Colombia cuenta hoy con dos escenarios para definir el futuro de su sistema de salud, uno de los más aplaudidos a nivel mundial: restaurarlo o desmantelarlo. ¿Qué hará el Gobierno?
Colombia enfrenta un fenómeno insólito y contradictorio, pues a pesar de contar con un sistema de salud reconocido internacionalmente por sus destacados índices de cobertura y acceso, el actual gobierno insiste, mediante sus pronunciamientos, acciones y omisiones, en desmantelarlo por completo.
Esto ocurre sin considerar de manera pragmática la posibilidad de realizar los ajustes estructurales de optimización al modelo, lo cual resulta apenas natural en un sistema relativamente joven, pero que, en un amplio sentido, ha demostrado ser funcional y efectivo, a pesar de tener retos de mejora en aspectos como la regulación, el control y la supervisión, el financiamiento, la calidad de la atención, cobertura plena en zonas rurales, y la adopción de innovación y tecnología.
La raíz de esta postura se encuentra en un rechazo ideológico y de extremo simplismo conceptual hacia la participación privada de las EPS, bajo el argumento de que estas, en general, priorizan el lucro sobre la calidad y el impacto de los servicios.
Sin embargo, esta percepción ignora que, lejos de ser un obstáculo, estos actores privados han sido pilares fundamentales para el desarrollo y la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia. Su papel gerencial ha sido vital en un modelo que, desde la implementación de la Ley 100 de 1993, ha demostrado resultados extraordinarios.
Es así como cifras del Ministerio de Salud y Protección Social muestran que desde su implementación la cobertura creció exponencialmente hasta consolidarse en un aseguramiento del 99,6% en 2022 y del 98,93% en 2023, posicionándolo como un sistema prácticamente universal.
En contraste, el gobierno parece abogar por un modelo de salud estatizado, similar al antiguo y disfuncional Instituto de los Seguros Sociales (ISS), que, según el documento de exposición de motivos de la Ley 100, en sus seis décadas de existencia solo “alcanzó una cobertura máxima del 24 %”, con el agravante de que tuvo niveles de calidad ampliamente cuestionados.
Este evidente desgano del gobierno hacia el sistema de salud vigente se refleja en el auto de la Corte Constitucional 007 de 2025, emitido recientemente, en el cual se dan instrucciones tan precisas, claras y completas al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda, que estas podrían considerarse como una hoja de ruta para superar la crisis de financiamiento que padece el sector, dado que el gobierno, por iniciativa propia no ha mostrado clara voluntad para resolverla.
La Corte evidenció una grave fragilidad y deficiencia en la gestión financiera del sector por parte del gobierno y, ante ello, le ordena adoptar una serie de medidas en los puntos críticos para corregir la subpresupuestación y la subfinanciación que han afectado al sistema.
En tal sentido, el auto se centra en la deficiencia técnica identificada en la estimación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante los últimos dos años, que es el valor que el gobierno reconoce a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado en el sistema de salud.
En este contexto, la Corte deja claro que esta falla no solo ha distorsionado el cálculo real de los costos del sistema, sino que ha profundizado un déficit acumulado que pone en riesgo la sostenibilidad financiera del modelo de aseguramiento en salud.
La magnitud del problema es evidente, pues, entre 2022 y 2024, ACEMI y ANIF estiman que dicho déficit ronda los 10 billones de pesos, mientras que la ANDI lo sitúa en 15,5 billones, y todas las proyecciones coinciden en que, con el aumento del 5,36 % definido por el gobierno para 2025, el déficit se incrementaría en otros 10 billones al cierre del año.
Por primera vez, se le exige legalmente al gobierno que despolitice y haga más transparente la determinación de los recursos destinados a la salud de cada colombiano y que establezca este valor sobre una base técnica rigurosa.
La Corte Constitucional reclama que el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se realice con criterios actuariales sólidos, considerando factores como los costos reales de los servicios y tecnologías, las frecuencias de siniestralidad, el crecimiento de la demanda, y el impacto de las principales variables macroeconómicas.
En esencia, la Corte ordena al Gobierno ejercer su función con rigor técnico, garantizar la recolección completa y oportuna de la información necesaria para los cálculos financieros y establecer mecanismos de gestión y control efectivos que aseguren una financiación adecuada y sostenible.
De manera explícita, la Corte ordena al Ministerio de Salud realizar los ajustes correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2024, basándose en un análisis de suficiencia desde 2021 y considerando el impacto de los rezagos acumulados en los cálculos previos. Además, exige recalcular la UPC de las próximas vigencias teniendo en cuenta, como mínimo, el IPC proyectado, la inflación, las nuevas inclusiones, el rezago existente y los ajustadores de riesgo. Asimismo, le instruye que, dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto, convoque una mesa de trabajo para revisar la suficiencia de la UPC de 2024, con la participación del Ministerio de Hacienda, la ADRES, la Procuraduría, la Contraloría y las EPS, entre otros actores del sistema de salud.
Ante este fallo histórico el gobierno debe decidir entre dos rutas opuestas:
- Aprovechar la oportunidad para restaurar y fortalecer el actual sistema de salud con datos reales, planificación financiera sostenible y medidas que corrijan las fallas estructurales.
- Persistir en la desfinanciación progresiva de las EPS hasta su eventual desaparición, respondiendo a la Corte de manera superficial y formalista, con ajustes mínimos que no resuelven el problema de fondo. En vista de este escenario, la sociedad civil, los organismos de control y el sector salud deben mantenerse vigilantes para exigir que el gobierno implemente soluciones reales y efectivas, sin dilaciones ni estrategias que eludan el cumplimiento de las órdenes de la Corte.
Por: Iván Darío Arroyave*
*El autor es consultor empresarial. Se ha desempeñado como presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, decano de postgrados de la Universidad EIA, director de posgrados en finanzas de la Universidad de la Sabana y consultor del Banco mundial.
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