La reconstrucción fiscal que le espera al próximo Presidente

El 7 de agosto de 2026, Colombia estará en una situación fiscal grave que ya es plenamente conocida. El próximo presidente no tendrá excusas y deberá llegar con una estrategia clara y viable para corregir los desequilibrios profundizados por el actual gobierno, reconstruir la sostenibilidad fiscal y asumir las decisiones estructurales difíciles que no se tomaron por populismo, indisciplina o ausencia de rigor técnico.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 (MFMP), recientemente presentado por el gobierno, revela que la situación de las finanzas públicas de Colombia es crítica y podría empeorar si no se adoptan medidas estructurales. El déficit fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) cerró en 2024 en 6,7 % del PIB y se estima que alcanzará el 7,1 % en 2025. Esta cifra representa un desvío sustancial frente a la meta original del gobierno para 2025, que era de 5,1 %, lo que refleja la magnitud del deterioro fiscal acumulado.

La deuda neta del Gobierno también viene en aumento. En 2024 fue de 59,3 % del PIB, se estima que subirá a 61,3 % en 2025 y llegará a 63 % en 2026. En todos los casos, estas cifras superan con holgura el límite legal de sostenibilidad de la deuda del 55 % del PIB, establecido en la Ley 1473 de 2011 y ratificado por la Ley 2155 de 2021.

Ante el desbordamiento de las cuentas fiscales, el gobierno ha recurrido a la llamada cláusula de escape de la regla fiscal, una figura legal excepcional que permite suspender temporalmente (hasta por tres años) los límites de déficit y deuda cuando se presentan hechos extraordinarios. La justificación oficial es que no existe otra alternativa viable para garantizar el funcionamiento del Estado. Sin embargo, su activación ha sido fuertemente cuestionada, pues la ley establece que esta herramienta solo debe utilizarse ante situaciones excepcionales e imprevistas. En este caso, el deterioro fiscal no fue sorpresivo ni ajeno, sino consecuencia de desequilibrios estructurales que ya eran conocidos desde el inicio del gobierno.

El problema no es solo el uso de la cláusula de escape, sino también la ausencia de un plan estructurado de corrección. El propio Marco Fiscal estima que el ajuste necesario equivale a 2,1 % del PIB en el corto plazo y hasta 4 % en el mediano plazo, pero la única medida concreta que el gobierno propone es una reforma tributaria con la que espera recaudar apenas 0,7 % del PIB, es decir, unos 19 billones de pesos. No hay claridad sobre su contenido, su alcance ni su viabilidad política, y las condiciones actuales del Congreso hacen muy difícil que una reforma de ese calibre prospere.

Desde 2023 las finanzas del Gobierno Nacional Central evidencian una preocupante trayectoria de deterioro. En ese año el gasto total llegó al 23,1 % del PIB, mientras que los ingresos apenas alcanzaron el 20,6 %. En 2024 el gasto se mantuvo elevado y alcanzó el 23,2 % del PIB, pero los ingresos descendieron al 20,1 %. Para 2025 se estima que el gasto subirá hasta el 24,1 % del PIB y los ingresos caerán al 19,4 %. En 2026 la brecha se ampliaría aún más, con un gasto proyectado del 24,4 % frente a ingresos esperados de apenas 19,2 % del PIB. Todas estas cifras, verificables en el Marco Fiscal, confirman el profundo desbalance que atraviesan las finanzas públicas, con un gasto que crece mucho más rápido que la capacidad real de recaudo del Estado.

Otra de las señales más preocupantes del deterioro fiscal es la drástica caída de la inversión pública. De acuerdo con el Marco Fiscal, la inversión neta en activos no financieros del GNC fue de 1,7 % del PIB tanto en 2023 como en 2024, pero para 2025 se estima una reducción abrupta al 0,6 %, y en 2026 descendería aún más hasta el 0,4 %. Esto implica una disminución acumulada del 76,5 % en apenas tres años y, en términos reales, se traduce en menos recursos para infraestructura, conectividad, vivienda, salud y proyectos estratégicos. En tal sentido, no estamos ante un ajuste selectivo, sino frente a un retroceso profundo en la capacidad del Estado para impulsar el desarrollo económico y social.

