La transición presidencial abre dos escenarios que divergen de forma relevante para la planeación corporativa. ¿Qué esperar?

Colombia vive un momento de visibilidad internacional poco común, y para las áreas de sostenibilidad corporativa no se trata de un titular de política exterior lejano. Es una variable que determinará el costo del capital, el acceso a mercados y las reglas de reporte ESG durante toda la próxima década. La razón es una coincidencia de calendarios que rara vez se alinea: el país ocupa un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para 2026-2027, atraviesa una transición presidencial que definirá el rumbo de su política exterior, y será gobernado durante el mismo periodo en que se negocie el marco que reemplazará a la Agenda 2030.

La tesis central es simple y exigente: el reconocimiento diplomático solo se convierte en capital movilizable cuando se traduce en arquitectura financiera concreta. Prestigio no es lo mismo que inversión. Garantías contra riesgo, taxonomías homologadas, finanzas mixtas institucionalizadas y estabilidad jurídica son el terreno donde las empresas pueden anticiparse, y donde el capital decide si llega o no.

Un activo diplomático con credibilidad mixta

Colombia llegó al Consejo de Seguridad con respaldo notable: fue elegida con 180 votos en la Asamblea General, una de las votaciones más altas de su historia, y en junio de 2026 ejerce la presidencia rotativa del órgano. Esa plataforma le da voz en la agenda global de paz y seguridad, con eventos insignia sobre Oriente Medio y sobre Mujeres, Paz y Seguridad.

Pero la influencia efectiva se ha desgastado. Bajo una política exterior más activista y confrontacional, las tensiones con aliados tradicionales, como Estados Unidos, Europa, y Israel, han tenido un costo reputacional medible. Y aquí está el punto que la dirección de sostenibilidad no puede ignorar: la credibilidad país es un componente directo del riesgo país, que a su vez encarece el capital. El desgaste diplomático no es simbólico; se traduce en spreads de financiamiento más altos y en mayor escrutinio para los proyectos ESG colombianos en los mercados internacionales.

Como miembro no permanente, Colombia carece de veto. Su poder reside en la narrativa, la agenda y los debates abiertos, no en las resoluciones vinculantes. Es una oportunidad de proyección, no un instrumento de poder duro.

Dos rumbos posibles, ninguno claramente superior

La transición presidencial abre dos escenarios que divergen de forma relevante para la planeación corporativa. Un perfil de continuidad mantendría un multilateralismo activista, mayor protagonismo del Sur Global y énfasis en financiamiento climático, a costa de fricción persistente con Washington e incertidumbre regulatoria y fiscal. Un perfil pragmático buscaría reconstruir alianzas tradicionales, mejorando la estabilidad jurídica y la confianza inversionista, pero podría enfriar la prioridad política de la transición energética.

La conclusión estratégica es que ninguno de los dos escenarios es unívocamente mejor para la agenda ESG. Cada uno abre oportunidades y cierra otras. Por eso ninguna estrategia robusta debería apostar a un solo resultado: la planeación tiene que contemplar ambos.

De reconocimiento a capital: las cinco condiciones

Aquí está el corazón operativo del diagnóstico. El prestigio de Colombia en diplomacia de paz y ambiental solo destraba inversión privada hacia los ODS y la transición energética si se convierte en mecanismos financieros concretos. Cinco condiciones marcan la diferencia.

  • Primero, liderazgo en la reforma de la arquitectura financiera internacional: si Colombia usa su voz en el FMI, el Banco Mundial y el G20 para que los bancos multilaterales asuman los riesgos iniciales más duros, los grandes fondos verán al país como destino seguro para proyectos de gran escala. 
  • Segundo, consolidarse como hub regional de finanzas mixtas, institucionalizando un marco que combine capital público, filantrópico y privado y presente proyectos “bancables”. 
  • Tercero, homologar estándares ESG y taxonomías verdes con marcos globales como el ISSB y la diligencia debida europea, de modo que un parque eólico en La Guajira cumpla los mismos requisitos exigidos en Fráncfort o Nueva York. 
  • Cuarto, transformar la diplomacia de paz en garantías concretas contra el riesgo político, negociando seguros con entidades como MIGA y la DFC. 
  • Y quinto, mantener coherencia y estabilidad en la gobernanza de tratados de inversión, porque el capital de desarrollo opera con horizontes de 15 a 30 años y huye de la incertidumbre.

Impulsores, barreras y un doble rol empresarial

Los vientos a favor existen: financiamiento verde, el “sello” de gobernanza que impone la pertenencia a la OCDE, y recursos multilaterales dirigidos al desarrollo rural en zonas afectadas por el conflicto. Pero las barreras son reales. Las restricciones fiscales limitan el margen del Estado y trasladan a la inversión privada el liderazgo del bienestar. La dependencia de los fósiles para financiar el gasto social crea un dilema de descarbonización delicado. Y mecanismos como el CBAM europeo imponen exigencias que el tejido empresarial colombiano, teniendo en cuenta que más del 90% micro, pequeñas y medianas empresas, no siempre puede certificar.

De ahí surge un doble rol para las grandes empresas: ser estructuradoras de proyectos bancables y, a la vez, tractoras de sus cadenas de Mipymes hacia la certificación ESG, antes de que las barreras no arancelarias las dejen fuera de los mercados más rentables.

La agenda post-2030 se negocia ahora

Los 17 ODS vencen en 2030, y la discusión sobre qué los reemplazará coincidirá casi exactamente con el próximo periodo presidencial. El marco que viene será probablemente más exigente, más medible y más vinculante: integración entre clima y desarrollo, métricas auditables en lugar de narrativas, y la reforma financiera como pilar explícito. También existe un riesgo de fragmentación, donde un mundo más dividido obligue a las empresas a navegar estándares regionales distintos según el bloque.

La oportunidad para Colombia es jugar de país-puente, aprovechando su credibilidad simultánea con el Sur Global y con Occidente. Para las empresas, un país-puente significa acceso a múltiples fuentes de capital; un país polarizado significa tener que elegir bloque.

Cinco movimientos para la dirección de sostenibilidad

El diagnóstico se traduce en una agenda práctica. Trate el riesgo país como variable ESG e incorpórelo a su planeación de escenarios. Planee para ambos resultados electorales sin apostar a uno solo. Adelántese en medición y certificación, porque construir hoy sistemas de datos auditables es ventaja competitiva, no costo de cumplimiento. Estructure proyectos como finanzas mixtas para reducir costo y riesgo. Y traccione su cadena de Mipymes hacia la certificación, protegiendo así sus propias cadenas de valor.

La pregunta de fondo no es si Colombia será reconocida, ya lo es, sino si convertirá ese reconocimiento en mecanismos concretos que hagan converger impacto y rentabilidad. Las empresas que se anticipen a esa conversión, en lugar de esperarla, capturarán la mayor parte del valor.

Por: María Alejandra Gonzalez-Perez
Twitter:@alegp1
*La autora es Jefe de la Maestría en Sostenibilidad de la Universidad EAFIT. Antes fue presidente para América Latina y El Caribe de la Academia de Negocios Internacionales (AIB). PhD en Negocios Internacionales y Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Nacional de Irlanda.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

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