El próximo gobierno deberá restaurar la disciplina fiscal sin perder legitimidad política. El reto central será encontrar un balance en el cual el gasto total se reduzca, la inversión pública aumente y la actividad privada encuentre condiciones para florecer.

La regla fiscal, creada por la Ley 1473 de 2011 y reforzada por la Ley 2155 de 2021, establece metas explícitas de déficit estructural y un límite a la deuda neta del Gobierno Nacional Central (GNC) para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. A diferencia del déficit nominal, el estructural se ajusta por el ciclo económico y los ingresos extraordinarios, lo que permite una política fiscal contracíclica. Si la deuda neta supera el 55% del PIB, el gobierno debe presentar un plan de ajuste; si sobrepasa el 70%, se activa una señal de alarma fiscal.

En 2025, el gobierno suspendió la regla por tres años, invocando la cláusula de escape, que autoriza desviarse temporalmente de las metas fiscales en situaciones excepcionales o cuando se compromete la estabilidad macroeconómica. Esta cláusula ya se había utilizado en 2020, durante la pandemia, cuando la caída del PIB, el desplome del recaudo y la urgencia del gasto social justificaron plenamente su activación. Entonces, la medida fue temporal, transparente y acompañada de un plan de retorno, lo que permitió preservar la credibilidad institucional.

El escenario actual es distinto. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que no se cumplen las condiciones para activar la cláusula, pero el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) la aprobó, argumentando rigideces del gasto, menor recaudo y presiones derivadas de subsidios y deudas acumuladas. En realidad, lo que enfrenta el país no es una crisis coyuntural, sino el deterioro estructural resultante de decisiones fiscales adoptadas sin respaldo sostenible, en un contexto de metas infladas y supuestos optimistas.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), presentado poco después de la suspensión, confirmó el deterioro. La proyección del déficit fiscal para 2025 se elevó de 5,1% a 7,1% del PIB, con riesgo de superar el 7,5%. La deuda pública superará el 63% del PIB, el crecimiento estimado será de apenas 2,7% y la inflación se mantendrá cerca del 4,5%.

Dos factores clave del deterioro han sido minimizados por el gobierno: el aumento del gasto burocrático y la persistente sobrestimación del recaudo. Entre 2021 y 2024, los contratos por prestación de servicios pasaron de 45.000 a más de 63.000, y se crearon entidades con funciones redundantes, como el Ministerio de Igualdad. En paralelo, desde 2023 el ingreso tributario ha sido sistemáticamente sobreestimado. Tras la reforma de 2022, el gobierno proyectó aumentos en el recaudo que no se concretaron: en 2023 hubo un faltante de $13,8 billones, y en 2024 fue necesario recortar el presupuesto en más de $30 billones. Se estima que el déficit de ingresos podría superar los $34 billones, equivalentes a 2,3 puntos del PIB. A pesar de esto, las metas fiscales para 2025 siguen ancladas en cifras que ya fallaron en el pasado.

El gobierno justifica la suspensión como una respuesta ante la falta de condiciones políticas para una reforma tributaria de fondo. Sin embargo, ha anunciado precisamente una nueva reforma que busca recaudar $19 billones. El proyecto incluiría la eliminación de exenciones del IVA, ajustes al impuesto de renta y el fortalecimiento de tributos ambientales como el impuesto al carbono.

La reacción de los mercados ha sido negativa. Los TES, que antes de la pandemia ofrecían tasas por debajo del 6%, superaron el 10% tras el anuncio. Moody’s advirtió que la calificación crediticia dependerá de la coherencia del nuevo marco fiscal. El mensaje es claro: sin una regla vigente, el compromiso con la sostenibilidad debe probarse con hechos.

Suspender la regla no resuelve el problema; solo lo aplaza. Una estrategia creíble requiere tres elementos: un recorte real del gasto, especialmente el corriente; una reforma tributaria que amplíe la base y simplifique el sistema; y una narrativa fiscal coherente que recupere la confianza de ciudadanos y mercados.

El mayor daño no está en las cifras, sino en el debilitamiento de una institucionalidad que tomó años construir. El próximo gobierno deberá restaurar la disciplina fiscal sin perder legitimidad política. El reto central será encontrar un balance en el cual el gasto total se reduzca, la inversión pública aumente y la actividad privada encuentre condiciones para florecer.

Por: Hernando Zuleta
Decano Facultad de Economía Universidad de los Andes

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