Hay una confusión peligrosa en la manera como entendemos la memoria histórica: creer que mostrar algo equivale a celebrarlo y que ocultarlo es una forma de condenarlo. Bajo esa lógica, los episodios incómodos del pasado se convierten en piezas prescindibles y la historia termina dependiendo de quién tiene el poder de contarla, acomodándola a una narrativa particular e intencionada.

La reciente decisión de retirar más de 30 piezas del Museo Nacional de Colombia, relacionadas con movimientos sociales, víctimas de la violencia política y procesos de paz, bajo argumentos como el adoctrinamiento o la apología del terrorismo, vuelve a poner sobre la mesa una discusión que trasciende a cualquier gobierno. Ya lo planteaba en mi columna de 2020, El peligro de intentar reescribir la historia: el pasado no debería convertirse en un territorio que cada administración reorganiza a su conveniencia ni .

No se trata de defender una ideología ni de justificar a quienes han cometido crímenes. Se trata de entender que conocer la historia de un victimario no significa reivindicarlo, así como recordar a las víctimas no exige borrar a quienes las victimizaron. Todas las víctimas merecen reconocimiento, sin distinciones ideológicas, y precisamente por eso necesitamos conocer las dimensiones de la violencia, sus responsables y las circunstancias que la hicieron posible.

Alemania ofrece una lección fundamental. Sus museos y memoriales dedicados al Holocausto no esconden los crímenes del nazismo para proteger la dignidad de sus víctimas. Conservan testimonios, documentos, objetos e imágenes que permiten comprender la maquinaria del exterminio. No lo hacen para glorificar a los perpetradores, sino para documentar sus atrocidades, honrar a quienes las padecieron y evitar que el olvido facilite su repetición.

En Colombia, en cambio, hemos oscilado entre la tentación de esconder episodios incómodos y la de convertirlos en mercancía. La historia de Pablo Escobar y sus secuaces ilustra esa contradicción: mientras algunos han querido borrar sus huellas de la imagen oficial de Medellín, iniciativas privadas han encontrado en el narcotráfico un negocio turístico que puede alimentar mitologías, distorsionar responsabilidades y convertir a los victimarios en protagonistas fascinantes. El problema no es recordar a Escobar, sino permitir que su historia se cuente sin contexto, sin víctimas y sin una mirada crítica.

Aquí aparece otra discusión: el dato no mata el relato, pero el relato tampoco debería matar el dato. Las cifras son indispensables para dimensionar una tragedia, comparar períodos y evaluar responsabilidades. Sin embargo, ningún indicador puede transmitir por sí solo el dolor de una familia que perdió a uno de sus integrantes, el miedo de una sociedad sometida al terror o la dignidad de quienes resistieron. Los números necesitan historias que les devuelvan su dimensión humana; las historias, a su vez, necesitan hechos verificables que impidan su manipulación.

La respuesta no es imponer un relato oficial supuestamente equilibrado, sino garantizar las condiciones para contrastar versiones, examinar evidencias y reconocer las contradicciones. La educación es la clave. Una sociedad educada no necesita que le escondan las ideas incómodas para protegerla del adoctrinamiento. Entre adultos, invocar el adoctrinamiento para justificar la supresión de contenidos puede convertirse en una forma de subestimar la capacidad de las personas para pensar, discutir y decidir.

Es claro que un país no avanza construyendo una versión higienizada de sí mismo, sino reconociendo sus dolores, sus logros y los errores que los hicieron posibles. La historia no tiene que gustarnos para merecer ser conocida y la memoria no se protege borrando el pasado, sino aprendiendo a mirarlo de frente.

*El autor es Jerónimo Rivera Betancur, director del Festival Internacional Audiovisual (FIAFest) de la Universidad de La Sabana.

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