El déficit proyectado para este año solo es superado por el de pandemia. Según MinHacienda, mantener la regla fiscal comprometería la estabilidad económica y el proceso de reactivación.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, confirmó la suspensión de la regla fiscal durante tres años mediante la activación de la cláusula de escape y anunció que el mayor déficit de 2025 (7,1% del PIB en vez de 5,1% previsto inicialmente) se financiará con emisión de deuda y una reforma tributaria con la que se buscaría recaudar $19 billones.

“No tomar esta decisión comprometería la estabilidad económica y el proceso de reactivación”, dijo Ávila al confirmar el aval del Confis, lo que le permitirá al gobierno mantener el actual nivel de gasto.

El déficit de 7,1% del PIB (más de $120 billones) solo es superado por el 7,8% de 2020 (año de inicio de la pandemia), pero supera el 7% de 2021; el 6,8% de 2024; el 6,4% de 1999 (la peor recesión antes de la pandemia) y el de 5,3% de 2022.

Con esto, la deuda llegará al 61,3% del PIB, 63% en 2026 y 63,8% en 2027, los niveles más altos en la historia del país. A partir de 2028 se reduciría gradualmente hasta alcanzar 62,9% del PIB en 2030 y a 61,3% en 2036, si se cumplen los supuestos.

La activación de la cláusula de escape fue tomada a pesar del concepto negativo del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, que señaló que la decisión del Ministerio implica un desvío respecto de las metas fiscales de 2,1 pp del PIB en 2025; para 2026, de 1,4 pp del PIB y, para 2027, de 0,8 pp del PIB.

“No se encuentra en la solicitud del Ministerio de Hacienda una explicación suficiente de la pertinencia de la cláusula en una situación fiscal como la actual. El principal desbalance macroeconómico en la actualidad es precisamente el desequilibrio fiscal”, señaló el Carf.

Ávila Plazas insistió en la necesidad de un Pacto Fiscal que involucre al Congreso y los principales actores de la economía, teniendo en cuenta que se requieren reformas que recompongan el gasto en el corto plazo y promuevan ajustes estructurales sostenibles en el mediano plazo.

De hecho, según las cuentas de MinHacienda, será necesario un aumento en los ingresos que permita movilizar recursos por 1 punto porcentual del PIB en 2026 y, en promedio, 1,4 pp entre 2027 y 2028.

“El 86% del gasto en 2025 es inflexible, siendo el pago de intereses, las transferencias del SGP y las del sistema de seguridad social las que explican el 78% de este componente”, señaló. 

Sin embargo, destacó que la economía se está recuperando, lo que se refleja en las cifras de desempleo, la inflación a la baja y estabilidad en la tasa de cambio, a pesar de la guerra de aranceles. 

“Vamos a tener un crecimiento de 2,7% en 2025 y 3% en 2026, lo que confirma la buena salud de la economía”, destacó el ministro en cuyas cuentas la inflación cerraría este año en 5,2% y en 4,5% en 2026.

Con una inflación a la baja, Ávila dijo que están dadas las condiciones para que el Banco de la República continúe con la senda de reducción de su tasa de intervención de 9,25%, lo que consolidaría el proceso de reactivación. 

Durante 2024, el déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) escaló hasta el 6,8% del PIB, una cifra solo comparable con la registrada durante la pandemia. Esta tendencia se agravó en el primer trimestre de 2025, cuando el déficit móvil a 12 meses alcanzó el 7,6% del PIB, el nivel más alto desde que se tiene registro para ese periodo.

Este desbalance responde a la pérdida de ingresos extraordinarios derivados del auge de los precios internacionales del petróleo y el carbón en 2022 y parte de 2023. Estos ingresos no fueron sustituidos por una mayor tributación estructural, mientras el gasto público permaneció en niveles elevados. 

De hecho, el gasto corriente, especialmente en transferencias y pago de intereses de la deuda, ha crecido de forma significativa. A marzo de 2025, estos rubros superan en 2,9 puntos porcentuales del PIB el promedio histórico de los últimos diez años, mientras que el gasto en inversión ha sido más bajo.

Renzo Merino, analista soberano de Moody’s para Colombia, dijo que la decisión del gobierno de suspender la regla fiscal por tres años es negativa porque confirma que el deterioro del déficit y las métricas de deuda observadas en 2024 se va a repetir en el 2025. 

Moody´s, la única de las tres grandes calificadoras que mantiene el grado de inversión a Colombia en Baa2 aunque con perspectiva negativa, ya había alertado del posible incumplimiento de la regla fiscal en 2025 y ante el anuncio de su suspensión consideró más que probable la rebaja de la calificación.

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