Mecanismo bursátil para corregir las distorsiones del mercado de combustibles en Colombia

El actual sistema de precios de los combustibles en Colombia arrastra distorsiones estructurales como, falta de competencia real, precios que no reflejan las condiciones de mercado, subsidios crecientes, ausencia formal de contratos a plazo y una cadena dominada por un solo actor (Ecopetrol). 

Esta columna presenta una propuesta para corregir esas y otras fallas mediante un mecanismo bursátil que permitiría estructurar un mercado organizado, eficiente y moderno. 

En un mercado funcional, los precios de los combustibles se forman por la competencia entre oferentes en respuesta a la demanda, reflejando costos reales, eficiencias operativas y condiciones de escasez, sin distorsiones artificiales ni privilegios regulatorios.

En tal sentido, los precios se alinean con referencias internacionales y envían señales claras a consumidores e inversionistas, evitando que los costos de las ineficiencias recaigan sobre el Estado o los usuarios finales.

En Colombia, los precios de la gasolina y el diésel no los fija el mercado, sino unas formulas controladas por el gobierno. Aunque incorporan costos estimados, márgenes regulados e impuestos, muchos de sus datos provienen de Ecopetrol o del propio gobierno, sin verificación externa ni trazabilidad pública suficiente, lo que reduce la transparencia del sistema.

Lo que debería funcionar como un precio de referencia opera hoy como un precio impuesto desde un escritorio, sin permitir que productores más eficientes o importadores alternativos compitan en igualdad de condiciones. Ello, con el agravante de que el llamado “precio de paridad internacional” —que estima cuánto costaría importar el combustible— se calcula con supuestos cerrados y sin validación externa. Y cuando el precio al consumidor se fija por debajo de ese nivel, es el Estado, a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), quien asume la diferencia, generando subsidios crecientes y una presión fiscal insostenible.

El resultado es un sistema cerrado que limita la competencia, distorsiona las señales económicas e impide reconocer la eficiencia productiva y logística, así como el mérito ambiental de los combustibles. 

La solución a estas ineficiencias no puede reducirse simplemente a liberar el mercado con el argumento de que eso promoverá la competencia, pues una medida de esa magnitud exige una preparación rigurosa, ya que desde 1999 el país se ha habituado a un modelo intervenido, con múltiples intereses en juego, como la soberanía energética, los subsidios al consumidor y los ingresos que recibe la Nación a través de Ecopetrol, donde es el accionista mayoritario.

Grave error sería liberalizar sin antes contar con un mercado organizado y confiable, con reglas claras sobre calidad, mecanismos habilitantes, información accesible, garantías, contratos verificables, registro de operaciones y gestión de riesgos.

Eso fue precisamente lo que ocurrió en México, cuando en 2017 se liberalizaron las importaciones de gasolina y diésel sin contar con una infraestructura institucional sólida ni reglas de mercado bien definidas. La falta de contratos confiables, trazabilidad, controles efectivos y condiciones de competencia generó desorden, crecimiento del mercado informal y prácticas irregulares. Años después, el gobierno tuvo que revertir parcialmente la apertura y devolver el protagonismo a Pemex ante la incapacidad del sistema para autorregularse.

Por ello, considero que el país debe estructurar, reglamentar y poner en marcha un mercado bursátil organizado, operado por un Gestor del Mercado de Combustibles Líquidos (GMCL), una entidad imparcial y técnica encargada de administrar un sistema de registro de todos los contratos del mercado, la asignación y subastas periódicas para gasolina, diésel y biocombustibles, basado en mérito ambiental, eficiencia productiva y logística.

El GMCL sería responsable de publicar precios de referencia validados en el mercado, admitir y registrar la certificación por lote los atributos físicos y ambientales de los combustibles, garantizar trazabilidad digital, y monitorear el cumplimiento de los agentes. 

En ese contexto, las fórmulas de precios actualmente vigentes para los combustibles fósiles y los biocombustibles podrían conservarse y perfeccionarse, siempre que se transformen en un precio base ambiental trasparente y que sirva como punto de partida para la competencia por mérito.

Este precio, fijado por el regulador, actuaría como punto de partida obligatorio dentro de un mercado organizado, en el que múltiples actores compitan libremente por adjudicación, no solo por precio, sino por calidad ambiental. Así, se incentivaría la eficiencia operativa y se premia el mérito ambiental de los combustibles.

En ese mismo sentido, los distribuidores mayoristas deberían asumir metas obligatorias de reducción de emisiones, que vayan más allá del simple porcentaje de mezcla (combustible fósil-biocombustible), respondiendo por el cumplimiento de objetivos nacionales de huella de carbono en los combustibles que comercializan o, en su defecto, compensando la diferencia mediante certificados ambientales.

Este enfoque ya es realidad en programas de países como Brasil (RenovaBio), Estados Unidos (Low Carbon Fuel Standard – LCFS, en California, Oregón y Washington), Canadá (Clean Fuel Regulations – CFR), la Unión Europea (Fuel Quality Directive y RED II) y el Reino Unido (Renewable Transport Fuel Obligation – RTFO), donde los distribuidores están obligados a reducir o compensar sus emisiones bajo marcos regulatorios estrictos.

El modelo podría iniciar con biocombustibles (bioetanol y biodiésel) y avanzar gradualmente hacia gasolina y diésel. A partir del precio base ambiental definido por el gobierno, se organizarían asignaciones y subastas por mérito ambiental, en las que los productores locales e importadores competirían demostrando certificaciones de baja huella de carbono. Las ofertas más limpias serían asignadas primero, y podrían recibir una prima ambiental, incentivando mejoras tecnológicas y prácticas sostenibles.

Así, los consumidores accederían a combustibles diferenciados según su impacto ambiental y su trazabilidad, pagando precios que reflejen tanto la eficiencia de la cadena como la calidad ambiental del producto.

Los beneficios concretos del modelo bursátil serian:

• Mejores precios para los consumidores, al promover competencia real entre oferentes y eliminar distorsiones del modelo monopólico actual.
• Reducción progresiva de subsidios
• Mayor eficiencia operativa, porque cada actor compite con su tecnología, sus costos y su trazabilidad.
• Impulso a la transición energética, al hacer económicamente atractiva la mejora ambiental del combustible.
• Seguridad jurídica y trazabilidad, mediante contratos registrados y reglas uniformes de mercado.
• Planeación ordenada, al permitir una implementación gradual que respete los ritmos de madurez del sistema.

Este esquema no elimina la intervención estatal, sino que redefine su rol al reemplazar la fijación de precios y los subsidios ineficientes por la garantía de un mercado funcional, transparente y ambientalmente responsable.

Por: Iván Darío Arroyave*
*El autor es consultor empresarial. Se ha desempeñado como presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, decano de postgrados de la Universidad EIA, director de posgrados en finanzas de la Universidad de la Sabana y consultor del Banco mundial. 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia

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