¿Qué es el 'plan Marshall' que Petro construye para Colombia en torno a la transición climática? El valor total del grupo de proyectos alcanza los 40.000 millones de
El Gobierno Nacional ha estado presentando a la comunidad internacional un listado de proyectos potenciales que considera necesarios para la descarbonización de la economía del país, denominado Portafolio para la Transición Climática. El presidente de la Republica literalmente dice que este es un Plan Marshall para Colombia.
El valor total de este grupo de proyectos lo estima en 40.000 millones de dólares, de los cuales 14.500 millones (37%) estarían destinados a la transición energética.
Si bien la iniciativa es loable, desde una perspectiva estrictamente metodológica en el ámbito de la transición energética, presenta intenciones ambiciosas, pero al mismo tiempo sobre simplifica conceptualmente el camino hacia su ejecución al no abordar los obstáculos estructurales que impiden su viabilidad.
La transición energética requiere más que definir nombres y ubicaciones de proyectos, o estimar de manera general sus costos. Comparar este portafolio con el Plan Marshall resulta una exageración, ya que carece de la planificación estratégica, financiamiento asegurado y condiciones estructurales que caracterizaron al plan que permitió la reconstrucción económica de Europa después de la segunda guerra mundial.
Cuando el gobierno de Gustavo Petro habla de un “Plan Marshall para Colombia”, seguramente busca hacer un paralelo con la necesidad de una gran inversión internacional para transformar la economía del país hacia la descarbonización. Sin embargo, el Plan Marshall original fue un programa con objetivos claros, reglas definidas y medidas concretas para facilitar la inversión y la reconstrucción, algo que en el caso colombiano todavía no se ha resuelto.
Aunque la transformación del sector energético requiere inversiones considerables, antes de enfocarse en atraer recursos con un discurso ambientalista, el gobierno debería plantearse una cuestión fundamental: ¿Cuál es la hoja de ruta y las medidas efectivas para destrabar los proyectos y fortalecer la confianza del sector privado?”.
La transición energética en Colombia no despega por falta de recursos, sino por la parálisis estructural que impide su ejecución. No basta con anunciar intenciones y sus costos si los proyectos siguen bloqueados por licencias ambientales represadas, una burocracia ineficiente y una inseguridad jurídica que frena la inversión.
En tal sentido, se pueden describir los principales factores que tienen rezagada la transición energética:
- Licencias ambientales eternas
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) enfrenta procesos lentos y engorrosos. Proyectos eólicos y solares llevan años en trámites sin avances reales, mientras la demanda energética sigue creciendo.
- Consultas previas en un limbo legal
La inseguridad jurídica en los procesos con comunidades indígenas y afrodescendientes ha convertido este requisito en un obstáculo insalvable. El gobierno no ha definido un equilibrio claro entre desarrollo energético y derechos comunitarios.
- Inestabilidad jurídica y regulatoria
El sector privado se enfrenta a un entorno normativo cambiante e impredecible. Desde decisiones sobre tarifas de energía hasta cambios en contratos de hidrocarburos, la incertidumbre ha generado un efecto disuasorio en la inversión.
- Desconfianza del sector privado
Mientras el gobierno pide recursos para la transición, muchos inversionistas dudan en comprometer capital en Colombia debido a la incertidumbre política y económica. Sin reglas claras y estabilidad en la política energética, la inversión vigente no permanecerá y la potencial identificará destinos más sólidos.
El plan colombiano, aunque ambicioso en sus objetivos financieros, parece estar construido sobre supuestos simplistas que no consideran la complejidad de los desafíos estructurales existentes. Sin una hoja de ruta detallada, que incluya metas concretas y estrategias para superar oportunamente los obstáculos mencionados, la transición energética corre el riesgo de quedarse en el papel. Es imperativo que el gobierno aborde estos desafíos de manera integral, creando un entorno atractivo para la inversión privada, con reglas claras, procesos eficientes y una infraestructura robusta que garantice la rentabilidad y minimice los riesgos para los empresarios interesados en participar en la transformación energética del país.
Por: Iván Darío Arroyave*
*El autor es consultor empresarial. Se ha desempeñado como presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, decano de postgrados de la Universidad EIA, director de posgrados en finanzas de la Universidad de la Sabana y consultor del Banco mundial.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia
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