Para el año 2026, el ministro de Hacienda ya ha anticipado que, aunque todavía no se ha establecido una cifra definitiva, la política oficial seguirá priorizando incrementos por encima de la inflación.

Desde 1997 el incremento anual del salario mínimo -y por tanto su monto mensual- debe ser definido por la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Sociales, conformada por representantes de las asociaciones gremiales, de las confederaciones sindicales y de pensionados, y de las asociaciones de desempleados, y presidida por el Ministerio de Trabajo. Esta Comisión debe acordar el reajuste del salario mínimo para el año inmediatamente siguiente, antes del 30 de diciembre de cada año. De no lograrse un consenso entre las partes, será el Gobierno quien fije, mediante decreto, el valor del nuevo salario mínimo, también antes del 30 de diciembre.

Por disposición de la Corte Constitucional, el incremento del salario mínimo nunca podrá ser inferior a la inflación del año que termina. A ello, según la Corte, deben sumarse la variación de la productividad y otras consideraciones de coyuntura socioeconómica, tales como la contribución del salario al ingreso nacional, el crecimiento del PIB, la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil.

Entre 1997 y 2024, el salario mínimo real -es decir su poder adquisitivo- subió un 45%. En particular, en los últimos años ha aumentado 3,6% en 2023, 5,5% en 2024 y probablemente lo hará en otro 4,5% al finalizar este año. Para sorpresa de muchos, estos incrementos recientes no han provocado efectos negativos sobre el empleo asalariado formal, ni han estado acompañados por un repunte inflacionario.

Para el año 2026, el ministro de Hacienda ya ha anticipado que, aunque todavía no se ha establecido una cifra definitiva, la política oficial seguirá priorizando incrementos por encima de la inflación. Esto no constituye una novedad; simplemente es la consecuencia de lo que estableció la Corte Constitucional en una sentencia de 1999.

Lo que sí hay de nuevo en la coyuntura actual es el concomitante aumento de los costos laborales que las empresas deben asumir para mantener su nómina. Veamos: el salario mínimo real entre 2023 y 2025 habrá aumentado en más de 13%, la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas implicará un aumento de los costos por horas laborada de otro 13% y la plena implementación de la reforma laboral representará un incremento promedio de los costos laborales para el conjunto de la economía de alrededor de 8%.

Todo lo anterior lleva a pensar que es necesario actuar con prudencia este año al momento de definir el incremento del salario mínimo para 2026 y que lo más razonable sería no superar el 7%.

*El autor es Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia.

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