Con un Presupuesto General de $523 billones para 2025 expedido por decreto, el más grande de la historia del país, el Gobierno enfrenta una delicada situación de caja y el escrutinio de los mercados locales e internacionales.
A comienzos de diciembre, el Gobierno vendió TES por $1,3 billones, con lo cual sus tenencias de estos papeles con los que se financia terminaron el año en $160.000 millones de un stock de deuda total de $582 billones.
“Lo que esto nos dice es que el Gobierno salió a vender todos los papeles que tenía para poder tener un poco de liquidez, porque los problemas de caja se mantienen”, explica Munir Jalil, economista jefe para la Región Andina de BTG Pactual.
Con un Presupuesto General de la Nación, PGN, de $523 billones para 2025 expedido por decreto, el más grande de la historia del país, el Gobierno, que además tiene problemas de ejecución, enfrenta la posibilidad de incumplir la Regla Fiscal y de tener que realizar un recorte mucho mayor al de 2024 ($28,4 billones), cuando el PGN fue de $502,6 billones.
“La posibilidad de pasar la Regla Fiscal con esos déficit es muy de para arriba, el chance de que el Comité de la Regla Fiscal, Carf, tome la decisión de decir que se incumplió es del 50%”, explica Jalil que prevé un déficit de 6% para 2024, superior al 5,6% proyectado por el Gobierno.
A juicio suyo, el cumplimiento de la Regla va a depender de si ciertos ingresos son considerados estructurales o transitorios.
Tan retadora es la situación fiscal que el propio gobierno ya anunció recortes, un plan de austeridad y la presentación de una nueva Ley de Financiamiento en el Congreso por $12 billones, que según los críticos tiene pocas posibilidades de éxito tras el hundimiento de un proyecto similar en la última legislatura.
A pesar de ello, el director de Planeación Nacional, Alexander López, dijo que el equipo económico prevé volver al Congreso “ya sea con una reforma tributaria o nuevamente con un proyecto de ley de financiamiento, que también nos lo permite la Constitución y la ley”.
Dijo que es clave que el legislativo entienda que se requieren esos recursos para la inversión pública, social, en educación, salud, deporte, cultura, que quedaron afectados con la decisión del Congreso de hundir la ley de financiamiento el año pasado.
Agregó que se van a revisar las vigencias futuras, sobre todo en proyectos en los que los contratistas han incumplido y que el Gobierno ha honrado sus compromisos.
También anotó que se trabaja en un plan de austeridad que determina “un gran recorte, especialmente en aquellos contratos que deben ser recortados, entendiendo que venían de gobiernos anteriores y que en buena medida no son necesarios para el Gobierno”.
De la misma manera, agregó, “se están suspendiendo grandes campañas publicitarias que se tenían previstas para informarle al país qué acciones estábamos adelantando como Gobierno. Se cancelan también viajes al exterior y viajes a algunas regiones”.
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‘Colombia no es Brasil, pero la tendencia preocupa’
Con unos ingresos tributarios proyectados de $268,4 billones al término de 2024 ($11 billones por debajo de lo previsto en el Marco Fiscal del propio gobierno), no todos los analistas compran el discurso de la administración Petro.
Mauricio Cárdenas, ex ministro de Hacienda, sostiene que el país no puede caer en la trampa de creer que el Gobierno no tiene plata.
“Este gobierno tiene más plata de la que ha tenido cualquier gobierno, en proporción al tamaño de la economía”, dice Cárdenas. “Lo que pasa es que la gasta mal, en actividades que no son visibles para los colombianos, sí para los interesados, como más sueldo a ciertos empleados estatales, y para crear más cargos en la Cancillería o la Unidad Nacional de Protección”.
Según Cárdenas, el Gobierno ha fracaso en usar los recursos que tiene generar más bienestar para los colombianos.
“¿Cuáles son las carreteras o los hospitales que se han construido? Si el Gobierno fuera serio, no sacaría un decreto anunciando que se cancela el viaje a Davos o que se reducen los viáticos. Reversaría la creación del Ministerio de la Igualdad, reduciría el tamaño del Estado o definiría cuáles funciones se van a delegar a los departamentos o municipios”.
“Colombia no es Brasil, pero la tendencia preocupa, demandando una respuesta oportuna”, dice Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, al aludir al país vecino que enfrenta una crisis de confianza, lo que ha provocado una fuerte depreciación del real y un aumento significativo de las tasas de la deuda pública.
De hecho, los activos colombianos se han visto golpeados ante el temor de los mercados acerca de la posibilidad de que Colombia siga los pasos de Brasil en los próximos años.
“Desde 2022, el mercado de deuda soberana ha estado descontando al menos dos rebajas de la calificación crediticia de Colombia desde el nivel actual de BB+ hasta BB- vs. BB de Brasil, con sus ‘credit default swaps’, CDS, a 5 años cotizando por encima de los de Brasil desde agosto de 2022, aunque recientemente han convergido”, explica Velandia.
A pesar de ello, Velandia sostiene que Colombia se encuentra en una mejor posición, considerando los niveles de déficit fiscal, carga de intereses y deuda, así como la credibilidad del Marco Fiscal con base en las señales recientes de los gobiernos.
Sin embargo, señala que las tendencias recientes en las cuentas fiscales de Colombia son preocupantes, por lo que es probable que se mantenga una prima de riesgo elevada durante 2025 en los activos domésticos.
“En general, creemos que el rendimiento de los TES a 10 años podría alcanzar niveles entre el 10% y el 10.5% una vez se calmen las aguas en los mercados globales”, señala Velandia, al advertir que reducción adicional de la prima de riesgo requerirá medidas estructurales tanto por el lado de los ingresos como de los gastos para evitar una tendencia insostenible de la deuda a largo plazo.
Según el experto, esto incluye la necesidad de fortalecer la credibilidad del Marco Fiscal evitando la inclusión de ingresos no recurrentes y de fuentes de ingreso inciertas en la programación presupuestal, así como la importancia de presentar estimaciones claras y sólidas del impacto fiscal derivado de las diferentes propuestas de reforma del gobierno, bajo un firme compromiso con la regla fiscal.
“Será clave una estrategia clara para el sector de petróleo y gas, dada su importancia para los ingresos fiscales. En el corto plazo, los anuncios sobre ajustes en el gasto serán el foco principal. Nuestras estimaciones sugieren que la eliminación total de la prima de riesgo podría llevar el rendimiento de los TES a 10 años hacia el 8.5%-9%”, concluye.
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