La presión por reducir costos y garantizar el suministro energético ha desplazado al cambio climático del centro del debate, sin que ello signifique que la agenda ambiental haya perdido relevancia. ¿Cómo queda Colombia en este panorama?
La conversación global sobre la transición energética ha entrado en una nueva etapa. El más reciente reporte de Boston Consulting Group, “After the Global Elections: What’s Next for the Energy Transition”, sostiene que el impulso hacia una economía baja en carbono ya no es solo una cuestión de conciencia ambiental, sino un tema cada vez más moldeado por el contexto político, la seguridad energética y la asequibilidad.
En un mundo donde más de 60 países (que representan el 60% de las emisiones globales) celebraron elecciones en 2024, el mandato político para avanzar en la transición energética ya no es monolítico. La presión por reducir costos y garantizar el suministro energético ha desplazado al cambio climático del centro del debate, sin que ello signifique que la agenda ambiental haya perdido relevancia.
En Colombia, esta reflexión no puede esperar. Aunque existe consenso técnico y político sobre el potencial del país para liderar en energías renovables, la ejecución avanza más lento de lo proyectado. A junio de 2024, la capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) y soluciones híbridas en las Zonas (ZIN) es de 79,04MW, frente a una meta de 6,000 MW para 2026. La diferencia evidencia los desafíos para capitalizar ventajas naturales, especialmente en zonas como La Guajira, donde el recurso solar y eólico es excepcional.
Por otra parte, la transición energética en Colombia no puede prescindir de los hidrocarburos, y necesitará un rol creciente del gas para garantizar la confiabilidad del sistema. Más aún, debe ser prioritario garantizar un suministro estable y asequible, evitando dependencia excesiva de importaciones.
El reporte de BCG plantea que los gobiernos no están abandonando la transición, sino redefiniendo su enfoque. Para Colombia, esta evolución representa una oportunidad: el país no tiene aún una matriz energética completamente consolidada en energías renovables no convencionales, pero sí cuentan con un marco regulatorio en evolución, un sector empresarial comprometido y una necesidad clara de diversificación energética.
Lo que viene es una transición más pragmática. Ya no se trata solamente de acelerar, sino de hacerlo bien: garantizando estabilidad regulatoria para fomentar inversiones, simplificando procesos como el licenciamiento, fortaleciendo la infraestructura de transmisión (que representa hoy la principal barrera), impulsando mecanismos de financiación y acceso a capital, y construyendo acuerdos sociales sólidos con las comunidades que habitan los territorios estratégicos.
Mientras países desarrollados adaptan sus políticas para proteger a los consumidores de los costos de la transformación energética, Colombia debe evitar reproducir las inequidades del pasado. El modelo de comunidades energéticas y la generación distribuida deben jugar un rol cada vez más importante en la estrategia nacional. Además, resulta crucial tener una estrategia tecnológica clara: impulsar alianzas estratégicas con países líderes en manufactura para garantizar suministro y transferencia tecnológica y fomentar la fabricación local de ciertos componentes.
El mundo ha cambiado. Y como bien señala el reporte de BCG, la transición energética entró en una fase más compleja, pero también más madura. Colombia tiene el potencial para ser protagonista en esta nueva etapa. Para lograrlo, deberá construir un sistema energético no solo más limpio, sino también más resiliente, inclusivo y adaptado a su propia realidad.
Por: Álvaro Martínez de Bourio*
*El autor es managing Director & Senior Partner de BCG.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.
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