Keralty advirtió que la empresa vuelve ahora “devastada”, con servicios deteriorados, redes fragmentadas y un equipo humano afectado.
El Superintendente de Salud, Giovanny Avendaño, anunció que el proceso de entrega de la EPS Sanitas comenzó y que se encuentra a la espera de la respuesta de la Corte Constitucional sobre el incidente de nulidad y solicitud de aclaración del fallo interpuestos por la entidad.
“No tiene capital mínimo, no tiene patrimonio adecuado, no tiene inversión de reservas técnicas, pone en riesgo a sus usuarios. Pero, por supuesto, aunque hicimos el requerimiento técnico, la Corte no nos ha respondido. Entonces, se procede, señor ministro, a hacer la devolución de la entrega a sus importantísimos dueños”, dijo el funcionario al expresar la preocupación por la situación de la entidad.
El pasado 27 de junio, El grupo Keralty, propietario de la EPS Sanitas, reaccionó al fallo de la Corte Constitucional que revocó la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la aseguradora de salud, calificando la decisión judicial como una reivindicación legal pero advirtiendo que el daño causado es profundo e irreversible sin una pronta solución financiera al sistema.
“La justicia colombiana nos ha dado la razón: se ha declarado ilegal la intervención de nuestra EPS Sanitas. Después de quince largos meses de arbitrariedades, persecuciones y silencios, se nos devuelve lo que nunca debió ser arrebatado”, dijo Keralty en un comunicado, en el que calificó la intervención como una estrategia “premeditada, arbitraria, malévola, deliberada y anunciada”.
En abril de 2024, la Superintendencia prorrogó la intervención administrativa sobre Sanitas por supuestas fallas financieras y en la prestación de servicios a sus más de 5,8 millones de afiliados. Sin embargo, la Corte consideró que la medida fue tomada sin respetar el debido proceso, ordenando la restitución de la EPS a sus accionistas.
Keralty aseguró que la empresa vuelve ahora “devastada”, con servicios deteriorados, redes fragmentadas y un equipo humano afectado.
“No queremos venganza. Pero sí exigimos reparación integral, verdad y responsabilidades”, señaló la compañía, que anunció acciones legales tanto en tribunales nacionales como internacionales.
Finalmente, la compañía advirtió que si el Gobierno no cumple con sus obligaciones financieras, se verán obligados a desistir de continuar operando. “No nos quedará otra alternativa que desistir de nuestro propósito y voluntad de seguir adelante”, concluyó el comunicado.
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