La televisión pública no debería cambiar de dueño con cada gobierno. El reto de Inravisión es recuperar su carácter plural e independiente y construir un sistema que no vuelva a convertirse en vocero del poder de turno.

Hace dos años escribí en este mismo espacio que la televisión pública es de todos. Esta semana, la decisión del Ministerio TIC de poner fin a la franja informativa y de opinión de Inravisión, con el argumento de desmontar lo que considera un aparato de propaganda y recuperar el carácter “público, plural e independiente” del sistema, obliga a volver sobre aquella afirmación. Esta vez, sin embargo, la pregunta no es de quién es la televisión pública. Eso ya lo sabemos. La pregunta es qué significa que sea pública cuando cambia el gobierno.

Según la administración de Inravisión (anterior RTVC), hasta el 6 de agosto el sistema mantenía una operación informativa de 6:00 a. m. a 10:00 p. m., que representaba aproximadamente el 90 % de los recursos y del personal disponible destinados a actividades periodísticas. La decisión actual supone la rectificación de una política que no nació con el actual gobierno: la creación de RTVC Noticias fue una decisión de la administración Duque, después de la aprobación de la polémica Ley TIC de 2019.

¿Tiene algo de malo que la televisión pública tenga un informativo? Por supuesto que no. El problema aparece cuando el informativo de servicio público se convierte en órgano de propaganda de un gobierno, cualquiera que sea su tendencia política, y desplaza otras funciones esenciales del sistema. Cuando un medio público se convierte en vocero del gobierno de turno, deja de ser público y pasa a ser gubernamental. Lo público se debe al público y debe responder a sus intereses y necesidades. Las políticas, decisiones y actuaciones de los gobiernos también pueden y deben comunicarse, pero eso hace parte de la comunicación institucional, que cuenta con sus propios espacios dentro del sistema de medios públicos.

No basta, sin embargo, con desmontar el sistema informativo para acabar con la propaganda. Ahora comienza otra tarea: vigilar que lo público no vuelva a convertirse en gubernamental. Los medios públicos se financian con nuestros impuestos y el gobierno administra esos recursos temporalmente, pero no puede utilizarlos en beneficio propio para perseguir opositores, buscar votos o llenar la egoteca de sus gobernantes. Durante años, RTVC contó con un modelo que entregaba buena parte de la realización a productoras independientes seleccionadas mediante convocatorias y acompañadas por los equipos del sistema público. Ese modelo permitió producir exitosos contenidos como Los puros criollos, La lleva, Emma Reyes y Cuentitos mágicos, entre muchos otros. Fortalecer ese modelo y buscar nuevas alternativas de participación permitiría recuperar parte del brillo de otros tiempos.

Poco antes de la Ley TIC se presentó un hecho de censura que terminó con la renuncia del gerente de RTVC, Juan Pablo Bieri. En una grabación de una reunión filtrada a la opinión pública, Bieri exigía sacar del aire a Los puros criollos y a su presentador Santiago Rivas, argumentando que “uno no muerde la mano que le da de comer”. La frase contiene una peligrosa confusión entre administrar recursos públicos y ser su propietario.

Si la televisión pública es de todos, ningún gobierno debería sentirse dueño de ella, ni siquiera cuando llega al poder convencido de que viene a rescatarla de la anterior administración. La verdadera prueba para Inravisión no será demostrar que dejó atrás la propaganda del gobierno anterior, sino construir un sistema capaz de resistir la tentación de convertirse en propaganda del siguiente. Porque lo público no se define por quién ocupa temporalmente el poder, sino por su capacidad de servir a los ciudadanos, incluso cuando hacerlo significa incomodar al gobierno de turno.

Por: Jerónimo Rivera-Betancur*
*El autor es director del FIAFest Universidad de La Sabana.

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