El reconocimiento del derecho a un clima sano abrirá un nuevo capítulo en la lucha climática, en el que los Estados y las organizaciones públicas y privadas tendrán que ser más conscientes del impacto de sus acciones. Forbes presenta un análisis sobre la histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En una decisión histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que no hay ambiente sano, sin un clima igualmente sano.
No solo eso, el tribunal internacional también reconoció al clima sano como un derecho fundamental que es garantía de otros derechos humanos como el de la vida.
“Hasta ahora hemos hablado del derecho a un medio ambiente sano, concebido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que ha sido bajado a todos los Estados de diversas maneras; en Colombia, este derecho es reconocido en la Constitución y es un derecho colectivo”, explica en diálogo con Forbes Lina Correa Posada, abogada especialista en derecho ambiental de Pérez-Llorca Colombia.
A partir de esta decisión, lo que señala la corte es que “estamos en una realidad donde el cambio climático y el clima son esenciales para garantizar la protección de otros derechos humanos; porque sin un derecho al clima sano, no hay un derecho al ambiente sano, ni a la vida, ni a la salud. Todo está interconectado”, agrega Correa.
Desde la perspectiva de bienestar, Irma Yaneth Gómez PhD. y psicóloga ambiental de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, explica que los seres vivos requieren del contacto con la naturaleza para mantener en equilibrio la salud física y psicológica. “Tomar el sol, beber agua, cultivar los alimentos o que el cuerpo haga contacto con el suelo hace que eliminemos radicales libres y que haya un intercambio de electrones necesario para la salud humana.
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Lo que dijo la Corte IDH
Tras dos años y medio desde que Colombia y Chile solicitaron a la Corte IDH mayor claridad sobre las obligaciones de los Estados frente a la lucha climática, el tribunal respondió a su petición con la Opinión Consultiva OC-32/25, notificada el pasado 3 de julio de 2025, en la que se demarcan las responsabilidades de los Estados y su alcance en la protección de los derechos humanos en el contexto de la emergencia climática.
Laura Caicedo Valencia, coordinadora de Campañas de Greenpeace, asegura que esta decisión es trascendental en la medida en que obliga a los Estados a entender que son responsables, al igual que las empresas, de la crisis climática.
“Esto es supremamente importante hoy en día cuando hablamos de una triple crisis planetaria. Anteriormente se hablaba de crisis de biodiversidad, crisis climática o de contaminación por plásticos -como fenómenos individuales-, pero esto lo que hace es un llamado a ver que hay una interconexión en esas crisis”, sostiene.
Una opinión consultiva, apunta Correa, no es vinculante per sé, pero sí da lineamientos a los Estados para la correcta interpretación y cumplimiento de los derechos humanos.
Caicedo complementa esta idea y afirma que esta respuesta de la Corte se convierte en una base jurídica para litigio asociados al clima, tanto en Colombia como en la región.
En este caso, explican las expertas, establece la responsabilidad de los Estados frente a los impactos de la crisis climática y la reducción de emisiones. Asimismo, les exige vigilar a las organizaciones para que sean transparentes en sus informes de gestión de sostenibilidad y asuman las reparaciones cuando corresponda.
No menos importante, la opinión consultiva encarga a los Estados la protección de quienes cuidan y defienden al medio ambiente, así como de las poblaciones más vulnerables ante la crisis climática.
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Buen clima, personas contentas
Es usual subestimar el impacto del clima en la actividad humana, porque se nos presenta como un factor incontrolable y al que simplemente debemos acoplarnos. Sin embargo, parte de la justicia climática es comprender que ese factor en apariencia externo tiene mucho que ver con la humanidad y que afecta en diferentes proporciones a los grupos de población.
En este aspecto, la doctora Gómez señala que “la emergencia climática genera, de forma directa, afectaciones negativas en la salud psicológica de las personas. Entre ellos, el estrés postraumático que genera en las personas ansiedad, depresión y trastornos relacionados con la adaptación al medio donde vive”. En el caso de los desplazamientos forzados por razones de impacto ambiental, las personas tienen que lidiar con la incertidumbre, el miedo, el desarraigo, la pérdida de la identidad y el aislamiento social.
