En Montería, el presidente Gustavo Petro advirtió que, si la Corte no avala la emergencia económica para atender la crisis, el Gobierno la decretará de nuevo, aun asumiendo riesgos jurídicos, ante la magnitud de la situación actual.
El Ministerio de Hacienda estimó en cerca de $8 billones el costo de la recuperación de las zonas del Caribe afectadas por las inundaciones recientes, particularmente en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. La cifra fue presentada durante el Consejo de Ministros realizado este martes en Montería.
El titular de la cartera, Germán Ávila, señaló que la magnitud de la emergencia hace necesario acudir a una Emergencia Económica y Social para acceder a recursos adicionales que permitan atender la crisis. Según explicó, se trata de hechos “sobrevinientes e impredecibles” que justifican el uso de este mecanismo constitucional.
De acuerdo con cálculos preliminares del Gobierno, la inversión requerida para la recuperación de la región afectada bordea los $8 billones, recursos que estarían destinados a la reconstrucción de infraestructura, la atención de las comunidades damnificadas y la recuperación del tejido social y productivo.
El presidente Gustavo Petro coincidió en que la emergencia climática implicará un esfuerzo fiscal significativo en los próximos meses y advirtió que la llegada de un nuevo frente frío podría agravar la situación en varios departamentos del Caribe y el Pacífico. Según el mandatario, la ola invernal ha dejado al menos 14 personas fallecidas y decenas de miles de familias afectadas.
Petro reiteró su solicitud a la Corte Constitucional para que levante la suspensión provisional del decreto con el que el Gobierno declaró la Emergencia Económica y Social a finales de 2025. Durante el Consejo de Ministros, sostuvo que, de levantarse la medida cautelar, no sería necesario expedir un nuevo decreto y atribuyó la suspensión a una discusión jurídica en curso.
“Si no nos dejan la emergencia económica, que a quién se le ocurre que en este momento no deba haber una emergencia económica, entonces nos toca decretarla otra vez, a riesgo”, señaló.
El jefe de Estado también advirtió que, en un contexto de restricciones fiscales tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento, el Gobierno tendría que realizar recortes cercanos a $16 billones en el Presupuesto General, mientras que la reparación de los daños ocasionados por las lluvias demandaría un monto de magnitud similar.
Petro concluyó que los nuevos impuestos tendrán que pagarlos los más ricos: “No les queremos poner impuestos al pequeño y mediano empresario, menos al campesino, a la gente que trabaja, al profesional. Vamos a la cúpula de la sociedad. Eso fue lo que pusimos en los decretos de emergencia y en las leyes. Entonces por qué el (impuesto al) alcohol no puede ayudar a salvar la vida con el impuesto. Mientras el campesinado de Córdoba está con el agua al cuello, al señor Luis Carlos Sarmiento se le han suspendido los impuestos que no ha pagado”, aseguró.
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