El próximo gobierno de Abelardo de la Espriella heredará un sector eléctrico bajo retrasos en infraestructura, tensiones financieras y señales de alerta sobre la seguridad energética del país. Con un nuevo fenómeno de El Niño en camino, la prioridad será acelerar inversiones y recuperar la confianza en una industria clave para el crecimiento económico.
Hoy, el sector eléctrico colombiano exige una reconstrucción profunda por cuenta de las malas decisiones del Gobierno Nacional durante los últimos cuatro años, que estuvieron basadas en una rigidez ideológica y no en los principios técnicos sobre los cuales el sistema ha funcionado de manera exitosa durante más de tres décadas. Aquí el diagnóstico.
Durante el gobierno saliente, se deterioró la institucionalidad del sector eléctrico, y este fue sometido a reformas e intervenciones anti técnicas, que generaron una pérdida de la seguridad energética, así como un estrés financiero sin antecedentes que podría generar una crisis sistémica si no se actúa con celeridad. El sector requiere hoy decisiones, no improvisaciones.
Además, estas mismas decisiones ideológicas, precisamente en un sector que requiere rigor técnico, ahuyentaron la inversión y generaron un atasco en la entrada de nuevos proyectos, por cuenta de demoras injustificadas en materia de licenciamiento social y el aumento de la inseguridad en los territorios, que se exacerbó de manera preocupante. El resultado: empresas retirando inversiones multimillonarias del país y un atraso que ya es evidente en las cifras. Entre 2022 y 2025 ingresó anualmente menos del 20 % de la capacidad esperada y, este año, de los 4.475 MW de generación que debían entrar en operación, solo se han instalado cerca de 331 MW, apenas el 7,4 %. El retraso no se limita a la generación: los proyectos de transmisión acumulan retrasos de hasta 13 años.
Hoy, el problema del sector no es tarifario, ya que las tarifas son tan solo el síntoma visible de un deterioro más profundo, causado por el debilitamiento de los componentes técnicos y económicos de la política pública y la regulación. Prueba de ello es que, entre junio de 2025 y junio de 2026, las tarifas de energía de las 7 principales comercializadoras del país aumentaron en promedio 4,4 %, con incrementos puntuales de hasta el 12 %. Por ello, el desafío que tendrá el nuevo Gobierno de la mano del sector será garantizar que el país cuente con energía suficiente para satisfacer el consumo nacional y no volver a pasar por una situación como la que vivimos ahora.
A todo lo anterior se suma la intervención de la empresa distribuidora Air-e por parte del Gobierno Nacional, realizada sin respaldo fiscal, que generó una acumulación de deudas billonarias de esta empresa con los generadores de energía. Esta situación fue causada, en gran parte, por una decisión del Gobierno que obligó a los generadores a seguir entregándole energía a Air-e aunque no pagara sus obligaciones, acumulando deudas por energía que ya había sido entregada y que los usuarios ya habían consumido. Hoy la deuda de Air-e con los generadores asciende a cerca de 2,3 billones de pesos, concentrada especialmente en las plantas térmicas de generación. Este dinero es necesario para comprar el gas, el carbón y los demás combustibles indispensables para producir la energía que respalda al sistema cuando más se necesita.
En cuanto a la incorporación de más energía renovable al sistema, las victorias son más discursivas que ciertas. La realidad es que los proyectos no han podido empezar a operar por cuenta de cuellos de botella en términos de licenciamiento ambiental, puntos de conexión, consultas previas, conflictividad en las regiones, incertidumbre tributaria, entre otros factores. La energía solar sí ha crecido, pero hoy el país cuenta con apenas 2.239 MW instalados, tan solo el 37% de la meta que se propuso el Gobierno, y se trata además de proyectos que el sistema esperaba tener en operación desde años atrás. La eólica, por su parte, todavía no tiene ni un solo proyecto en operación comercial: solo existen 3 proyectos en fase de pruebas, con una capacidad conjunta de 41 MW, menos del 2 % de lo instalado en solar. Ninguna de las dos tecnologías está creciendo al ritmo que exige el consumo eléctrico del país, ni cuenta con el respaldo de la energía térmica e hidráulica que resulta clave para no perder la seguridad energética de Colombia.
A todo lo anterior se suma la reducción de los incentivos al desarrollo de proyectos hídricos y térmicos, que justamente son las dos tecnologías que han garantizado que tengamos energía eléctrica durante más de 30 años, sin apagones por falta de energía, mientras más de 10 países de la región han tenido apagones nacionales en los últimos tres años. Pero el gobierno insistió en estigmatizar estas dos tecnologías y en tomar decisiones para desincentivar proyectos térmicos e hídricos. El resultado es un déficit creciente entre la energía firme (la que se puede entregar siempre, sin importar las condiciones climáticas) y el consumo de energía eléctrica. Este año el déficit es de -2,3 %, el próximo aumentaría a -4,4 % y para 2030 llegaría a -6,8 %, una trayectoria que nos deja ante un inminente riesgo de desabastecimiento de energía eléctrica.
Y todo esto, en un contexto de alerta por la llegada del Fenómeno de “El Niño”, el cual ya fue declarado y que tiene 95% de probabilidades de consolidarse durante el segundo semestre del 2026, extendiéndose durante buena parte del primer semestre de 2027, según el Ideam. Pese a este desalentador panorama, el gobierno electo de Abelardo de la Espriella tiene la oportunidad de enderezar el rumbo de un sector que urge de reconstrucción institucional, saneamiento financiero y un plan de choque contra el racionamiento. El éxito de esta gestión dependerá de tomar decisiones técnicas y articular esfuerzos con un sector privado plenamente dispuesto a colaborar por el país. Este plan de choque debe basarse en dos acciones inmediatas: el monitoreo continuo de las variables técnicas del sector y la creación de un comité de coyuntura —junto al Ministerio de Minas y Energía, la CREG, el CNO y XM— para mitigar los efectos del próximo Fenómeno de El Niño y garantizar el ingreso de la mayor cantidad posible de energía firme al sistema.
Por Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidente de Acolgen.
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