Estamos repitiendo la historia del gobierno de Ernesto Samper, en los 90, que gastó en exceso, endeudó al país, generó desconfianza en el sector privado y terminó en un acuerdo con el FMI.
El país enfrenta un escenario muy delicado en materia de finanzas públicas porque el recaudo no se está cumpliendo -2024 fue ejemplo de lo anterior- por varias razones: Una, porque el crecimiento es muy exiguo, pobre. Dos, porque el crecimiento está soportado en la administración pública, que claramente no es tributante. Tres, porque se incluyeron previsiones de ingresos fiscales que se sabía que no se iban a cumplir, como el tema de arbitramento de litigios.
Por otro lado, porque simultáneamente, además de la realidad de ingresos, tenemos un problema de exceso de gastos de funcionamiento, que genera una presión muy complicada a las necesidades de recursos de la Nación. Entonces, estamos teniendo dificultades por el lado de los ingresos y del gasto, fruto de lo cual el déficit fiscal volvió a aumentar del 4,6% al 6,8%, como en un año de pandemia, después de tres años de disminución, y también lo hizo la deuda pública respecto al PIB tras años de disminución.
El escenario al que estamos abocados, así el Gobierno diga lo contrario, es el de un incumplimiento de la regla fiscal en 2024. Y evidentemente no lo va a lograr en 2025, y ya no va a haber argucia jurídica o metodológica para decir que sí la cumplió. Porque va a ser difícil de lograr cuando la necesidad de recorte es de $52 billones. No de congelamiento, sino de recortes. Hasta el momento han congelado $12 billones.
Estamos ante una situación muy compleja. De hecho, las calificadoras y los inversionistas la han descontado, por eso el comportamiento de la prima de riesgo-país, por eso el financiamiento de Colombia está siendo mucho más caro que el que teníamos. Y, en ese orden de ideas, esto genera menos espacio para el financiamiento del sector productivo, porque los costos se vuelven más altos.
Es cierto que siempre ha existido una inflexibilidad en el Presupuesto General de la Nación, PGN, que hay que solucionar estructuralmente. La única forma es reduciendo el tamaño del Estado por lo menos al 30%. En forma simultánea, hay decisiones que se toman que generan más inflexibilidad. Por ejemplo, las órdenes de prestación de servicios han crecido en un 100% en estos dos años largos. Eso es burocracia y más gasto. Lo mismo pasa con los gastos de nómina: solo entre 2023 y 2025 han crecido, en promedio, un 20% anual. Es decir, el Gobierno no ayuda y sus decisiones inflexibilizan aún más el Presupuesto General, con un agravante: que todavía no se incorporan en el mismo decisiones que generan costos, como la reforma pensional o la de la salud.
Para enfrentar la situación, lo que están haciendo es un juego de caja. Dejan de girar, como las empresas que están teniendo dificultades en el sector privado. Cuando enfrentan problemas empiezan a frenar caja. Se frena la caja en subsidios de gas, en infraestructura, en Icetex, etc, pero hacerlo es patear el problema hacia delante. El problema es estructural y tiene que tener soluciones que no se circunscriben a un manejo de caja.
La reforma al sistema general de transferencias, SGP; la reforma pensional o lo que se ha propuesto en salud, es el típico caso de una improvisación. Todas esas reformas, incluyendo la laboral, generan costos adicionales, y allí es donde el Gobierno ha sido irresponsable en la expedición de unos conceptos de aval fiscal que claramente no tienen ningún fundamento. La reforma pensional genera unos costos anuales adicionales que no están por ningún lado. Al problema que tenemos actualmente le vamos a ir agregando problemas adicionales. En la reforma del SGP, como dice el exministro Juan Camilo Restrepo, nos pusimos los zapatos y después las medias, ya que genera el compromiso de girar unos recursos a los entes territoriales, definidos constitucionalmente, supuestamente supeditados a una ley. Todos sabemos que los actos legislativos no se supeditan a leyes, ya que priman sobre la ley. El incentivo perverso va a hacer que disminuyan las competencias sin abordar el problema del tamaño del Estado. Tenemos un ingreso que hay que entregar pero no tenemos claridad de dónde provendrá.
Las finanzas públicas van a ser una herencia maldita para el próximo gobierno. Será la herencia más peligrosa de esta administración. Se va a parecer mucho a la herencia del gobierno de Ernesto Samper al de Andrés Pastrana, en 1998. Estamos repitiendo la historia de un gobierno que gastó en exceso, endeudó al país, generó desconfianza en el sector privado y que terminó en un acuerdo con el FMI.
Por: José Manuel Restrepo
Ex ministro de Hacienda y Rector Universidad EIA.
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