Una bajada en la calificación traería mayores costos de endeudamiento para el Gobierno y el sector privado, el peso se devaluaría y las condiciones económicas serían más desafiantes.
La incertidumbre en torno al cumplimiento de la Regla Fiscal (RF), la no aprobación del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025 por el Congreso y el trámite legislativo de la reforma al Sistema General de Participación (SGP), que compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas, han llevado a un aumento de la prima de riesgo país, que medida por el Credit Default Swap (CDS) a 5 años, superó los 200 puntos básicos (pb).
Así lo advierte un informe de Investigaciones Económicas (IE) del Banco de Bogotá que relaciona los CDS -que son como una especie de seguro de impago- con la calificación, según el cual el mercado ya prevé una reducción del actual BB+ a BB.
No obstante, un entorno global más convulsionado ha hecho que el riesgo sea ahora más castigado que hace unos meses. Además, dado que una calificación BB se relaciona con un CDS de hasta 240 pb, queda un amplio espacio de deterioro y su consecuente impacto en el precio de los activos.
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Es más, dicho nivel podría superarse, si como es habitual el mercado sobrereacciona o se posiciona para una calificación aún más baja. Esto ya sucedió cuando Colombia perdió el grado de inversión.
Por lo pronto, señala el reporte de IE, la reacción de mercados es evidente con el CDS del país deteriorándose más que sus comparables y solo un buen manejo de las finanzas públicas podría dar revés a la situación.
El análisis advierte que una bajada en la calificación traería mayores costos de endeudamiento para el Gobierno y el sector privado, el peso se devaluaría y las condiciones económicas serían más desafiantes.
En 2021, Fitch y Standard and Poor’s (S&P) redujeron la calificación de Colombia de BBB-, que equivale al grado de inversión, a BB+.
Las advertencias del Carf
A las críticas al proyecto de acto legislativo que hace su curso en el Congreso se sumó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, que señaló que, en ausencia de medidas adicionales, la iniciativa que busca reformar las transferencias del Sistema General de Participaciones, SGP, implica un aumento de la deuda pública a niveles de no retorno (por encima del límite de 71% del PIB) y un incumplimiento de la Regla Fiscal.
“Esto comprometería la capacidad que tiene el Gobierno para honrar sus obligaciones, incluso las intransferibles. La situación fiscal actual, sin reforma al SGP, es ya retadora. Cumplir con la Regla Fiscal en 2024 y 2025 requiere lograr las metas de recaudo tributario y, en caso de que no se cumplan, medidas para recortar el gasto público. Además, el 83% del gasto es inflexible”.
De hecho, en ausencia de la reforma al SGP, estas transferencias se incrementarán desde 4,2% del PIB en 2024 hasta 5,7% del PIB en 2035, el máximo nivel histórico, lo cual representa un esfuerzo fiscal superior a una reforma tributaria promedio.
Pero con la reforma propuesta, las transferencias del SGP aumentarían hasta 8,2% del PIB, un incremento insostenible, según el Comité. “Compensar ese aumento implicaría ingresos adicionales equivalentes a tres reformas tributarias”.