Colombia vive un momento en el que, usando el lenguaje de justicia social, el Estado vuelve a decidir qué se produce, a quién se le vende, cuánto se paga y quién financia la diferencia.
En 1992 Colombia se apagó y el país entero quedó paralizado cuando las ciudades entraron en racionamiento, la industria redujo turnos, el comercio trabajaba a media jornada y los hogares organizaron su vida según los horarios de luz. Durante casi un año los colombianos vivimos bajo un plan de racionamientos programados que alteró por completo la rutina nacional y obligó a adelantar la hora oficial para aprovechar la luz natural. Las instituciones educativas ajustaron sus jornadas, mientras los hospitales encendían plantas diésel, los ascensores dejaban de operar y los semáforos permanecían apagados, lo que afectó la movilidad, la economía y la vida cotidiana.
Fue la crisis energética más grave de la historia moderna del país y no obedeció a un simple fenómeno climático sino al colapso de un modelo estatal incapaz de sostenerse que terminó reflejándose en una contracción económica cercana al dos por ciento del PIB en pérdidas de actividad.
En esa época el Estado era dueño de todo, generaba, transmitía, distribuía y fijaba tarifas, las decisiones técnicas dependían de la política y las tarifas se mantenían artificialmente bajas. Sin señales de eficiencia ni capacidad de inversión las empresas públicas se endeudaron, descuidaron el mantenimiento de las plantas térmicas y apostaron casi toda la generación al agua, hasta que llegó el fenómeno de El Niño y el sistema colapsó.
De esa crisis nació la reforma de 1994, una transformación estructural que cambió la historia del sector y que sigue siendo la base del modelo vigente. Las Leyes 142 y 143 de ese año separaron las funciones del Estado, crearon la CREG como regulador técnico, abrieron la competencia y establecieron que las decisiones debían tomarse con criterios de eficiencia y no de conveniencia política. A partir de entonces se conformó el mercado mayorista de energía, administrado por XM, donde generadores y comercializadores transan electricidad cada hora a precios determinados por la oferta y la demanda. Ese mecanismo ha garantizado señales económicas transparentes, atrajo inversión, amplió cobertura y aseguró estabilidad incluso en los años más secos.
Con el paso del tiempo, el modelo ha experimentado un desgaste natural, propio de un sistema que ha debido adaptarse a múltiples coyunturas, por lo tanto, no ha fallado su diseño, sino la acumulación de intervenciones, parches y decisiones de corto plazo que lo fueron volviendo más complejo y menos transparente. Es así como, de acuerdo con la CREG, de cada cien pesos que paga un usuario, solo entre treinta y treinta y cinco corresponden realmente a la generación de energía. El resto proviene de costos que poco tienen que ver con la eficiencia del servicio, como subsidios cruzados, pérdidas no técnicas, impuestos locales, tasas ambientales, deudas del Estado y la opción tarifaria que aún arrastra los diferimientos de la pandemia.
Esa carga de componentes ajenos al mercado ha ido desdibujando la señal de precios y deteriorando la confianza del usuario y aunque muchos perciben que las tarifas son injustas, en realidad lo que muestran es la acumulación de distorsiones que se fueron incorporando sin una visión integral.
El modelo llegó al punto en que los remiendos ya no bastan y se requiere una modernización técnica, gradual y bien estructurada, que simplifique su funcionamiento, devuelva transparencia a las tarifas y preserve la estabilidad que durante décadas ha sido su mayor fortaleza.
En medio de la creciente desconfianza sobre las tarifas eléctricas y la percepción generalizada de que los usuarios pagan más de lo que deberían, el Gobierno optó por una salida de apariencia técnica que en realidad es política y profundamente contraproducente.
En tal sentido, el pasado 15 y 16 de octubre expidió los Decretos 1072 y 1091 de 2025 y radicó recientemente ante el Congreso de la República el proyecto de ley “Mecanismos para la regulación justa y la democratización del sector energético”.
Con este paquete normativo el gobierno busca intervenir de manera directa en la formación de precios y en los mecanismos de contratación del mercado eléctrico, con el argumento de estabilizar tarifas y proteger a los usuarios. Sin embargo, detrás del discurso de justicia tarifaria se esconde un cambio institucional profundo que traslada funciones técnicas de la CREG y la UPME al Ministerio de Minas y Energía, lo que en la práctica politiza la regulación, concentra el poder de decisión y debilita la independencia técnica que ha sostenido al sector durante 31 años.
El Decreto 1072 fue presentado por el Gobierno como una medida para “estabilizar las tarifas de energía eléctrica” y “proteger a los usuarios de la volatilidad del mercado mayorista”. Su propósito declarado es reducir la exposición de los comercializadores regulados al precio de la bolsa y fortalecer la contratación bilateral de largo plazo, con la idea de que esto permitirá dar mayor previsibilidad a las tarifas.
