La corrupción suele percibirse como un problema lejano, asociado a escándalos políticos y grandes desfalcos; sin embargo, sus efectos se sienten todos los días en el bolsillo de los ciudadanos, en la calidad de los servicios públicos y en las oportunidades que pierde el país.
Casi a diario nos sorprendemos cuando las noticias nos muestran casos de corrupción; esto es, el desvío criminal de recursos del Estado para enriquecer, sin mérito e indebidamente, a unos pocos. Lamentablemente, vemos tantos robos de dineros públicos, y tanta impunidad, que pareciera que dicha corrupción ya hiciera parte de nuestra cultura nacional.
Más grave aún es la indolencia y el silencio de la mayoría, que animan a los corruptos a amenazar, a chantajear y a evadirse con millonarios recursos, mientras que los compatriotas, en su gran mayoría, creen que las pérdidas simplemente se solucionan con el dinero del presupuesto general de la Nación, que se piensa erróneamente que es infinito.
Toda corrupción tiene un alto precio social, porque todos (y perdón lo escribo en mayúsculas, TODOS) la terminamos pagando, y sólo cuando la sociedad adquiera conciencia de la necesidad de armarse de valor civil para enfrentarla, será más fácil contenerla, porque sólo así cada escándalo generará más repudio, denuncia y alerta ciudadana al detectar que, literalmente, la corrupción entra a nuestras casas y nos saca dinero de los bolsillos.
El permanente incremento de las tasas de tributación es una de las formas más claras de cómo la corrupción nos roba recursos disimuladamente. Las reformas tributarias, legalmente aprobadas, buscan atender nuevos y mayores requerimientos de funcionamiento del Estado, para lo cual se recurre a la población para recaudar dinero para programas sociales, atención de desastres y pagos de nóminas, entre otros. Pero, también, para tapar los huecos fiscales producidos por la corrupción, y que de no atenderse convergen en deterioro de la calidad de la convivencia y hasta ponen en riesgo nuestra salud, seguridad y la vida misma.
La corrupción va mucho más allá de las conocidas prácticas de sobornos, contratos amañados, evasión tributaria, comisiones o del vulgarmente identificado CVY (Cómo Voy Yo), y tiene formas tristemente sofisticadas de expresarse.
¿Ejemplos? Muchísimos. El terremoto que destroza la vida y las pertenencias de miles de personas, porque un gobierno y contratistas usaron materiales de mala calidad y los cobraron como si fueran de primera; los sobrecostos de un enorme proyecto de inversión social, que debió repetir sus estudios, por negligencia e incapacidad técnica de sus responsables; los pacientes que mueren porque un distribuidor de medicamentos los acapara para obligar a subir el precio; el empleado al que no le alcanza su sueldo, porque un político o intermediario le sustrae un porcentaje del mismo, por haberlo ubicado en el trabajo; el pueblo que se queda sin acueducto, porque vendieron su voto al político que, una vez elegido, se olvida de sus promesas; el criminal que sale de la cárcel porque la justicia se dejó comprar o no obró a tiempo: los niños de colegios públicos que no pueden recibir mejor alimentación porque el presupuesto ha sido depredado; los hogares que son robados por delincuentes comunes que se pasean tranquilamente por cientos de barrios a los que la Policía no puede llegar por falta de personal ante la limitación de recursos económicos de la ciudad o el Estado; o los brillantes profesionales desempleados, porque el trabajo para el que están mejor calificados está ocupado por uno de esos que en Colombia llamamos una “corbata”, un funcionario sin méritos ni conocimiento del tema. Y la lista es ilimitada.
La corrupción, entonces, es, como bien la definió Paul Wolfowitz, ex presidente del Banco Mundial, el impuesto más caro: se cobra en silencio y se paga con nuestra salud, educación y seguridad. ¡Es el impuesto más costoso para los pobres!
En nuestro país, se estima que la corrupción equivale a cerca del 7% del PIB anual, que son aproximadamente lo que equivale a cerca de 25 mil millones de dólares; es decir, cerca de 90 billones de pesos, que es lo que le valdrían unas 6 reformas tributarias, o cientos de miles de viviendas gratis, o gratuidad educativa en todos los niveles, o salud de primer orden para todos, entre otras importantes inversiones sociales.
Denunciar y acabar la corrupción empieza en nosotros. Como ciudadano, yo soy Estado, y con mi voto lo elijo y lo controlo. Mi corrupción (activa o pasiva, con mi silencio) alimenta la corrupción de lo público. Mi combate y denuncia debe ser conocido por los demás, para construir un dique de contención social a favor de todos. No es un sueño. Es posible. Esa es la base de los países con mayores niveles de desarrollo social y que alcanzan el mayor reconocimiento positivo en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), como Dinamarca, Finlandia, Singapur, Nueva Zelanda y Noruega: respeto al otro, a las reglas, tributación, denuncias y sanciones ejemplares. ¡Vale la pena intentarlo! Los resultados justifican la disciplina y el valor civil.
Jaime Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.