La denuncia de escándalos no solo debería terminar en ejemplares sanciones, para evitar que la no sanción sea socialmente más perjudicial que el propio hecho corrupto, mucho más si éste es protagonizado por altos funcionarios.
Como latinoamericano me conmuevo cuando veo que muchas de las producciones cinematográficas de Colombia, México, Brasil y Argentina, entre otras, coinciden que la ilegalidad, el chantaje y el soborno, entre otros, hacen parte de nuestra cultura arraigada, y que nuestros gobiernos, políticos y funcionarios públicos por regla general son corruptos.
Ello se confirma en las noticias cotidianas que registran hechos donde varios de los fueron elegidos en las urnas bajo la consigna de defender lo público son los que recrean líos de corrupción, enriquecimiento ilícito, detrimento y desvío de recursos gubernamentales, favorecimiento indebido, beneficios, recursos y contratos sin cumplimiento de requisitos, sobornos y tráfico de influencias, entre otros.
Dichos escándalos violan la ética y la legalidad y ocasionan un grave perjuicio económico, administrativo, institucional y de imagen. Evitarlos es una tarea de la buena educación donde desde la formación inicial se forjen los lineamientos éticos y morales que acompañen nuestra conducta social a lo largo de la vida y controlarlos debería convertirse en una oportunidad para aprender, desde el ejemplo al respeto y acatamiento de las normas, impulsando desarrollos tecnológicos como el blockchain que reduzcan el fraude y generen un sistema de sanciones inmediatas provenientes de sistemas de control rigurosos, dando opción a la aplicación de la leyes que ya existen, pero aun no favorecen en la práctica la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas propias de la gestión de los bienes y recursos públicos.
Vale recordar cómo, por ejemplo, los sistemas financieros y legales de control del lavado de activos nacieron tras la corrupción del narcotráfico y el contrabando; que ello llevó también a implementar mecanismos para evitar el ingreso de dineros ilícitos en las campañas políticas; que en Bogotá, las condenas por desfalco en contratos de obras públicas, llevó a reformar el sistema de contratación; que tras el robo accionario de Interbolsa, la Superintendencia Financiera fortaleció la regulación del mercado de valores; que con el escándalo de Agro Ingreso Seguro, se reformaron los programas de subsidio agrícola, para beneficiar a pequeños productores; y que en el caso de fraudes internacionales ello llevó a mejorar la comunicación global de las agencias de control, entre otros desarrollos evolutivos que se han forjado lastimosamente en medio de las millonarias pérdidas económicas para nuestra nación y otros países del planeta.
La denuncia de escándalos no solo debería terminar en ejemplares sanciones, para evitar que la no sanción sea socialmente más perjudicial que el propio hecho corrupto, mucho más si este es protagonizado por altos funcionarios. No en vano, filósofos han advertido que “la corrupción del mejor es la peor”.
Si bien en un entorno violento denunciar la corrupción es un acto de heroísmo, y de rating en el caso de los medios de comunicación, lo realmente importante es que estos hechos sean debida y prontamente investigados y produzcan sanciones o absoluciones diáfanas, pero también aprendizajes para que la sociedad valide las consecuencias del mal proceder, como aquellas enseñanzas ciertas y esenciales para la convivencia ciudadana; frases célebres nos dicen que:
- No hay que hacer al otro lo que no se quiere para sí mismo
- Los recursos públicos son sagrados
- El fin no justifica los medios
Por ello es esencial investigar y sancionar o absolver; en el escenario ideal de una sociedad que no esté enferma, no deberíamos depender de controles normativos para asegurar la debida conducta de los ciudadanos y los funcionarios públicos. Al fin y al cabo, si el árbol viene torcido de raíz (el ejemplo de casa y la convicción y compromiso con los valores esenciales del respeto, la no violencia y la disciplina) es difícil enderezarlo con una ley, ello es más papel de la buena educación. Pero, de todos modos, hay que hacer algo, porque la inacción termina siendo una forma de corrupción más grande en muchos casos que el escándalo denunciado.
Los colombianos anhelamos que por el bien de nuestra convivencia y nuestros hijos y en las próximas generaciones, haya una debida resolución judicial y claridad frente a responsables y sanciones de los muy diversos escándalos de nuestra historia.
En mi caso he sido denunciado por prácticas de corrupción en la Unad y he sido al mismo tiempo absuelto por parte de la justicia y los entes de control luego de exhaustivos procesos de investigación en juzgados, tribunales y altas cortes; sin embargo, la difusión de estas decisiones no han sido comunicadas por los grandes medios como si lo fueron en su tiempo los escándalos denunciados por quienes han pretendido el control de la universidad ya que sus denuncias sobre recursos públicos malversados han sido fruto de noticias falsas generando desgastes que frenaron nuestra causa social educativa; dichas polémicas en su momento afectaron las relaciones de confianza con altos funcionarios de cada gobierno y con organizaciones de carácter público y privado; afortunadamente los impactos y resultados de la Unad en su aporte social y consolidación académica siempre superaron el interés proclive de estos personajes que añoran el poder de la universidad pública con mayor cobertura poblacional y geográfica de Colombia, pero como en 2026 inicia un nuevo proceso de designación rectoral, ya preveo que aparecerán nuevamente los refritos en los que se basan siempre las añejas denuncias.
Haciendo esta claridad retomo para concluir esta reflexión que ojala en esta patria no reine, de forma perjudicial, aquello de que “el vivo vive del bobo”, de que las penas y restituciones son ínfimas frente a los ilícitos cometidos, de que hacemos héroes a los villanos y de que los hijos aprenden que no vale la pena el estudio, el trabajo y el esfuerzo, porque educarse para formarse integralmente siempre será más sacrificado y costoso en tiempo y dinero, que cualquier acción de corrupción.
Ojala nuestra sociedad se eduque bien para dejar atrás estos cíclicos escenarios.
Por: Jaime Alberto Leal Afanador*
*El autor es rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad).
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.
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