Gobernadores, alcaldes y gremios del Eje Cafetero enviaron cartas al Gobierno defendiendo las concesiones viales y pidiendo apoyar la IP Conexión Centro, mientras la CCI advierte riesgos legales en un decreto sobre vigencias futuras.
La discusión sobre el futuro de las concesiones viales en Colombia volvió a encenderse. En las últimas dos semanas, el despacho de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, recibió varias cartas abogando por lo mismo. Gobernadores, alcaldes y representantes empresariales de Caldas, Risaralda y Quindío —más de 50 firmantes en total— coincidieron en reclamar al Gobierno nacional la preservación del modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) como instrumento esencial para construir, operar y mantener la red estratégica de carreteras del país.
El llamado de las regiones se produce en medio de crecientes voces en la Casa de Nariño que cuestionan la renovación de concesiones una vez concluyan sus plazos contractuales. Los firmantes recordaron al presidente Gustavo Petro y a la ministra Rojas que las APP han sido determinantes para superar el rezago histórico en infraestructura vial, especialmente en territorios donde la inversión pública resultaba insuficiente.
El bloque regional también insistió en la necesidad de impulsar la Iniciativa Privada Conexión Centro, un proyecto que, con recursos 100 % privados, busca desarrollar el corredor Manizales-Pereira-Armenia-La Paila. Según los gremios, esta obra es clave para la competitividad, el desarrollo y la conectividad del Eje Cafetero y del país en su conjunto.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) respaldó estas comunicaciones y elevó su propia voz de alerta. El gremio señaló que el Gobierno tiene listo un decreto para reprogramar vigencias futuras, el mecanismo financiero que respalda la estructuración de proyectos de largo plazo bajo APP.
Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, calificó la propuesta como “ilegal” y advirtió que vulnera la Constitución, pues desconoce instancias y procedimientos previstos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la ley de APP. A su juicio, la medida pondría en riesgo la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas privados, un activo fundamental para mantener el flujo de capital hacia la infraestructura.
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