Lo que el sector privado colombiano debe hacer antes de que llegue el próximo presidente

A días de la elección presidencial, los empresarios están haciendo la pregunta equivocada. En lugar de escoger entre candidatos, el sector privado necesita construir la capacidad de negociación que ningún gobierno va a construir por las empresas.

El 21 de junio, los colombianos elegirán a su próximo o próxima presidente. Los gremios, los inversionistas y las juntas directivas están mirando de cerca, calculando cuál escenario es mejor para el crecimiento.

Estamos haciendo la pregunta equivocada.

La que realmente importa, la que definirá la trayectoria económica del país durante la próxima década sin importar quién gane, es: ¿tiene el sector privado colombiano la claridad estratégica y el valor institucional para renegociar los términos en los que participa en la economía global?

La respuesta, hoy, es no. Y eso tiene que cambiar.

La paradoja en el corazón del empresariado

Colombia es, por las mediciones estándar, una historia de éxito. Segundo mayor receptor de IED en América Latina. Sector tecnológico creciendo al 15% anual. Medellín convertida en referente global de innovación. Estabilidad macroeconómica sostenida a través de una década de turbulencia política.

Y, sin embargo: la participación manufacturera en el PIB acaba de tocar un mínimo histórico del 10%. El 55% de la fuerza laboral sigue en la informalidad. La deuda pública va camino al 63% por ciento del PIB. Y al país le quedan apenas siete años de reservas probadas de petróleo, sin una estrategia industrial acordada para reemplazar los ingresos fiscales que éstas generan.

Esto no es una paradoja. Es un patrón estructural. Colombia ha sido buena atrayendo actividad económica sin capturar su valor. Ha alojado capital global sin construir capacidades nacionales.

Este patrón no se rompe con un cambio de gobierno. Solo se rompe si el sector privado cambia su propio papel: de anfitrión pasivo del capital global a arquitecto activo del escalamiento industrial.

Eso es lo que entiendo por desobediencia estratégica.

Cinco restricciones que el empresariado no puede ignorar

La desobediencia estratégica no significa rechazar la inversión. Significa negociar desde una comprensión lúcida de las restricciones que condicionan cada decisión empresarial en Colombia.

• La deuda es un problema estratégico:  Con la deuda pública proyectada al 63% del PIB y calificadoras como Fitch y S&P rebajando la nota soberana, cualquier gobierno tendrá margen fiscal limitado. Si el escalamiento industrial va a ocurrir, los gremios y el sector privado van a tener que cofinanciarlo. Esperar a que el Estado lo haga solo es esperar indefinidamente.
• El crimen organizado es un problema de estructura de mercado. Las redes criminales controlan corredores logísticos, puertos y mercados laborales en partes importantes del territorio. Los ataques a oleoductos son un costo operativo crónico. El asesinato de un candidato presidencial en 2025 no fue un incidente aislado: fue el síntoma de una falla de gobernanza territorial que afecta directamente el clima de inversión. Cualquier estrategia empresarial que no contemple esto no es seria.
• La persecución política reduce la calidad de las decisiones de inversión. Cuando defensores ambientales, líderes comunitarios y periodistas son amenazados o criminalizados, se desactiva el sistema de alerta temprana para los malos negocios. Varios de los conflictos extractivos más costosos de la historia colombiana podrían haberse evitado si las voces locales hubieran sido escuchadas a tiempo. La protección del espacio cívico es un asunto de calidad de la inversión.
• La vulnerabilidad climática es un riesgo operativo, no un escenario futuro. La sequía del Fenómeno de El Niño de 2023-2024 obligó al país a recurrir a combustibles fósiles para evitar apagones masivos. Esto tiene implicaciones directas sobre costos de energía, agricultura y confiabilidad de la infraestructura. Colombia es simultáneamente el segundo país más biodiverso del mundo, un potencial exportador de energía verde y un país que ya está sufriendo los costos del cambio climático. Toda estrategia de inversión debe poner precio a esto.
• La fragilidad social es una restricción de capacidades. Una fuerza laboral con más de la mitad en la informalidad y cobertura pensional débil no puede absorber los choques de la inteligencia artificial, la transición energética y la reestructuración del comercio. Los países que construyen resiliencia laboral pueden gestionar las transiciones. Los que no, acumulan inestabilidad política que se cotiza como riesgo de inversión.

