Por: Mauricio Piñeros, country chair de Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón*.
La noticia del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Congreso sobre el recorte del Presupuesto y la aprobación de este en primer debate en las comisiones económicas del Congreso parece buena, pero si se analiza con más detenimiento produce grandes preocupaciones.
Por una parte, parece una buena noticia que la discusión del Presupuesto General de la Nación se produzca en el Congreso, como corresponde a un Estado democrático, en lugar de que dicho presupuesto se apruebe, otra vez, mediante un decreto presidencial.
Sin embargo, la discusión sobre el Presupuesto se destrabó en el Congreso porque se produjo un recorte de sólo 10 billones de pesos, cifra que en opinión de todos los analistas parece insuficiente dada la situación fiscal del país.
Pero lo que a mi juicio resulta más preocupante es que la aprobación de un Presupuesto tan ambicioso, en términos de su monto, trae aparejada la aprobación de una nueva reforma tributaria o ley de financiamiento, supuestamente “menos ambiciosa” y con la que se dice que ya no se pretenden recaudar 26 billones de pesos sino solo 16, como si se tratara de una cifra despreciable. La preocupación resulta porque la ley de financiamiento presentada por el Gobierno al Congreso no tiene una sola medida rescatable que sea realmente necesaria o conveniente en estos momentos.
Se trata de un proyecto de reforma tributaria que golpea duramente a la clase media y en general a los ciudadanos de a pie, por el impacto que tendría en los precios, dado el incremento en los impuestos que gravan el consumo, especialmente la gasolina y por la ampliación de la base del impuesto al patrimonio y el incremento de sus tasas hasta un 5%, lo cual desestimula a cualquier persona a adquirir una vivienda o a realizar cualquier tipo de ahorro o inversión.
Como si lo anterior no resultara suficiente, se incrementa a niveles confiscatorios la tributación sobre los dividendos y las tasas de impuesto de renta de personas naturales y de ciertos sectores económicos, que a juicio del Gobierno Nacional pareciera que tienen una capacidad contributiva infinita o ilimitada.
Enfrentados a una reforma tributaria de este talante, pareciera que resulta mejor para país que el Presupuesto no se apruebe en e Congreso, para que no se aprueben semejantes medidas tributarias. Será mejor que se sacrifique la normal y democrática discusión del Presupuesto, para proteger en algo la actividad privada y el patrimonio de los colombianos.
*El autor es Mauricio Piñeros, country chair de Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.
