La Agencia Internacional de Energía traza un camino duro para Colombia hacia cero emisiones

Colombia acaba de recibir un insumo técnico de enorme trascendencia con el nuevo Roadmap de la Agencia Internacional de Energía (AIE) para alcanzar cero emisiones en 2050. Es un análisis profundo del sistema energético del país que muestra, con cifras concretas, la magnitud del escalamiento y los ajustes estructurales que el país tendría que lograr si realmente aspira a cumplir sus compromisos climáticos.

El informe no intenta anticipar el futuro ni establecer metas adicionales. Parte de los compromisos ante la comunidad internacional que Colombia ya registró en sus planes y muestra la dimensión y el ritmo que sería necesario alcanzar para que esos compromisos puedan cumplirse. A ese enfoque lo denomina Announced Pledges Scenario y se centra en cuantificar la dimensión real del esfuerzo que el país tendría que concretar.

Esa aproximación es la que le da peso al ejercicio, porque el Roadmap no se limita a describir un rumbo general, sino que cuantifica la distancia entre el sistema energético actual y la escala del esfuerzo que implican los compromisos del país.

Pone números a cada componente de la transición y muestra con claridad cuánto tendrían que ampliarse la generación, las redes, el almacenamiento, la electrificación del transporte y la inversión anual para que el camino anunciado sea viable. Con esa cuantificación la discusión deja de girar en aspiraciones y anuncios concentrándose en los factores que realmente determinan la capacidad de ejecución del país, entre ellos la solidez institucional, las reglas de mercado, la coordinación del sector y el financiamiento disponible. El resultado es una imagen nítida del alcance del desafío y del nivel de orden que tendría que alcanzar el sistema para sostenerlo.

El punto de partida es claro y duro, pues Colombia sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles dado que el 75% de la energía que consume proviene de petróleo, gas y carbón, y la electricidad solo alcanza el 18% del consumo final. En los últimos 20 años la demanda energética creció 83% y las emisiones cerca de 50%, una señal de que el país ha avanzado, pero sin lograr separar el crecimiento económico del uso intensivo de combustibles fósiles.

A partir de esa realidad, la AIE estima la dimensión del esfuerzo que implicaría cumplir la meta de cero emisiones en 2050. El mayor salto aparece en la demanda eléctrica, que pasaría de unos 90 TWh en 2024 a cerca de 300 TWh en 2050. Ese incremento de más de 210 TWh proviene de la electrificación del transporte, de procesos industriales que sustituyen combustibles fósiles y de un mayor consumo en edificios por climatización y cocción, además de nuevos usos como el hidrógeno limpio. En conjunto, esto equivale a construir tres sistemas eléctricos adicionales del tamaño del actual. 

Para responder a ese volumen, Colombia necesitaría instalar unos 69 GW solares y 25 GW eólicos, una escala que supera por más de diez veces toda la capacidad renovable que ha instalado en su historia.

Además, la capacidad de generación que puede producir energía en forma continua y sin emisiones, como hidroeléctricas, geotermia, bioenergía e incluso los reactores modulares pequeños que entrarían en los años 2040, tendría que duplicarse hasta 30 GW. Para manejar un sistema con tanta energía solar y eólica también se necesitarían 48 GW de almacenamiento en baterías, muy lejos del punto de partida actual que apenas alcanza unas pocas decenas de megavatios.

Esa flexibilidad es indispensable porque un sistema con tanta generación variable no puede operar de manera segura sin un respaldo que estabilice su funcionamiento.

El reto en transmisión y distribución es igual de grande y la red eléctrica tendría que duplicarse hasta superar 1,5 millones de kilómetros, una distancia suficiente para rodear la Tierra casi cuarenta veces. La red de media y alta tensión requeriría más de 750.000 kilómetros adicionales y la capacidad de los corredores de transmisión tendría que triplicarse para evitar congestiones.

Ese aumento de demanda y de infraestructura también se refleja en el transporte, el sector que más petróleo consume en el país. Para que el camino anunciado sea viable, el Roadmap plantea que en 2035 ocho de cada diez vehículos nuevos deberían ser eléctricos y que en 2050 más del 80% del parque automotor funcionaría con esta tecnología, frente a un nivel actual que no alcanza el 1%. Un cambio de esta magnitud reduciría la demanda de petróleo en 0,4 millones de barriles diarios y disminuiría el consumo energético del transporte en 35% por la mayor eficiencia de los motores eléctricos. 

