El próximo gobierno no podrá ofrecer una victoria contra el narcotráfico. El mercado es demasiado rentable y resistente. Pero puede dejar un país con menos violencia, instituciones más capaces y una política coherente. Eso sería un gran avance.

Colombia llega al final del mandato Petro con tres realidades simultáneas en el frente del narcotráfico, y ninguna apunta en la dirección que la política oficial prometió.

La primera es la expansión de los cultivos. En 2023 el SIMCI registró 253.000 hectáreas sembradas de coca, frente a 48.000 en 2013: un crecimiento de 427% en una década. El potencial productivo de clorhidrato de cocaína alcanzó las 2.664 toneladas, más del 70% del total global. Esta expansión, sin embargo, está concentrada: la mitad del área cultivada está en apenas 13 municipios. No estamos frente a una coca diseminada por el país sino enclaves productivos consolidados, con economías locales que dependen estructuralmente del cultivo. 

La segunda es la fragmentación armada. En 2018 los grupos armados organizados sumaban 12.800 integrantes; hoy superan los 27.000. La Paz Total no contuvo la expansión y probablemente la aceleró. Mientras el Estado intentaba negociar con casi todos los grupos al tiempo, las organizaciones crecieron, utilizando ceses al fuego para fortalecerse y diversificar sus rentas. Estos grupos ya no viven solo del narcotráfico. Combinan extorsión, minería ilegal, control de economías lícitas y gobernanza criminal sobre comunidades enteras. Su portafolio se  amplió y la capacidad de afectar a las comunidades locales también.

La tercera es la incoherencia de la política. El gobierno actual diseñó una política de drogas con elementos realmente importantes. Reconoció el problema de la producción de coca y cannabis como uno de desarrollo rural, priorizó la salud pública y abrió la discusión sobre la regulación. Pero la implementación quedó a medias. El PNIS, que arrastra nueve años, llegó a marzo de 2026 con apenas 20,77% de familias con la totalidad de los componentes entregados. 

RENHACEMOS, lanzado sin cerrar el PNIS, todavía no tiene una evaluación de resultados y no es claro cómo se diferencia y corrige los problemas del antiguo PNIS. La regulación del cannabis de uso adulto se hundió en el Congreso y el gobierno no avanzó en diseñar lo que podría ser una regulación al menos a nivel de un piloto. Tras la descertificación condicionada de septiembre de 2025 y la presión de la administración Trump, el gobierno retomó la aspersión terrestre con glifosato y anunció una nueva modalidad con drones, contradiciendo su propia narrativa reformista. El resultado es que no se logró una reforma profunda ni se obtuvieron resultados importantes en la reducción de la oferta.

El próximo gobierno hereda este panorama con mucho menos espacio fiscal y menos margen diplomático. Pero la salida no es volver al guion de la guerra contra las drogas, que durante cincuenta años produjo los mismos picos productivos que vemos hoy. La salida pasa por aceptar lo que la evidencia acumulada muestra: la erradicación forzada tiene efectividad limitada por el efecto globo y las altas tasas de resiembra; las interdicciones en etapas avanzadas de la cadena —laboratorios, cargamentos grandes— son más costo-efectivas y afectan más las finanzas criminales;  pero  la reducción de la violencia y el desarrollo rural deben ser los indicadores principales de la política de drogas, incluso si eso implica sacrificar metas de hectáreas erradicadas.

Cuatro decisiones marcarán el éxito o el fracaso del próximo periodo presidencial. Primero, cerrar el PNIS con resultados verificables y evaluar RENHACEMOS antes de escalarlo. Implicaría promover las inversiones públicas en regiones cocaleras antes que la sustitución a nivel de predio. Segundo, mover el centro de gravedad de las intervenciones de reducción de oferta hacia los eslabones altos y el lavado de activos, no los campesinos que cultivan la hoja. Tercero, retomar la regulación del cannabis de uso adulto como agenda legislativa prioritaria, con un piloto que permita medir efectos en salud y seguridad. Cuarto, reconstruir la diplomacia de drogas sobre la corresponsabilidad: insistir en que los países consumidores asuman costos y que las métricas de éxito incluyan pobreza, violencia y deforestación, no solo área cultivada.

El próximo gobierno no podrá ofrecer una victoria contra el narcotráfico. El mercado es demasiado rentable y resistente. Pero puede dejar un país con menos violencia, instituciones más capaces y una política coherente. Eso sería un gran avance.

Por: María Alejandra Vélez (*) y Michael Weintraub (**)

* Directora del Área de Desarrollo Rural, Economías Ilícitas y Medio Ambiente del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) y Profesora Titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.

** Director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) y Profesor Asociado del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes.

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