A ello se suman enfermedades mentales modernas asociadas a la emergencia climática, como la eco-ansiedad, agrega la experta, que se trata de “una preocupación constante y angustiante por el futuro del planeta”; el eco-duelo o duelo ecológico-existencial, que “se manifiesta como un dolor emocional ante la pérdida de ecosistemas, especies, paisajes o modos de vida tradicionales”; el estrés postraumático climático, que se caracteriza por ansiedad extrema, insomnio y trastornos de adaptación; o la parálisis ecológica, “que puede llevar a la inacción o apatía”, y el malestar por el desplazamiento ambiental, que está acompañado por ansiedad, depresión, pérdida del sentido de pertenencia y trauma cultural.
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Todo lo contrario sucede con un clima sano, enfatiza Gómez, que contribuye a un mejor estado anímico, a reducir el estrés, tener buena calidad de sueño, aumentar la energía y fortalecer el sistema inmunológico.
Del discurso a la acción
Colombia jugó un papel importante en la decisión histórica que tomó la Corte IDH sobre el clima sano. En enero de 2023 se unió a Chile para elevar una solicitud al tribunal y delimitar las obligaciones de los Estados en la lucha contra la crisis climática.
El proceso marcó un hito al contar con más de 263 observaciones escritas, con una amplia participación de actores de Colombia, un grupo que incluyó a la sociedad civil y la academia. Tras dos audiencias públicas, que tuvieron lugar en Barbados en abril de 2024 y en Brasil en mayo de 2024, la Corte expresó su opinión el 29 de mayo de 2025. La consigna es simple: los Estados están obligados a responder a la crisis climática desde la perspectiva de derechos humanos.
“Para Colombia esto tiene mucha relevancia porque es uno de los cinco países más biodiversos del mundo y, por ende, uno de los más impactados por la crisis climática. Esta acción junto a Chile es muestra de un liderazgo regional e internacional para poner en la agenda pública la importancia de hablar de clima”.
Laura Caicedo Valencia, coordinadora de Campañas de Greenpeace
El reto ahora es pasar del discurso a la acción y que la opinión consultiva de la corte sirva de marco para diseñar e implementar acciones concretas para atender a la emergencia climática del país, desde la gestión interna, la vigilancia al sector privado y la cooperación internacional.
De acuerdo con Correa, se espera que Colombia avance en dos frentes: en el primero se proyecta una regulación más estricta a nivel interno, que abarque a todos los sectores, que priorice al cambio climático en los estudios de impacto ambiental para distintos proyectos. En el segundo, que corresponde al ámbito externo, se espera aprovechar esta herramienta como una hoja de ruta para iniciar acciones legales contra otros Estados que emprendan acciones que vulneren el derecho al clima de Colombia, así como acciones contra el Estado colombiano por inacción e incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Para Caicedo todo se resume en ser coherentes. “Colombia, como participante activo en foros multilaterales sobre biodiversidad y clima, debe traducir sus compromisos en planes nacionales concretos, como la presentación de sus nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), cuya implementación requerirá de un esfuerzo coordinado entre el legislativo y el ejecutivo, donde se incluya la visión de las entidades territoriales indígenas y se garantice la seguridad de los defensores del medio ambiente”.
En el terreno empresarial, aunque la opinión consultiva no sea obligante, esta decisión es muy valiosa porque es la antesala de una conversación futura, dice Correa, en la que el ambiente sano y su conexión con el clima tendrán un rol central.
“Empieza a verse que efectivamente el cambio climático sí está generando unas afectaciones no solo a la naturaleza y a las personas, sino que tiene una incidencia en el comportamiento de las empresas, y veremos cómo los reportes de sostenibilidad y las medidas regulatorias van a tener que estar encaminadas a incluir el cambio climática en todas las tomas de decisiones”.
Lina Correa Posada, abogada especialista en derecho ambiental de Pérez-Llorca Colombia
Caicedo reitera el llamado a que, con la norma sobre la mesa, el momento de actuar es ahora y ello requiere de múltiples liderazgos, desde todos los frentes.
“El planeta no debería estar ni contaminado ni sobrecalentado por acciones humanas. El llamado es a entender que lo que estamos viviendo hoy no es normal y que los Estados y las empresas tienen el deber de proteger el clima”.
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