El Gobierno necesita presentar una hoja de ruta que haga explícito su compromiso con el ajuste fiscal y permita estabilizar la deuda pública como proporción del PIB.

Ha pasado poco tiempo desde el inicio del nuevo gobierno, pero entre el dolor por los efectos devastadores del terremoto, la respuesta humanitaria, la declaración de emergencia económica y los anuncios sobre la conformación del gabinete, parece que hubieran transcurrido muchas semanas. Por fortuna, el Gobierno llegó con la intención de actuar rápido. Sin embargo, la estrategia con la que esperaba enfrentar los desafíos inmediatos del país ha tenido que ser reescrita sobre la marcha.

A la atención de las víctimas y la reconstrucción de los municipios afectados se suman, a mi juicio, cuatro grandes desafíos económicos. El primero es estabilizar el sistema de salud y comenzar a construir las bases de su sostenibilidad futura. El segundo es garantizar la oferta eléctrica necesaria para hogares y empresas, en medio de las restricciones actuales de oferta de gas y de las presiones adicionales que podría traer el fenómeno de El Niño. El tercero es sembrar las semillas para la reactivación de sectores estratégicos rezagados como petróleo y gas, construcción de vivienda y obras públicas. La vivienda debería ocupar un lugar prioritario, no solo por su capacidad de respuesta rápida y sus encadenamientos productivos, sino por una dimensión adicional: la necesidad de devolverles un hogar a las familias que lo perdieron.

El cuarto desafío, y el más apremiante desde el punto de vista macro, es sentar las bases para unas finanzas públicas sostenibles. El Gobierno necesita presentar una hoja de ruta que haga explícito su compromiso con el ajuste fiscal y permita estabilizar la deuda pública como proporción del PIB.
Para 2026, esto implica definir con claridad la estrategia de cierre fiscal, tanto por el lado del gasto como del financiamiento. Para 2027, supone además presentar el nuevo presupuesto al Congreso y explicar cómo será financiado. La declaración de emergencia económica ofrece instrumentos para reasignar recursos y utilizar fondos disponibles. Estas decisiones deberán quedar reflejadas con transparencia en las nuevas cifras fiscales.

Pero atender lo urgente no puede desplazar lo importante. Los desafíos de mediano plazo deberían concentrarse en promover la inversión privada, aumentar la formalidad y acelerar las ganancias de competitividad y productividad que Colombia necesita para crecer más y, sobre todo, crecer mejor.

Después de un período en el que el consumo público y privado ha desempeñado un papel protagónico, la inversión privada debe convertirse nuevamente en uno de los principales motores de la economía. Para lograrlo se requieren confianza, reglas claras y condiciones que permitan transformar proyectos en capital productivo.

Las cuentas fiscales enfrentan desafíos enormes y no pueden cargar, además, con la responsabilidad de impulsar el crecimiento económico durante los próximos cuatro años. Al Gobierno le corresponde crear las condiciones para que esa tarea vuelva a recaer, en buena medida, sobre la inversión privada.

Por eso, reconstrucción, inversión y disciplina fiscal no son agendas separadas. Una señal creíble de sostenibilidad fiscal contribuirá a reducir las primas de riesgo del país y de sus empresas, mientras que una recuperación de la inversión permitirá que el crecimiento dependa menos del gasto y más de la capacidad productiva. Entre la urgencia de reconstruir y la necesidad de volver a crecer de manera sostenible, esa combinación debería marcar el rumbo económico de los próximos cuatro años.

*La autora es Juana Téllez, economista Jefe para Colombia de BBVA Research

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#NuestraRevista Esta columna se publicó en nuestra edición de la revista Forbes Colombia de septiembre. Si desea recibir esta información de primera mano en nuestra revista física, ingrese a https://forbesdigital.publica.la/library para suscribirse.