El espejismo de la inversión masiva exprés en Venezuela

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero activó casi de inmediato una expectativa desproporcionada frente a la realidad económica del país, pues desde entonces empezó a circular la idea de que Venezuela podría entrar en una fase de reconstrucción rápida financiada por una avalancha de capital extranjero.

Bajo el supuesto del levantamiento de sanciones sobre el Estado y PDVSA, así como la normalización de sus relaciones financieras, ese planteamiento apresurado reduce la reconstrucción del país a la llegada de capital extranjero, concebido como la palanca automática para rehacer infraestructura, recomponer la producción y volver a poner en marcha la economía.

En esa misma narrativa pesan dos anuncios de Donald Trump que han alimentado el entusiasmo. Ha hablado de petroleras estadounidenses entrando a arreglar el sector energético y de la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles como supuesta fuente inicial de recursos para financiar la transición, presentados como si bastaran para poner en marcha la reconstrucción del país.

Esa lectura optimista simplifica una realidad mucho más compleja, pues la ilusión de una reconstrucción rápida se levanta sobre una economía profundamente deteriorada. Venezuela arrastra desequilibrios monetarios crónicos, finanzas públicas sin columna vertebral, crédito bancario residual, contratos debilitados y una infraestructura que opera al límite.

 A ello se suma un Estado todavía fuera del mercado financiero internacional, un sistema productivo desmantelado y una institucionalidad que no ofrece aún las bases mínimas para absorber inversión masiva.

 Aunque la acción militar marcó un punto de inflexión en el equilibrio político, no crea por sí sola las condiciones económicas, legales ni institucionales necesarias para que una avalancha de capital extranjero se transforme en inversión productiva y sostenible. 

En ese contexto, lo que se presenta y espera hasta el momento como reconstrucción exprés no es un programa listo para ejecutarse, sino una expectativa que puede estar confundiendo un colapso de arquitectura económica con un problema de caja.

La ilusión exprés de reconstrucción descansa sobre una premisa equivocada, que es suponer que todo empieza con dinero, cuando en realidad debe arrancar con reglas, dado que la inversión de gran escala requiere normas estables y contratos que se mantengan durante años, incluso cuando cambian los gobiernos. En Venezuela esas reglas aún no están consolidadas, ya que las normas cambian caso por caso y los contratos no mantienen las mismas condiciones a lo largo del tiempo. Esa falta de previsibilidad impide estructurar proyectos de largo plazo más allá de esquemas frágiles e informales.

La incertidumbre no se queda en el plano jurídico y se percibe directamente en la imposibilidad de estructurar financiamiento. La economía venezolana llega a este punto con una moneda que no permite fijar tasas de largo plazo ni armar deuda para infraestructura. El Fondo Monetario Internacional proyecta para 2026 una inflación cercana al 270 %, un nivel que vuelve matemáticamente inviable cualquier financiamiento a veinte años en moneda local o extranjera. Con una inflación de ese tamaño no existen tasas estables y la estructura financiera de proyectos de largo plazo no se puede cerrar.

A esa fragilidad monetaria se encadena un sistema financiero con profundidad colapsada. En Venezuela, la cartera de crédito del sistema bancario equivale actualmente a menos del 3 % del PIB según el indicador WDI del Banco Mundial. Ese nivel no permite financiar infraestructura, energía ni servicios públicos. No hay banca capaz de estructurar deuda de largo plazo ni mercados que puedan emitir instrumentos sostenibles.

Solo para dimensionar esta trascendental ausencia, en América Latina el crédito bancario al sector privado ronda el 50 % del PIB y en Colombia supera el 39 % del PIB según cifras del Banco Mundial. 

La situación fiscal también agrava las restricciones porque Venezuela está fuera de los mercados financieros internacionales, en default desde 2017, con pasivos externos estimados entre USD 150.000 y 170.000 millones frente a un PIB que el FMI calcula cercano a USD 82,8 mil millones para 2025. Esa relación no es un dato contable sino la señal de que, por ahora, la capacidad de endeudamiento sostenible está completamente anulada. Antes de pensar en reconstrucción hay que enfrentar la reestructuración legal de esa deuda.

El deterioro se extiende a bienes públicos esenciales en vista de que la infraestructura energética y logística del país está profundamente degradada. La industria petrolera opera en este momento a una fracción pequeña de su capacidad. Mientras Venezuela posee cerca del 17 % de las reservas probadas del planeta, con alrededor de 300 000 millones de barriles, la producción real se mantiene por debajo de los 1,1 millones de barriles diarios, muy lejos de los más de 3 millones que alcanzó hace dos décadas. La recuperación de esa infraestructura exige miles de millones de dólares y años de trabajo.

A ese bloqueo operativo se le agrega la pérdida de capital humano técnico. Ingenieros, operadores, técnicos y cuadros medios salieron del sistema productivo durante el colapso y no han regresado. Incluso con financiamiento disponible, en la actualidad no existe una masa crítica de equipos humanos listos para ejecutar y sostener proyectos industriales de gran escala.

Además de los cuellos de botella operativos y financieros, existe uno que es estructural y define todo el proceso. En el presente Venezuela todavía no cuenta con un Estado plenamente reconstituido como contraparte soberana confiable para firmar, garantizar y sostener contratos de reconstrucción de largo plazo. Sin un marco constitucional e institucional plenamente restablecido no existe sujeto capaz de emitir deuda válida, otorgar concesiones bancables, estructurar asociaciones público-privadas ni garantizar compromisos multianuales. 

La inversión institucional también depende de certezas jurídicas que trascienden fronteras. Venezuela se retiró del CIADI en 2012 y acumula laudos impagos por expropiaciones y nacionalizaciones. Algunos de esos fallos a esta altura forman parte de procesos de cobro en distintas jurisdicciones, lo que desalienta compromisos de largo plazo.

La inversión grande necesita números. En Venezuela no existen series continuas y auditables de inflación, PIB, cuentas fiscales, sector externo y deuda que permitan construir modelos de riesgo confiables. Sin esos modelos no hay calificación crediticia soberana ni de proyectos y sin calificación no existe financiamiento estructurado.

La reconstrucción depende de capacidad de ejecución y en la actualidad no existe un aparato público capaz de sostener licitaciones, pagos, garantías e interventorías durante años seguidos. 

Lo que en esta etapa sí existe es una ventana que Venezuela no había tenido en años que no es propiamente una autopista hacia una reconstrucción exprés sino la posibilidad real de empezar a ordenar el país antes de que lleguen los flujos que de verdad importan, un orden que exige instalar con rapidez un gobierno con legitimidad plena, fijar reglas creíbles, encarar la reestructuración de la deuda, reabrir canales multilaterales, priorizar infraestructura crítica y recomponer la base productiva esencial

Ahí el papel de Estados Unidos puede ser decisivo, no como sustituto del Estado venezolano sino como impulsor técnico, financiero y político para levantar esas primeras capas de orden. Lo que en el momento actual pueda aportar Washington no debería dispersarse en titulares, sino concentrarse en construir la plataforma mínima que haga posible que, más adelante, la inversión masiva llegue y no se pierda en el intento.

La oportunidad está abierta y lo que se haga ahora dirá si Venezuela reconstruye primero el país o intenta estérilmente atraer capital sobre un suelo que aún no existe.

Por: Iván Darío Arroyave*
*El autor es consultor empresarial. Se ha desempeñado como presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, decano de postgrados de la Universidad EIA, director de posgrados en finanzas de la Universidad de la Sabana y consultor del Banco mundial. 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia

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