Según el gremio, al saldo de la deuda del Gobierno, que alcanzó $1.180,6 billones en octubre, se suman pagos de intereses por $823 billones, lo que eleva el compromiso total a cerca de $2.004 billones, más del 100% del PIB nominal.
La Andi advirtió que la estrategia fiscal del Gobierno ha llevado a un aumento de la deuda pública superior a $370 billones en los últimos tres años, en un contexto marcado por déficits primarios récord, mayor uso de deuda de corto plazo y un encarecimiento sostenido del servicio de la deuda.
Según un documento del gremio sobre el balance de 2025 y las perspectivas de 2026, el saldo de la deuda del Gobierno Nacional Central alcanzó $1.180,6 billones en octubre, tras crecer $375,6 billones desde agosto de 2022, un incremento cercano al 47%.
De ese aumento, $331 billones corresponden a deuda interna y $44 billones a deuda externa, lo que refleja una estrategia centrada en financiar el gasto con emisiones locales, canjes de deuda y títulos de corto plazo.
A estos $1.180,6 billones hay que sumar $823 billones que corresponden a pago de intereses, es decir, el total suma cerca de 2.004,4 billones de pesos, más del 100% del PIB nominal.
La Andi señaló que el Gobierno ha recurrido de forma intensiva a canjes de deuda, recompras, emisiones en monedas extranjeras y un aumento histórico en el cupo de títulos de corto plazo (TCOs) para aliviar presiones de caja en el corto plazo, aunque a costa de mayores tasas de interés y un perfil de deuda más costoso en el largo plazo.
El informe advierte que, si bien estas operaciones reducen vencimientos inmediatos, no corrigen el problema estructural del endeudamiento, ya que el gasto por intereses sigue creciendo y ya equivale a 4,7% del PIB. A esto se suma que el total de la deuda, incluidos los pagos de intereses proyectados, supera el 100% del PIB nominal, una señal que, según la Andi, vulnera la credibilidad fiscal del país.
El gremio alertó además que este deterioro fiscal envía un mensaje negativo a inversionistas, calificadoras de riesgo y mercados financieros, y deja al próximo Gobierno con un margen de maniobra muy limitado ante eventuales choques económicos.
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