No obstante, el decreto parte de una premisa equivocada, asumiendo que la volatilidad de los precios en la bolsa es la causa de las tarifas altas, cuando en realidad es un reflejo natural del funcionamiento de cualquier mercado competitivo. La volatilidad no es un defecto del sistema sino su expresión más transparente, porque revela los cambios reales en la oferta, la demanda, el clima y los costos de generación. En un mercado bien diseñado, la bolsa cumple la función de ser el termómetro del sistema, señalando cuándo conviene invertir, ahorrar o contratar a largo plazo. Los contratos bilaterales, por su parte, se complementan con la bolsa al permitir que las empresas y los usuarios aseguren precios estables sobre la base de esa señal de mercado.
Pero para el Gobierno, esa volatilidad se interpreta como un “río revuelto” del que los generadores se aprovechan, presuntamente coordinando precios o restringiendo oferta. Esa lectura desconoce que el mercado eléctrico colombiano combina esos dos instrumentos, en donde la contratación de largo plazo aporta estabilidad y la bolsa de energía garantiza eficiencia y competencia en el corto plazo.
El decreto sostiene que existe una alta concentración en la oferta y posibles prácticas coordinadas entre generadores, lo que implicaría colusión, pero no presenta evidencias. XM, la CREG y la SIC ya vigilan el mercado y no han reportado conductas anticompetitivas. Aun sin soporte técnico, la nueva norma ordena limitar la exposición a la bolsa y elevar la contratación al 95 %, reduciendo la competencia y sustituyendo la lógica de mercado por una administrativa. En vez de estabilizar tarifas, concentrará poder, restará liquidez y debilitará la señal de precios que incentiva la inversión.
El Decreto 1091, expedido un día después, prolonga la misma lógica y consolida la intervención del Ejecutivo sobre el mercado. Le entrega al Ministerio de Minas y Energía la facultad de definir los lineamientos de contratación a largo plazo en toda la cadena eléctrica, dejando a la CREG y a la UPME en un rol subordinado de ejecución. Con el argumento de “ordenar la contratación y garantizar estabilidad”, el Gobierno concentra en una sola entidad las decisiones que han sido técnicas, independientes y sujetas a reglas de mercado.
El decreto parte de la idea de que el sistema requiere una orientación centralizada para corregir distorsiones, pero ignora que Colombia ya dispone de mecanismos de planeación y regulación que cumplen esa función. La CREG define las metodologías tarifarias y de contratación; la UPME elabora los planes de expansión y determina dónde se necesitan nuevas inversiones; XM administra el mercado y monitorea el comportamiento de los agentes. Ese equilibrio institucional es precisamente lo que ha permitido sostener la estabilidad del sistema y mantener la confianza de los inversionistas.
Al concentrar las decisiones de contratación y planificación en el gobierno, el decreto altera la estructura que se construyó desde 1994 para blindar al sector de la injerencia política. Las decisiones que antes dependían de criterios técnicos y reglas de competencia podrían empezar a responder a prioridades coyunturales, afectando la independencia regulatoria y la credibilidad del marco de inversión.
El proyecto de ley cierra el círculo de esta nueva arquitectura estatal. Presentado como una apuesta por la equidad y la justicia tarifaria, en realidad consolida el regreso al control estatal del sector. En esa dirección, propone que la CREG deje de ser un regulador independiente para convertirse en una unidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, presidida por el propio ministro y con representación de sectores políticos y sindicales. Ese cambio borra la frontera entre la política y la técnica, el mismo muro que se levantó en 1994 para evitar que las decisiones tarifarias dependieran del gobierno de turno.
El proyecto, además, otorga al gobierno facultades para crear mecanismos tarifarios diferenciales, esquemas de estabilización y compras centralizadas de energía, que reducirían la competencia y distorsionarían la señal de precios.
A ello se suma la pretensión de trasladar la deuda de la opción tarifaria —originada en la decisión estatal de diferir pagos durante la pandemia— a los estratos altos, comercios y usuarios industriales durante quince años. Convertir en ley esa transferencia sería institucionalizar un doble cobro y un abuso de la solidaridad. Los estratos 5 y 6, así como los comercios, ya pagan una contribución del 20 % para subsidiar a los hogares más vulnerables y enfrentan tarifas más altas por mayores costos regulados. Los industriales, por su parte, asumen cargas significativas asociadas a la estructura tarifaria y a los costos de la energía. Pretender que también financien una deuda ajena contradice los principios de neutralidad tarifaria y solidaridad reglada establecidos en la Ley 142. Si el origen de la deuda fue fiscal, su solución también debe serlo.
Usando el lenguaje de justicia social, el Estado vuelve a decidir qué se produce, a quién se le vende, cuánto se paga y quién financia la diferencia.
Con estos decretos y el proyecto de ley, el Gobierno no está corrigiendo fallas del mercado, sino devolviendo al Estado el control directo sobre la generación, la contratación y las tarifas. En sentido estricto, estamos hablando de una estatización progresiva del sector eléctrico que desmonta la independencia técnica y restaura el modelo que alguna vez dejó al país a oscuras.
Por: Iván Darío Arroyave*
*El autor es consultor empresarial. Se ha desempeñado como presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, decano de postgrados de la Universidad EIA, director de posgrados en finanzas de la Universidad de la Sabana y consultor del Banco mundial.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia