A pesar de contar con nuevas fuentes de importación y proyectos de suministro, el transporte de gas se ha convertido en el eslabón más vulnerable del sistema. La falta de ejecución, la presión sobre tarifas y la destrucción de demanda industrial exigen acciones urgentes del Gobierno y los transportadores.
El transporte de gas natural se ha convertido en uno de los principales retos para la seguridad energética. Aunque el país tiene anunciados varios proyectos de importación y nuevas fuentes de suministro, estos proyectos presentan retrasos y afectarán directamente a los usuarios en los siguientes meses. Igual, la infraestructura de los diferentes gasoductos que conforman el Sistema Nacional de Transporte (SNT) enfrenta limitaciones aún más críticas que comprometen la continuidad del servicio.
Proyectos estratégicos y retrasos estructurales: La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), mediante el Plan de Abastecimiento de Gas Natural (PAGN), identifica diferentes proyectos los cuales son prioritarios debido a conexión entre los diferentes puntos de suministro sean campos de producción o puntos de importación, y los centros de consumo; y mediante Inversiones en Proyectos prioritarios del plan de Abastecimiento en un sistema de Transporte (IPAT) se da una señal con el fin de garantizar su entrada en los momentos de necesidad. Entre ellos destacan la ampliación del tramo Barranquilla-Ballena. El objetivo de este proyecto es el aumento de la capacidad de transporte de la tubería de 60 a 170 MPCD, cuyo avance se encuentra en menos del 30%. Este proyecto tiene una fecha prevista de entrada para agosto del 2027. Este es uno de los cuellos de botella más críticos debido a que puede aumentar la capacidad de gas importado que puede interiorizarse desde la costa caribe. El Tramo Mariquita–Gualanday, con capacidad de 20 MPCD, reporta un 80% de avance de construcción y debería entrar en operación en octubre de 2025. Los plazos son estrechos y ponen en riesgo su cumplimiento. La ampliación del ramal Jamundí–Valle del Cauca, el cual cuenta con un avance cercano al 79% y posee una fecha de puesta en operación para octubre de 2025. Este retraso impactará el abastecimiento de gas natural del suroccidente del país. Al igual que los proyectos de oferta, estos casos de proyectos de transporte reflejan el desacople entre la planeación y la ejecución. Sea debido a un exceso de burocracia o a una falta de incentivos para que los inversionistas cumplan y se entreguen sus compromisos a tiempo, la realidad es que los cronogramas de los proyectos se dilatan y las fechas de entrada en operación y de inicio real de los proyectos no es seria.
Según el Gestor del Mercado, en 2026 el país podría enfrentar un déficit de hasta el 54% de la demanda industrial, equivalente a 154 GBTUD, debido a restricciones tanto de transporte como referentes a la entrada de nuevos proyectos de suministro. Se ha perdido cerca del 15% de la demanda industrial del centro y no se conoce la cifra de la Costa. El país sigue sin inmutarse mientras más demanda no regulada se destruye en el mercado de gas natural en lo que influye grandemente su clasificación como demanda no esencial..
Tarifas y competitividad. Por otra parte, el actual esquema tarifario de transporte también es un aspecto crítico. Hoy en día los costos dependen de la distancia recorrida, este modelo era funcional en el pasado debido a que las plantas productoras estaban cerca. No obstante, próximamente una gran parte de la demanda será abastecida por medio de gas importado, haciendo que los precios en el interior del país sean insostenibles tanto para los usuarios como para la industria.
Para superar los retos actuales, se requieren acciones inmediatas y estructurales como: Acelerar la ejecución de proyectos IPAT e infraestructura de transporte, asegurando el cumplimiento de cronogramas, sujeto a que si no se asuman el costo de las restricciones causadas. Adoptar una tarifa única nacional de transporte, que elimine distorsiones y promueva un acceso equitativo al energético. Finalmente, una mayor transparencia y coordinación entre gobierno, transportadores y usuarios para reducir riesgos de desabastecimiento.
En conclusión, el futuro energético de Colombia no depende únicamente de aumentar la oferta de gas natural, sino de garantizar que este llegue a donde y a quienes realmente lo necesitan. Sin una reforma integral del transporte de gas, el país enfrentará mayores riesgos de racionamiento, sobrecostos para la industria y pérdida de competitividad en los próximos años.
Por: Sandra Fonseca
Directora Ejecutiva de Asoenergía