El debate sobre la transición energética en Colombia exige conjugar metas climáticas con realismo económico y social. Minería, carbón y seguridad del suministro siguen siendo piezas clave para evitar un colapso fiscal, social y eléctrico.
El gobierno colombiano quiere dejar atrás los combustibles fósiles, pero no puede hacerlo a cualquier precio. La meta de descarbonización, inscrita en compromisos internacionales, tropieza con una realidad económica que aún depende de la minería, el carbón y los ingresos que estas actividades generan en las regiones productoras.
El desafío es encontrar un equilibrio: avanzar hacia la energías limpias sin poner en riesgo el empleo, las finanzas públicas ni la estabilidad del sistema eléctrico.
Pese a un año de menor inversión, la minería se mantiene como tercer renglón exportador del país. Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), en 2024 las exportaciones mineras sumaron US$16.900 millones, apenas 4 % menos que en 2023. Con una participación del 34 % en las ventas externas, el sector aportó $7,6 billones en impuestos, regalías y compensaciones en el último año, acumulando $19,6 billones entre 2021 y 2024.
La minería genera 244.709 empleos directos y más de un millón indirectos, con 61 % de mano de obra local y 17 % de participación femenina. Por cada empleo directo surgen cuatro más en transporte, servicios e industria. Su peso en el PIB nacional es del 1,8 %, pero en regiones productoras es decisivo: explica el 57 % de la economía de La Guajira y el 44 % en el Cesar.
El dato preocupante es la caída de la inversión extranjera directa (IED) en minería: apenas US$1.350 millones en 2024, un desplome del 61 % frente a 2023. La inversión en exploración retrocedió 37 %. Para la ACM, liderada por Juan Carlos Nariño, estas cifras exigen reglas claras y estabilidad jurídica que incentiven nuevos proyectos, especialmente cuando la transición energética demanda minerales críticos como cobre y níquel.
De hecho, la opinión pública respalda una minería responsable. La Brújula Minera 2025 revela que la opinión pública colombiana mantiene una visión mayoritariamente favorable hacia la minería. El 63 % de los encuestados considera que la actividad es positiva para el país, un ligero aumento frente a 2024, y el 80 % cree que una “minería bien hecha” impulsa el desarrollo regional. Asimismo, el 59 % estima que la economía nacional empeoraría si las compañías mineras dejaran de operar, lo que refuerza la percepción de su importancia económica.
La encuesta, realizada por el Centro Nacional de Consultoría a 2.428 personas en febrero de 2025, muestra que la ciudadanía apoya una minería responsable y alineada con la transición energética, aunque pide mayor transparencia y compromiso social.
Más importante aún: El 78% afirma que es posible que la minería conviva con otras actividades económicas como el turismo y el agro. Solo el 10% cree que la economía del país mejoraría si las empresas mineras dejaran de operar en Colombia, mientras que el 59% sostiene que empeoraría.
El caso del carbón ilustra el costo de una transición acelerada. Un informe de Fenalcarbón y el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) advierte que un retiro abrupto costaría cerca de $38 billones y comprometería el futuro de 132 municipios en 11 departamentos.
El carbón aporta el 95 % de los ingresos mineros en regalías e impuestos. En departamentos como Cesar y La Guajira, esos recursos superan los ingresos corrientes de los gobiernos locales. Sin ellos, programas de salud, educación e infraestructura quedarían en riesgo.
El estudio plantea tres escenarios de descarbonización. El más adverso, con carbono-neutralidad en 2050, implicaría una reducción del 89% en la producción, generando impactos inmediatos en empleo y recursos fiscales. En contraste, un escenario extendido hasta 2070 permitiría aprovechar reservas, sostener regalías y dar tiempo a la reconversión productiva y laboral.
Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, lo resume así: “Este debate no es sectorial, es de país”. Propone un Fondo Fiscal y programas de reconversión laboral que permitan que la propia industria financie la transición.
Tomás González, director del CREE y exministro de Minas, coincide: “El carbón puede ser motor de la transición, no su obstáculo”. Para él, el secreto está en equilibrar ambición climática con realismo económico y social.
El CREE advierte que una transición improvisada puede significar la pérdida de 74.000 empleos y de más del 60 % de las regalías, recursos vitales para educación, salud e infraestructura.
Cinco tareas para el próximo gobierno
González plantea una hoja de ruta que va más allá del carbón. Primero, trabajar con el sector privado para que los proyectos de generación y transmisión entren en operación a tiempo: las demoras en energías renovables superan ya cinco años.
Segundo, sanear las finanzas del sistema eléctrico, que arrastra deudas estatales y subsidios por 7,6 billones de pesos. Tercero, cerrar brechas de acceso: 4,1 millones de colombianos carecen aún de electricidad y universalizar el servicio podría costar 32 billones.
Cuarto, reentrenar la fuerza laboral para empleos en nuevos sectores energéticos. Quinto, resolver el dilema entre sostenibilidad ambiental, necesidades fiscales y seguridad energética, aprovechando de forma eficiente las reservas de gas y carbón mientras se diversifica la matriz.
La meta oficial de reducir emisiones a 2030 exige más de 70 GW de fuentes no convencionales para 2050, un desafío monumental. “Adaptarse a la crisis climática costará más de lo que creemos”, advierte González, quien insiste en que la transición debe ser gradual, financiada en buena parte con los recursos que hoy provienen de la minería y el carbón.
Por su parte, José Ignacio López, presidente de Anif, sostiene que Colombia enfrenta un desafío mayúsculo: avanzar en la transición energética sin desestabilizar las finanzas públicas.
Al presentar un análisis sobre la coyuntura del sector minero-energético y su peso en las cuentas fiscales, López explicó que el sector de hidrocarburos, segundo mayor contribuyente a la renta corporativa con el 22 % del recaudo, atraviesa una caída de actividad.
Según Anif, la extracción de petróleo y gas —que aporta el 70 % de los ingresos mineros— muestra contracciones continuas, mientras la minería de carbón también retrocede. Esta desaceleración golpea las regalías y el recaudo tributario, clave para el gasto público y los programas sociales.
López subrayó que los sectores más dinámicos de la economía, como comercio y servicios, tienen baja participación en el impuesto de renta, lo que agrava el hueco fiscal. “No basta con diversificar la matriz energética; debemos garantizar una diversificación fiscal”, señaló.
El panorama se complica por el alza de los precios de la energía, que presiona la inflación, especialmente en la región Caribe, y por el lento avance del país en el Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial, donde Colombia ocupa posiciones rezagadas frente a economías comparables.
Anif advierte que una estrategia de transición debe contemplar incentivos para energías renovables, seguridad en el suministro y reformas tributarias que compensen la menor renta petrolera. “La sostenibilidad energética y fiscal son dos caras de la misma moneda”, concluyó López.
El mensaje de fondo de los expertos es claro: una transición sin planeación puede no solo fracasar en lo ambiental, sino también desestabilizar las regiones y profundizar las desigualdades.
Colombia no puede frenar su transición energética, pero tampoco puede ignorar que la minería y el carbón sostienen su economía, agregan los analistas y gremios. El país necesita reglas estables, inversión en infraestructura eléctrica, formación de talento y una estrategia que permita que la riqueza del subsuelo financie el salto hacia las energías limpias.
Entre la ambición climática y el realismo económico y social se juega el futuro energético del país. La transición no es solo un imperativo ambiental: es una prueba de gobernanza y de justicia para millones de colombianos que dependen de ella.
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