El gobierno justifica su fracaso fiscal con dos grandes excusas que se caen por su propio peso. La primera es la herencia de pasivos del pasado, originados principalmente en decisiones tomadas durante la emergencia de la pandemia, cuya magnitud era plenamente conocida desde el inicio del mandato. Entre los compromisos que ya estaban cuantificados se encuentra el déficit del FEPC, que entre 2022 y 2025 suma 79,6 billones de pesos, junto con los subsidios de energía y gas por 18,2 billones, y las amortizaciones al FMI que implican otros 22,9 billones. La segunda excusa se basa en la rigidez del gasto público, ya que cerca del 86 por ciento del presupuesto está comprometido en transferencias obligatorias, funcionamiento del Estado y servicio de la deuda, lo que limita el margen de acción. A pesar de conocer estas restricciones, el gobierno no diseñó alternativas ni reordenó prioridades. En vez de ajustar con disciplina y estrategia, amplió la burocracia, mantuvo subsidios ineficientes y recortó drásticamente la inversión pública. Además, frente al vencimiento del crédito con el FMI, optó por pagar de contado en 2024 y 2025 sin explorar opciones de alivio financiero ni anticipar mecanismos de refinanciación, lo que agotó la caja fiscal.

Culpar al gobierno anterior o a las limitaciones del gasto puede parecer una salida fácil, pero lo que realmente faltó fue una gestión fiscal a la altura del desafío, con decisiones oportunas, firmes y alineadas con una realidad que ya se conocía.

En esa misma línea, el presidente venidero no podrá escudarse en la herencia de Petro, pues recibirá un país con las finanzas públicas al límite, el 86 % del gasto ya comprometido y la inversión en caída libre, todo con un diagnóstico hecho, documentado y ampliamente conocido, sin espacio para lamentos, disculpas ni atajos fáciles.

No se puede seguir recurriendo a reformas tributarias centradas únicamente en aumentar el ingreso, porque esa ha sido siempre la salida más fácil mientras se esquivan los problemas de fondo. Colombia ya no soporta más cargas impositivas. Lo que se necesita es una estrategia integral que ordene el gasto, mejore su eficiencia y recupere la sostenibilidad fiscal.

El presidente (2026-2030) no podrá eludir una tarea esencial que consiste en reorganizar, reducir y hacer más eficiente el Estado. Esto exige concentrarse en instituciones estratégicas que realmente funcionen, fusionar entidades redundantes, eliminar funciones obsoletas, congelar nuevas nóminas y aprovechar la tecnología para hacer más con menos. También será urgente corregir subsidios mal focalizados que consumen billones sin beneficiar a quienes realmente lo necesitan. El Sistema General de Participaciones (SGP) debe reformarse para que las transferencias estén atadas a resultados, con menos rigideces y una distribución más equitativa y eficiente entre territorios. Además, se requiere una política clara para racionalizar el gasto obligatorio, empezando por los regímenes pensionales especiales, los sectores exceptuados y los mecanismos ineficientes de contratación pública. La inversión privada no puede seguir atrapada entre trámites excesivos, inseguridad jurídica y regulaciones que sofocan la actividad productiva. Hay activos improductivos que deben venderse o capitalizarse aplicando criterios técnicos, sin prejuicios ni sesgos ideológicos. Varias de estas reformas necesarias han sido identificadas por entidades independientes como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Lo que falta no es diagnóstico, sino una respuesta rigurosa y oportuna frente a una situación fiscal que exige acción inmediata.

Colombia necesita un presidente que recupere el control de las finanzas públicas antes de que la falta de credibilidad y liquidez limite por completo la capacidad del país para sostener su economía.

Por: Iván Darío Arroyave*
*El autor es consultor empresarial. Se ha desempeñado como presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, decano de postgrados de la Universidad EIA, director de posgrados en finanzas de la Universidad de la Sabana y consultor del Banco mundial. 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia

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