Ese salto tecnológico y operativo solo sería posible con un aumento sostenido de la inversión. La AIE estima que Colombia tendría que movilizar más de USD 20.000 millones por año hacia 2050, lo que implica multiplicar entre tres y cuatro veces los niveles actuales de inversión anual del sector energético. El grueso de ese esfuerzo recaería en el sector eléctrico, que requeriría alrededor de USD 12.000 millones anuales en generación, redes y almacenamiento, y en la expansión de la movilidad eléctrica, que hacia 2035 demandaría más de USD 5.000 millones por año. Las redes por sí solas absorberían más de USD 4.200 millones anuales en 2050, lo que confirma que el principal cuello de botella no está en construir más plantas, sino en la infraestructura que permite conectarlas y operarlas. Cuando todo esto se suma en el horizonte completo, la inversión acumulada supera los USD 350.000 millones, y para que ese volumen sea viable la inversión limpia tendría que representar cerca del 85% del total en 2035, lo que desplaza de manera decisiva la inversión hacia hidrógeno, bioenergía y energías renovables frente a los combustibles fósiles.

Más allá de las cifras, el Roadmap deja una advertencia central. Colombia no podrá cumplir sus compromisos si no moderniza de manera decidida su institucionalidad, su regulación y la forma en que funcionan sus mercados energéticos. La AIE señala que el sistema eléctrico sigue operando con reglas pensadas para un parque hidráulico y térmico tradicional, y que, bajo ese marco, es imposible integrar la escala de renovables que exige la transición. Actualizar códigos de red, criterios de despacho y mecanismos que paguen la flexibilidad no es un detalle técnico sino una condición básica para evitar congestiones y fallas en un sistema cada vez más dominado por electrónica de potencia, es decir, por los convertidores y controladores que permiten que la energía solar, eólica y las baterías se conecten y estabilicen la red.

El Roadmap también advierte que la ejecución se frena por algo más básico que la tecnología porque los proyectos de transmisión y generación se encarecen y se retrasan debido a procesos de licenciamiento, consultas y permisos avanzan con lentitud, y porque no hay una coordinación real entre la planificación energética, la regulación ambiental y el ordenamiento territorial. A esto se suman señales de mercado que van en direcciones distintas, ya que persisten subsidios heredados, instrumentos que no conversan entre sí y esquemas de remuneración que no reconocen el valor de la inversión de largo plazo, lo que termina debilitando la entrada de los proyectos que el propio escenario necesita.

No obstante que el tamaño de lo que se requiere, revelado por la AIE, es gigante frente a lo que hoy existe, el aporte más valioso del Roadmap no está en las cifras sino en la claridad con la que muestra que la transición dejó de ser un debate sobre tecnología y pasó a ser un examen sobre la capacidad de gestión del país. 

La AIE describe un futuro posible, pero deja en evidencia que su viabilidad depende de algo más profundo que instalar proyectos o atraer inversión. Depende de un Estado que funcione con mayor coordinación, de reglas que conversen entre sí, de mercados que reflejen las necesidades de un sistema más complejo y de decisiones que avancen con la oportunidad que exige la expansión de redes y la electrificación. Esa es la verdadera dimensión del reto, la que no aparece en las metas climáticas, pero sí en la forma como se ejecutan las políticas públicas.

Colombia tiene la ambición y tiene la oportunidad, lo que aún debe construir es la capacidad para sostener una transformación de esta escala.

 El Roadmap no cierra la discusión, la abre, porque obliga a mirar más allá de los anuncios y enfrentar la pregunta que definirá los años venideros, si el país puede organizarse para que su transición sea creíble y no solo aspiracional.

Por: Iván Darío Arroyave*
*El autor es consultor empresarial. Se ha desempeñado como presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, decano de postgrados de la Universidad EIA, director de posgrados en finanzas de la Universidad de la Sabana y consultor del Banco mundial. 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia

Lea también: El Gobierno está reviviendo el modelo eléctrico estatal que causó la crisis de los 90