Con seis votos potenciales a favor, pero resistencias internas, la decisión sobre el Permian pone a prueba la estrategia de Ecopetrol, en momentos en que la compañía evalúa una eventual entrada a Venezuela, condicionada al levantamiento de sanciones.
La asamblea extraordinaria de Ecopetrol ratificó la nueva Junta Directiva de la petrolera, un órgano que queda con una decisión clave en el corto plazo: definir el futuro de la participación del Grupo en la cuenca del Permian, en Texas, donde es socio de Occidental Petroleum, OXY.
La discusión se dará en medio de presiones políticas, alertas legales y un debate técnico sobre el impacto operativo y financiero de una eventual venta.
Aunque en teoría seis de los nueve miembros de la Junta apoyarían la propuesta del presidente Gustavo Petro de desinvertir en el Permian, el resultado no está cerrado. Pesará la posición del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien ha sido reacio a la operación, y la llegada a la Junta del presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), César Eduardo Loza, un crítico frontal de la venta.
Entre algunos directivos existe el temor de una eventual demanda por detrimento patrimonial. El activo del Permian es considerado estratégico: aporta más de 100.000 barriles diarios a la producción del grupo y, según la USO, es el más rentable del portafolio. Sus costos de levantamiento se ubican entre US$5 y US$6 por barril, frente a US$12–14 en Colombia.
El sindicato advierte que una desinversión implicaría una caída cercana al 15% de la producción diaria (unos 115.000 barriles), la pérdida de 189 millones de barriles equivalentes —cerca del 10% de las reservas— y un golpe a la generación de caja: el margen EBITDA del Permian ronda el 76%, frente a 35%–40% en Colombia, y aporta el 14% del EBITDA del upstream.
La eventual salida del Permian marcaría un contraste con el posible ingreso de Ecopetrol a Venezuela. Roa señaló que la compañía está lista para evaluar una eventual participación en la reactivación de la industria petrolera y de la infraestructura eléctrica del país vecino, una posibilidad que dependerá del levantamiento o flexibilización de las sanciones internacionales.
Tras reuniones del Gobierno colombiano en Washington, Roa explicó que se presentaron las capacidades técnicas y operativas del grupo —que integra 118 empresas y vehículos— para apoyar procesos de recuperación energética, especialmente en proyectos de rehabilitación petrolera y eléctrica. Cualquier avance, advirtió, estará condicionado a las decisiones que adopte la Office of Foreign Assets Control (OFAC).
La nueva Junta quedó integrada por Ángela María Robledo (presidenta) y, como independientes, Carolina Arias Hurtado, Hildebrando Vélez Galeano, Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao Cardona. Como no independientes, Juan Gonzalo Castaño Valderrama, Liliana Tatiana Roa Avendaño, Alberto José Merlano Alcocer y César Eduardo Loza.
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