El presidente Gustavo Petro afirmó que solo se expedirá un nuevo decreto si la Corte Constitucional no avala la Emergencia Económica declarada en diciembre, hoy suspendida provisionalmente mientras el alto tribunal decide de fondo.
El Gobierno alista la declaratoria de una nueva Emergencia Económica y Social que incluiría un impuesto extraordinario al patrimonio de las empresas, con tarifas de 0,6% y 1,2% para sociedades con patrimonios de $10.000 millones y $30.000 millones, respectivamente.
Aunque el Ministerio de Hacienda habló de una emergencia por $8 billones para atender los impactos de la temporada de lluvias —especialmente en Córdoba—, la declaratoria está condicionada. El presidente Gustavo Petro dejó claro que solo se expedirá un nuevo decreto si la Corte Constitucional no avala la Emergencia Económica ya adoptada mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025.
Durante el Consejo de Ministros en Montería, el mandatario afirmó que, si la Corte no aprueba la emergencia suspendida, el Ejecutivo “tendrá que decretarla otra vez”.
En la práctica, el Gobierno no puede aplicar hoy los impuestos creados mediante el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, que incluía gravámenes a licores, patrimonio y otros sectores, mientras la Corte decide de fondo.
Desde 2023, el Gobierno ha decretado tres estados de excepción. El primero fue en julio de 2023, por la crisis humanitaria en La Guajira; la Corte lo declaró inexequible al considerar que no se trataba de hechos sobrevinientes.
En enero de 2025 se declaró conmoción interior y emergencia económica en el Catatumbo por la escalada violenta; el decreto de financiación fue tumbado por vicios de trámite.
La más reciente emergencia se expidió el 22 de diciembre de 2025, mediante el Decreto 1390, tras el hundimiento de la reforma tributaria y en medio de un déficit fiscal creciente.
La nueva emergencia -la cuarta, si se declara- tendría como eje un esquema progresivo de tributación empresarial, según el ministro Germán Ávila Plazas. De acuerdo con lo planteado por el ministro, los recursos buscarían cubrir un faltante estimado en $8 billones para atender los daños causados por las inundaciones, que han afectado infraestructura, servicios básicos y comunidades vulnerables.
El anuncio se da en un contexto fiscal complejo: el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso, mayores presiones en salud y seguridad, y un deterioro progresivo de las cuentas públicas, por un exceso de gasto. El Ejecutivo argumenta que los choques climáticos constituyen hechos sobrevinientes que justifican medidas excepcionales.
La decisión final dependerá ahora del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Si el tribunal no valida la emergencia vigente, el Gobierno ya anticipó que insistirá con un nuevo decreto y un paquete tributario enfocado en grandes patrimonios empresariales.
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