En qué consiste realmente la desobediencia estratégica

• Dejar de competir con bajos costos y empezar a competir en condiciones: Los desarrolladores colombianos ganan entre 25.000 y 50.000 dólares al año. Las empresas que se relocalizan desde Estados Unidos ahorran hasta el 40% en costos de ingeniería. Ese arbitraje salarial no es una posición sostenible: desaparece en cuanto sube el salario o aparece otro destino más barato. Los gremios que negocian con multinacionales hoy deberían estar exigiendo cláusulas de transferencia de tecnología, compromisos de I+D local y programas de desarrollo de proveedores. El país tiene la palanca. No la está usando.
• Usar los activos naturales como palanca estratégica, no como oferta de commodities: De sobra sabemos que Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta, tiene dos costas y un potencial de energía renovable entre los más altos del hemisferio. La transición desde la moratoria petrolera del gobierno Petro es una ventana crítica. El sector privado, y Ecopetrol como institución ancla,  debería empujar por un acuerdo: operación de campos existentes a cambio de inversión obligatoria en encadenamientos industriales en energía limpia. Usar la palanca de la transición, no solo las rentas del statu quo.
• Construir la capacidad para evaluar, disciplinar y a veces rechazar la inversión:  Los países con sólida capacidad técnica para evaluar propuestas de inversión atraen mejor inversión, porque los inversionistas sofisticados prefieren reglas claras a la negociación ad hoc de incentivos. Los gremios, las universidades y los centros de pensamiento colombianos debemos invertir en exactamente esta capacidad: analizar contratos, modelar consecuencias distributivas y exigir que tanto el gobierno como los inversionistas extranjeros cumplan sus compromisos. Esto no es ser anti-empresa. Es ser pro-buena-empresa.

Lo que hay que exigirle al próximo gobierno

Cepeda continuaría la agenda de Petro. De la Espriella propone una liberalización de choque al estilo Milei. Cada plataforma tiene elementos atractivos para el empresariado y elementos que generarán fricciones. Pero la pregunta estratégica no es cuál es mejor. Es qué condiciones mínimas debe cumplir cualquier gobierno entrante.

Son cuatro: (i) un marco fiscal creíble que reduzca la dependencia de los hidrocarburos mediante diversificación productiva , y no solo recortes de gasto; (ii) una política industrial con recursos reales, no los dos mil millones de dólares en 11 años del CONPES 4129, mientras Brasil invierte 60.000 millones en el mismo período; (iii) una estrategia de seguridad territorial que abra el 60% del territorio nacional a la actividad económica legítima; y (iv) un piso de protección social que acompañe la transición, empezando por resolver la reforma pensional.

El argumento del valor

Durante décadas, el empresariado colombiano ha operado dentro de un marco de dependencia que era suficientemente cómodo: extraer o procesar un recurso, prestar un servicio, mantener costos competitivos, conservar el acceso político y manejar el resto. Ese marco se está quedando sin camino. El ciclo de commodities está girando, el precipicio fiscal se aproxima, el clima cambia y el orden global se reorganiza.

La ventana para una inserción diferente en la economía global, que esté basada en capacidades en lugar bajos costos, en condiciones en lugar de incentivos, está abierta ahora mismo. La demanda global por los minerales, la energía, la biodiversidad y el talento digital de Colombia es real y urgente. Esa urgencia es palanca.

Pero la palanca tiene fecha de vencimiento. Y el sector privado que espere a que el próximo gobierno construya esta capacidad estratégica descubrirá que para cuando actúe, los términos ya habrán sido definidos por otros.

La elección del 21 de junio importa. Pero la decisión más importante no se toma en las urnas. Se toma en las juntas directivas, los gremios y los centros de pensamiento que definen lo que Colombia le ofrece al mundo, y especialmente, en qué términos.

Esa decisión no puede tomarla ningún candidato por nosotros.

Por: María Alejandra Gonzalez-Perez
Twitter:@alegp1
*La autora es Jefe de la Maestría en Sostenibilidad de la Universidad EAFIT. Antes fue presidente para América Latina y El Caribe de la Academia de Negocios Internacionales (AIB). PhD en Negocios Internacionales y Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Nacional de Irlanda.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

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