Colombia, ávida de energía, pero ahuyentando la inversión

Los gremios del sector energético, basados en datos oficiales de la UPME y XM, alertan sobre un posible déficit de energía firme proyectado para el periodo 2026-2027.

En tal sentido, se hacen evidentes los riesgos que enfrenta el sistema eléctrico colombiano debido a la insuficiencia de proyectos de generación en marcha y el crecimiento sostenido de la demanda, lo que pone en peligro la capacidad de garantizar el abastecimiento energético del país en el futuro cercano.

El déficit proyectado se debe a retrasos en proyectos fundamentales de generación y de infraestructura de transmisión, lo cual es ocasionado básicamente por trabas legales, demoras burocráticas en licencias ambientales, conflictos sociales y dificultades para adquirir terrenos. 

Además, fenómenos como El Niño, que disminuyen la capacidad de las hidroeléctricas, junto con la falta de coordinación en los tiempos de los proyectos de generación y transmisión, agravan aún más la situación. A esto se suma que las inversiones han sido insuficientes para responder a la demanda en crecimiento y la diversificación de la matriz energética es aún incipiente.

Como si el panorama no fuera ya lo suficientemente crítico, con el país al borde de un racionamiento energético, el Gobierno Nacional añade un elemento que no solo profundiza la crisis, sino que acelera las consecuencias negativas.

Recientemente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) emitió la Resolución 101 066, que introduce, modificaciones que distorsionan severamente el mercado mayorista de energía en Colombia, pues se pasó de un mercado donde, los precios se formaban principalmente a través de la interacción entre la oferta y la demanda en la bolsa de energía a uno donde el gobierno lo techa artificialmente. 

Antes, los generadores ofertaban su energía a precios que reflejaban sus costos variables de producción y riesgos, mientras que los comercializadores compraban esta energía para abastecer a los consumidores finales, a través de contratos a plazo y en el mercado inmediato. Este mecanismo permitía que el precio de la energía fluctuara según las condiciones del mercado, incentivando la eficiencia y la competencia entre los generadores.

En situaciones de escasez, cuando la oferta no podía satisfacer plenamente la demanda, se activaba un “precio de escasez” predefinido, que actuaba como un techo para limitar el incremento desmedido de los precios y proteger a los consumidores de tarifas excesivamente altas. 

Este precio de escasez estaba establecido en $945 por kilovatio-hora (kWh) y se aplicaba de manera uniforme a todas las plantas generadoras, independientemente de su tecnología o costos de producción.

El esquema lograba equilibrar la necesidad de mantener precios razonables para los consumidores y, al mismo tiempo, asegurar que los generadores tuvieran incentivos adecuados para invertir en capacidad de producción y garantizar la confiabilidad del suministro eléctrico en el país.

Desafortunadamente, la nueva resolución rompe este principio de equilibrio de mercado al imponer precios diferenciados por tecnología en la Bolsa de Energía. Establece, un precio de escasez de $945 COP/kWh para plantas térmicas (gas, carbón y combustibles líquidos) y $359 COP/kWh para fuentes renovables, como solar y eólica. Esta intervención busca evitar que las tecnologías de bajo costo vendan su energía a precios elevados, distorsionando la dinámica natural del mercado.

Es necesario comprender que esta medida, basada en un simplismo ligero, busca únicamente reducir las tarifas desde el escritorio, ignorando por completo el funcionamiento universal de los mercados de energía. En estos, los precios se forman a partir del choque entre la oferta y la demanda, y cumplen un papel esencial al enviar señales claras a los generadores sobre cuándo invertir y aumentar la producción de energía. 

Un precio alto refleja un incremento en la demanda, lo que impulsa a los generadores a prepararse e incluso a firmar contratos a largo plazo, ya que es la propia dinámica del mercado la que proporciona las certezas básicas sobre el comportamiento de la demanda.

Ante todo, los generadores, guiados por la dinámica del mercado, pueden proyectar precios que les permiten estimar ingresos, evaluar rentabilidad y medir riesgos, haciendo viables sus proyectos. Sin embargo, si estos valores se vuelven inciertos y dependen de decisiones gubernamentales ajenas al mercado, desaparecen los incentivos para asumir el riesgo de producir en un negocio tan incierto. Mucho menos estarán dispuestos a comprometerse en contratos a plazo sin la certeza de que el precio final de liquidación será razonable y, al menos, cubrirá los costos.

Esta medida contradice no solo los principios de seguridad energética, sino también los objetivos de la transición energética. Gran parte de la motivación de los desarrolladores de proyectos radica en la competitividad que pueden alcanzar en el mercado energético general. Es esta perspectiva la que los impulsa a perseverar, a pesar de las enormes dificultades que enfrentan en un país con procesos complejos para obtener licencias ambientales, superar barreras sociales y garantizar la disponibilidad de una red de transmisión adecuada para distribuir la energía generada.

Así las cosas, mantener vigente la nueva resolución no solo dificultará el avance de los proyectos en curso, sino que también bloqueará la llegada de los nuevos que el país necesita con urgencia. Paradójicamente, lejos de reducir los precios, provocará un aumento significativo debido al desplome de la oferta, acelerando además la llegada del temido apagón.

Por: Iván Darío Arroyave*
*El autor es consultor empresarial. Se ha desempeñado como presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, decano de postgrados de la Universidad EIA, director de posgrados en finanzas de la Universidad de la Sabana y consultor del Banco mundial. 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia

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