran escala (más de 20 MW), penalizando por no entregar la cantidad de energía comprometida en el momento acordado. Esto afecta gravemente a los proyectos de energías renovables, ya que dependen de condiciones climáticas y no tienen la flexibilidad necesaria para ajustar su producción con precisión. Esta falta de margen para manejar estas desviaciones genera preocupación entre los inversionistas, ya que las sanciones por incumplimiento podrían desequilibrar los presupuestos de los proyectos, aumentando el riesgo financiero.
Para dinamizar y escalar la transición energética, es fundamental crear un entorno más seguro y predecible para los inversionistas. Las condiciones necesarias para ello están plenamente identificadas y dependen, en gran medida, de las entidades estatales que regulan el sector. Esto requiere, sobre todo, una sólida dosis de voluntad política y disciplina para establecer el marco adecuado. Así, los miles de inversionistas, tanto nacionales como internacionales, que buscan oportunidades en proyectos de transición energética, podrán percibir a Colombia como el destino estratégico ideal para sus inversiones.
Por: Iván Darío Arroyave*
*El autor es consultor empresarial. Se ha desempeñado como presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, decano de postgrados de la Universidad EIA, director de posgrados en finanzas de la Universidad de la Sabana y consultor del Banco mundial.
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