Según el Informe del Sector de Gas Natural, en los próximos cinco años las importaciones podrían llegar a 400 millones de pies cúbicos diarios, con un costo de entre 7 y 15 billones de pesos en la próxima década.
El gas natural colombiano se encuentra en una encrucijada. Así lo plantea el vigésimo sexto Informe del Sector de Gas Natural de Promigas, presentado hoy en Bogotá, que advierte sobre los costos económicos, sociales y ambientales de relegar esta fuente en la matriz energética en plena transición hacia un modelo bajo en carbono.
El informe subraya que la transición energética es un proceso de agregación y no de reemplazo total. Así como el petróleo no eliminó al carbón, ni las renovables han desplazado por completo a los fósiles, el gas natural seguirá siendo necesario durante décadas. De hecho, la demanda mundial crecería cerca de 25 % hasta 2050, impulsada por economías emergentes, centros de datos y sectores donde no existen alternativas bajas en carbono competitivas.
“En 2024 pasamos de una situación coyuntural de importación para enfrentar los fenómenos de El Niño, a ser importadores permanentes al menos por los próximos cinco años”, dijo Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.
En Colombia, el gas ha sido pilar de equidad y competitividad: abastece al 67 % del país, beneficia a 36 millones de personas y aporta $3,3 billones anuales en impuestos y regalías. Pero la realidad de las reservas es preocupante: solo 2.064 giga pies cúbicos, equivalentes a 5,9 años de suministro parcial, mientras desde 2024 ya se importan volúmenes permanentes para cubrir la demanda no térmica.
La dependencia de importaciones es costosa. Promigas estima que, en el próximo quinquenio, las compras externas -sin incluir las del Grupo Térmico de la Costa- podrían llegar a 400 millones de pies cúbicos diarios, con un costo de oportunidad de entre 7 y 15 billones de pesos en la próxima década. Además, cada año de atraso en el desarrollo de proyectos offshore después de 2031 agregaría sobrecostos de 4 a 5 billones anuales.
Desde diciembre de 2016, cuando comenzó a operar, la regasificadora de Cartagena, Spec, de Promigas, ha recibido 141 barcos con importaciones. Sin embargo, en los primeros cinco años desde 2017 hasta 2022 recibió 6 barcos anuales en promedio y 46 millones de pies cúbicos día; de 2023 a 2025 comienza a notarse la falta de gas y a llegar en promedio 47 barcos al año trayendo 188 millones de pies cúbicos diarios, lo que refleja un déficit estructural.
El impacto ambiental tampoco es menor: si entre 10 % y 20 % de la industria y hasta 25 % del transporte migran a combustibles más contaminantes, las emisiones de CO₂ subirían entre 0,4 y 0,7 millones de toneladas al año, junto con material particulado fino y mayores gastos en compensación.
Ante este panorama, Promigas plantea un paquete de medidas de corto, mediano y largo plazo. De inmediato, pide ajustar la regulación para permitir contratos de suministro de gas a largo plazo que hagan competitivas las importaciones, optimizar las licencias ambientales y habilitar la comercialización de excedentes de plantas térmicas para usos no eléctricos.
En un horizonte más amplio, urge retomar la exploración de hidrocarburos, materializar recursos contingentes en reservas, avanzar en pilotos de yacimientos no convencionales y desarrollar infraestructura crítica —como el proyecto Jobo–Vasconia o la ampliación del gasoducto Ballena–Barranca— para conectar nuevas fuentes al mercado. También recomienda un esquema fiscal estable que atraiga inversión, un plan de masificación para reducir la pobreza energética y el reconocimiento del gas como respaldo confiable para las renovables.
El mensaje del informe es claro: excluir al gas nacional de la transición no solo amenaza la seguridad energética, sino que encarece la energía y frena la descarbonización.
Colombia, advierte el documento, debe actuar con celeridad para que el gas siga siendo motor de progreso, competitividad e inclusión.
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