La situación fiscal del nuevo gobierno es apremiante. La apuesta es revivir la exploración de hidrocarburos y el fracking.
El anuncio del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, de que el nuevo gobierno volverá a permitir el fracking desde el próximo 7 de agosto reabrió uno de los debates energéticos más complejos que ha vivido Colombia en la última década.
En una entrevista con Caracol Radio, Restrepo aseguró: “El 7 de agosto permitiremos de nuevo el fracking en nuestro país”, y añadió que también se reanudarán los nuevos contratos de exploración de petróleo y gas como parte de la estrategia para recuperar la confianza de los inversionistas y fortalecer la seguridad energética. De otra parte, son muchos los expertos que han pedido que se reactive la actividad exploratoria en el país.
La propuesta busca aportar en la solución del principal problema que hereda del Gobierno Petro la nueva administración: el delicado estado de las finanzas públicas. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió en su más reciente informe al Congreso que las proyecciones fiscales del Gobierno son más optimistas que su escenario técnico y estimó que será necesario un ajuste de gran magnitud para recuperar una senda sostenible de las cuentas públicas.
La Contraloría General de la República, por su parte, advirtió que al menos la mitad de los 55,72 billones de pesos del Presupuesto de 2026, permanece desfinanciada. Esto es un hueco de 303 billones de pesos.
Así que realmente hay una urgencia de recursos, que le va tocar administrar al nuevo gobierno a partir del 7 de agosto. La administración de De la Espriella ha planteado que la recuperación del sector de hidrocarburos volverá a ocupar un lugar central dentro de la política económica, básicamente porque es uno de los sectores que mayores recursos puede generar si se reactiva.
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Sí al fracking, ¿pero cómo?
Sin embargo, todo indica que no va a resultar simple retomar el camino de los pilotos de fracking, porque persisten obstáculos jurídicos y administrativos.
La respuesta exige volver sobre la historia de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII), concebidos por el Gobierno de Iván Duque para obtener evidencia científica sobre la viabilidad técnica, ambiental y social de la explotación de esta clase de técnica.
Los dos proyectos seleccionados fueron Kalé y Platero, ambos ubicados en Puerto Wilches, Santander. Kalé alcanzó a obtener licencia ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mientras que Platero permaneció en etapa de licenciamiento. Ninguno llegó a desarrollar operaciones de fracturación hidráulica.
A primera vista, solo sería que el nuevo Gobierno ordene el reinicio de los proyectos, porque la licencia ambiental de Kalé sigue vigente. Eso pone en evidencia la importancia de tomar pronto el control de Ecopetrol, compañía que ha estado en medio de mucha polémica por cuenta del papel de Ricardo Roa. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, también ha dicho que una de las primeras medidas es convocar a asamblea extraordinaria de Ecopetrol, con el objetivo de nombrar nueva junta directiva y nuevo equipo gerencial.
La situación de los pilotos
En lo que se refiere a los proyectos piloto de fracking, específicamente a Kalé y Platero, la controversia jurídica comenzó cuando comunidades y organizaciones sociales acudieron a la acción de tutela alegando vulneraciones a los derechos de participación ambiental y consulta previa. El caso recorrió la primera y la segunda instancia judicial antes de ser seleccionado para revisión por la Corte Constitucional.
En la Sentencia T-514 de 2023 la Corte explica las decisiones adoptadas por los jueces de instancia y analiza por separado dos controversias: una relacionada con la participación ambiental de la ciudadanía y otra con los derechos de consulta previa de la Corporación AfroWilches, que fue la demandante.
Lejos de prohibir el fracking en Colombia, la Corte Constitucional adoptó una decisión más matizada. En materia de participación ambiental no accedió a todas las pretensiones de los accionantes. Sin embargo, respecto de la comunidad AfroWilches concluyó que existían elementos suficientes para proteger su derecho fundamental a la consulta previa y ordenó adoptar las medidas correspondientes antes de que pudiera avanzarse en actuaciones que generaran afectación directa. Esa decisión se convirtió en uno de los principales referentes jurídicos para cualquier intento futuro de desarrollar los proyectos pilotos de fracking.
Por esa razón, el anuncio del nuevo gobierno no puede interpretarse simplemente como la reanudación automática de los pilotos. Aunque exista una decisión política favorable, será necesario examinar cuidadosamente el estado jurídico de las licencias, el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional y las actuaciones administrativas pendientes, específicamente, el estado de cosas de la consulta previa con comunidades.
El debate ideológico
El debate tampoco se limita al ámbito judicial. Durante la campaña presidencial, la discusión volvió a enfrentar dos visiones opuestas sobre el desarrollo energético del país. Mientras José Manuel Restrepo defendió la posibilidad de realizar un “fracking sostenible” con altos estándares ambientales y tecnológicos, diversos expertos ambientales consultados por Infobae sostuvieron que Colombia aún enfrenta limitaciones técnicas, hidrogeológicas y sociales para garantizar ese tipo de explotación sin riesgos significativos.
Uno de los cambios más llamativos del debate provino de la propia Unión Sindical Obrera (USO). Tradicionalmente identificada con la defensa de Ecopetrol, la organización sostuvo recientemente que la empresa solo podrá ser sostenible si fortalece nuevamente su negocio principal, posición que incluye el desarrollo de los yacimientos no convencionales como parte de una estrategia de largo plazo. Esa postura muestra que la discusión ya no enfrenta únicamente al Gobierno con organizaciones ambientalistas, sino que también atraviesa a actores históricamente vinculados con la industria petrolera.
En consecuencia, la pregunta dejó de ser exclusivamente si Colombia debe o no hacer fracking. La verdadera discusión consiste en establecer si el país está preparado para reactivar unos proyectos piloto que permanecieron suspendidos durante varios años y que terminaron en una compleja controversia constitucional.
El caso argentino demuestra que, incluso en un escenario de fuerte polarización política, es posible construir consensos en torno a la seguridad energética. Vaca Muerta se ha consolidado como una política de largo plazo que hoy explica cerca del 69% de la producción de petróleo del país y permitió que Argentina alcanzara en mayo un récord de 903.700 barriles diarios.
La apuesta del gobierno por revivir el fracking e impulsar de nuevo a la industria de los hidrocarburos en Colombia pone en evidencia el afán por encontrar recursos frescos para cerrar la brecha fiscal que deja la administración Petro. El debate sobre el futuro de la actividad en el país va a estar como para alquilar balcón.
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